Estará de acuerdo conmigo estimada y estimado lector, pero tal parece que en la 4T ya no les duele lo mojado, sino lo tupido, pues en las últimas semanas el escenario político nacional ha comenzado a mostrar señales de desgaste para el gobierno federal y sus aliados, a partir de diversos acontecimientos que han generado dudas molestia y desconfianza entre la ciudadanía.
Uno de ellos, el del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, quien fue señalado por autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica por presuntos vínculos con el narcotráfico y supuesta colaboración con integrantes del Cártel de Sinaloa.
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Curioso es que, aunque Rocha Moya ha rechazado públicamente dichas acusaciones, éstas provienen del mismo país que acusó a García Luna, solo en el caso de Rocha se desestima la acusación y se cuestiona la acusación, cosa que ha provocado una fuerte sacudida política y mediática, esto sin contar que ya dos exsecretarios de Estado se entregaron como testigos del caso en Estados Unidos.
La gravedad del caso ha impactado directamente la narrativa de combate a la corrupción, aunada a la política anterior de abrazos y no balazos hace cuestionarnos seriamente sobre la separación entre el gobierno actual y el crimen organizado. Tal pareciera que fue esta quien durante años impulsó Morena como parte de un pacto. Para muchos ciudadanos el respaldo político mostrado inicialmente hacia Rocha Moya fue interpretado como una señal de protección partidista, generando cuestionamientos sobre la congruencia ética del movimiento gobernante, porque mientras que para la gobernadora de Chihuahua se le acusa de entreguista y se pide un juicio político, para Rocha sólo hay protección.
En redes sociales, medios de comunicación y espacios de análisis político la percepción de que el Gobierno Federal reaccionó con cautela excesiva ante un tema que, en administraciones anteriores, habría sido utilizado como ejemplo de corrupción institucional está creciendo día a día. Esta situación ha alimentado un ambiente de polarización y desconfianza que poco a poco se refleja en encuestas, opiniones públicas y movilizaciones ciudadanas, así es, la misma receta que el oficialismo usó hace años ahora se les revierte.
A este contexto se sumó el fracaso de la movilización convocada por Morena en Chihuahua, donde la asistencia quedó muy por debajo de las expectativas que el partido y sus dirigentes habían promovido, es más, el rechazo se hizo tangible desde la llegada de los dirigentes de aquel partido al aeropuerto.
Aunque los organizadores defendieron el evento y minimizaron las críticas, para diversos observadores políticos la baja participación fue interpretada como una señal de desgaste en la capacidad de convocatoria del movimiento, cosa que no pudo pasar desapercibida ni por comunicadores afines al gobierno, tal es el caso de Viridiana Ríos en su espacio en un medio nacional.
Durante años, Morena logró posicionarse como una fuerza política con amplio respaldo popular y una narrativa de cercanía con “el pueblo”; sin embargo, casos polémicos, problemas de seguridad, cuestionamientos económicos, un sistema de salud “mejor” que el de Dinamarca y el cansancio social frente a la confrontación política diaria y su discurso cada vez más incoherente parecen haber comenzado a modificar el ánimo de una buena parte de la población.
En la Ciudad de México, bastión de la izquierda nacional, también han surgido críticas hacia la administración encabezada por Clara Brugada, pues se siente una desconexión entre las prioridades oficiales y los problemas más urgentes de la capital, como la inseguridad, el transporte, el agua y el deterioro urbano. En redes sociales se ha popularizado la crítica al gobierno capitalino y sus iniciativas simbólicas o de imagen —campañas alrededor del ajolote como símbolo urbano— mientras continúan sin resolverse temas que afectan diariamente a millones de personas y aún más deteriorando el hábitat natural de dicha especie.
Algo similar ha ocurrido en Baja California, donde los apagones eléctricos y los problemas de infraestructura provocaron fuertes críticas ciudadanas. La situación se volvió especialmente polémica y si me permite, un tanto bochornosa cuando autoridades estatales intentaron minimizar el impacto de las fallas eléctricas tratando de diferenciar apagón de interrupciones, pero cuando fue el turno de la gobernadora Marina del Pilar se registró una afectación en la energía eléctrica.
En conjunto, estos acontecimientos han comenzado a construir una narrativa de desgaste político para Morena y aliados y sobre todo el Gobierno Federal. Aunque el partido continúa siendo una de las principales fuerzas políticas del país y mantiene una base importante de apoyo social, también es evidente que existe un crecimiento del descontento ciudadano derivado de temas de seguridad, transparencia, crisis institucionales y percepción de soberbia política.
Parte de la población considera que algunos gobiernos emanados de Morena han perdido capacidad de autocrítica y cercanía con las preocupaciones reales de la ciudadanía, mientras que sus opositores ven en estos casos señales de un posible debilitamiento electoral rumbo a futuros procesos políticos.
Aun así, el debate político en México continúa profundamente polarizado. La exigencia social parece dirigirse cada vez más hacia gobiernos eficaces, abiertos a la crítica y capaces de responder con resultados concretos, más allá de discursos ideológicos o confrontaciones partidistas.
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