En los últimos días nos hemos estremecido al saber del lamentable asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido durante un acto público. Este trágico hecho vuelve a evidenciar la crisis de seguridad estructural que enfrenta México, así como la responsabilidad -aunque echen culpas- que tiene el gobierno federal en este contexto.
Manzo había denunciado previamente amenazas de grupos criminales y solicitado mayor protección al gobierno federal y estatal, y advertido que “no quería ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados”, tristemente el “cuidado periférico” que ahora dice la Guardia Nacional le brindaba, fue ineficiente.
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El estado de Michoacán es un foco de violencia persistente: presencia de diferentes grupos criminales principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) entre otros, que disputan el control de territorios, rutas de tráfico, extorsiones a la industria del aguacate y del limón, además de enfrentar un aparato de seguridad estatal que no ha logrado recuperar el control efectivo.
Recordará que hace menos de un mes, lamentablemente la misma suerte corrió Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán; quien denunció extorsiones a los productores de limón por parte de grupos del crimen organizado y el abuso de intermediarios que imponen precios. De Manzo y Bravo, sus voces pusieron en riesgo intereses de grupos criminales y cuestionan su posible vínculo con el gobierno en turno.
Estos no son eventos aislados, son evidencia de que la violencia no es solo un “resultado” de los cárteles, sino que está relacionada con una falla del Estado para proteger a sus gobernados y sus funcionarios, y reglamentar y frenar los espacios de impunidad que favorecen solamente al crimen organizado.
Así es, el gobierno federal debe dejar de echar culpas y asumir que, a través de su estrategia de seguridad, tiene la responsabilidad de anticipar estas amenazas, establecer protocolos específicos para proteger a autoridades locales en posible riesgo y desactivar los focos de violencia estructural (como extorsión, presencia de cárteles, colusión).
Sin embargo, la realidad indica que la simple asignación de elementos de seguridad no es suficiente si no va acompañada de una mejora del entorno social y económico, de un fortalecimiento institucional y de un despliegue de capacidades de inteligencia efectivas.
El gobierno federal y su estrategia de seguridad basada en la inactividad (heredada esa sí, desde el sexenio obradorista), sigue sin generar mecanismos de prevención integral que ataquen la raíz de la violencia, los abrazos los reciben los criminales y los balazos la ciudadanía y aquel que se atreva a alzar la voz.
A pesar de que la información oficial dice que Carlos Manzo contaba con protección, incluyendo catorce elementos de la Guardia Nacional para la protección periférica, los atacantes aprovecharon un evento público para asesinarlo. Esto les guste o no, refleja que la protección fue parcial y reactiva, sin una estrategia que considerara riesgos mayores, itinerarios, inteligencia previa, o la vulnerabilidad del escenario.
Quedando a la luz la incapacidad del gobierno federal en la protección a los funcionarios, Sólo si se trata del senador Noroña es cuando su estrategia parece ser efectiva, pero para el resto del país no alcanza los estándares mínimos para neutralizar amenazas previsibles, especialmente ahora que el funcionario y el agricultor habían alertado sobre su riesgo.
La obligación del Estado mexicano contemplada en sus leyes y tratados, es garantizar la vida y seguridad de las personas bajo su jurisdicción, lo que incluye a los servidores públicos, agricultores y cualquier persona en riesgo.
El hecho de que tantos alcaldes, candidatos y autoridades locales sean asesinados en México -y que muchas de estas agresiones no se esclarezcan plenamente- muestra la debilidad institucional que permite al crimen organizado operar con impunidad, Manzo es el séptimo alcalde asesinado en el país este año y el tercero en Michoacán.
El gobierno federal y los gobiernos locales deben ser humildes y admitir que no, el servicio público no es sólo para llenar plazas y zócalos, que las campañas no son solo para salir electos y gozar de la “simpatía mayoritaria”. Al momento de hacerse servidores públicos tienen la responsabilidad directa de diseñar políticas que busquen el bien común y protejan la vida de todas y todos los mexicanos. Echar culpas ya no sirve de nada. Quiero pensar que conocían el contexto del territorio por el que compitieron y pidieron el voto, ahora es momento de retribuir con resultados al voto ciudadano.
Si bien la seguridad pública en México es un asunto de competencia compartida, el gobierno federal tiene atribuciones constitucionales para coadyuvar en la seguridad de los estados y municipios, para desplegar fuerzas federales, para coordinar la política nacional de seguridad y para promover que las entidades cumplan con estándares mínimos.
De igual manera es responsable de garantizar que cuando ocurren crímenes como el de Manzo, se actúe con transparencia, acceso a la información, investigación eficaz, y sanción contra los responsables. La lamentable cifra de autoridades asesinadas y la repetición de hechos violentos demuestran que este componente estructural de justicia no está funcionando del todo, que el discurso de la “Guerra contra el Narco” caducó.
Los mexicanos exigimos paz y tranquilidad. Ahora deben rendir cuentas de cómo investigan, sancionan y previenen estos crímenes; y deben, además, transparentar resultados ante la sociedad.
Finalmente, reconocer que la responsabilidad del gobierno federal no es sólo asignar culpas, sino generar cambios, aplicar lo que prometieron en campaña, rendir cuentas, y una política de seguridad verdaderamente eficaz.
Ahora bien, en el caso específico de Puebla se debe atender de manera prioritaria las solicitudes de alcaldes que han pedido reforzar la seguridad dado las amenazas que han recibido.
Lo sucedido en el municipio de San Salvador Huixcolotla no es tema menor. Los policías emboscados por un grupo criminal, además de un hecho lamentable son alertas que se deben contemplar antes de que Puebla viva lo que trágicamente vive hoy Michoacán. Si vamos más allá no solo es un caso que está en todos los medios, es necesario reforzar la estrategia de seguridad en el estado antes que la realidad nos alcance.
Desde la LXII Legislatura enviamos nuestro más sincero pésame a las familias y amigos del alcalde Carlos Manzo, de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores, de los policías abatidos de San Salvador Huixcolotla, de y a todas las víctimas de la violencia en nuestro país.
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