He afirmado que el sistema público de educación superior impuesto en los ochenta es un sistema agotado. Ha funcionado por más de cuarenta años y no ha logrado cumplir con la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación de los(as) mexicanos(as). Específicamente, no ha cumplido con la gratuidad de la enseñanza, ni con la obligatoriedad, introducida para este nivel en la fracción X del artículo tercero constitucional el 15 de mayo de 2019.
La obligatoriedad de la educación superior que compete al Estado está condicionada y restringida a “las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.”
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Como sabemos, en el ciclo escolar 2024-2025 la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla sólo admitió al 34 % de los aspirantes al nivel de licenciatura, ¿esto significa que el compromiso del Estado de proporcionar “medios de acceso” a los(as) jóvenes mexicanos(as) para continuar sus estudios desaparece? ¿qué pasa con las miles de personas restantes?
Ya hemos señalado que el examen de admisión debería llamarse de “exclusión”, pues no porque sea el mismo examen para todas las personas es un examen igualitario. No puede serlo cuando los factores de origen de cada persona, sobre los que no tiene ningún control, son determinantes para alcanzar una genuina oportunidad de estudiar una carrera universitaria.
Llevamos más de cuarenta años presenciando el juego de la autonomía versus aplicación de los recursos. Por una parte, el Estado declara su respeto a la autonomía junto con una serie de reglas para ejercer los recursos, desde las “bolsas etiquetadas” hasta la elaboración “autónoma” de reglamentos sin los cuales no se puede acceder a los bonos o premios que el Estado otorga mediante la siempreviva evaluación del desempeño docente.
Curiosamente, entre todas las restricciones para ejercer el gasto no aparece nada que atempere el crecimiento de las plazas administrativas. No hay plazas académicas de tiempo completo ni de medio tiempo, pero tampoco hay ninguna cortapisa para crear las plazas destinadas a desarrollar las tareas adjetivas y no sustantivas de la universidad.
Su nombre lo dice, son tareas auxiliares de la principal función de la universidad que es la de educar, investigar y difundir la cultura.
Es inexplicable que haya 2121 académicos de tiempo completo y 4248 trabajadores administrativos de tiempo completo: por cada profesor hay dos administrativos. Incluso sumando a los profesores hora clase, 2607, y de medio tiempo 411, lo que da un total de 5139 académicos, la relación es tal que por cada trabajador administrativo, en total 4267, hay únicamente1.2 trabajadores académicos. ¡Casi uno a uno! Estos datos se encuentran en el Proyecto Anual de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 2025 de la BUAP.
Es claro que las universidades autónomas requieren de recursos suficientes para cumplir con sus fines y que los recursos deben destinarse a los dos grandes sectores que las conforman: los estudiantes y los docentes.
Para ampliar la matrícula de la manera más justa posible ya hemos planteado la idea de eliminar el examen de admisión y dictar tantos cursos propedéuticos como licenciaturas ofrece la universidad. Las academias de profesores saben perfectamente qué cuerpo de conocimientos es fundamental para introducir al alumno en el estudio de la disciplina de su interés.
En el caso de los(as) docentes, es imperativo acabar con esta política de contratación de maestros(as) hora clase y retomar la política de profesionalización de la enseñanza, la única vía que garantiza que el maestro(a) tendrá la certeza laboral y la retribución salarial indispensables para lograr el nivel requerido para formar profesionistas capaces y bien preparados.
El compromiso de las y los docentes no se compensa con bonos ni premios sujetos a una “evaluación” de los alumnos. Lo que la universidad autónoma necesita es garantizar a sus estudiantes el valor de su enseñanza que sólo se puede lograr con salarios acordes con el trabajo especializado del académico(a).
Así como el gobierno federal fue incrementando el salario mínimo para devolver en alguna medida el poder adquisitivo a millones de mexicanos(as), así también se debe incrementar el salario de los(as) maestros(as) hora clase. En otras palabras, debe haber incrementos salariales diferenciados.