La libertad de expresión es uno de los derechos de los que más se habla, pero también uno de los menos comprendidos, tanto en su verdadero significado como en la gravedad de su vulneración. Este derecho está fundamentado en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que establece:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
(ONU, s.f.)
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Si se lee de manera textual, podría pensarse que este derecho no tiene límites. Sin embargo, justamente ahí surge uno de los debates contemporáneos más relevantes. Angela Merkel, quien fuera canciller de Alemania durante más de quince años, advirtió en un discurso ante el parlamento alemán sobre el avance de la extrema derecha y cómo, a través de la narrativa, busca generar odio hacia todo lo que no se considera hegemónico. Su frase fue contundente:
“La libertad de expresión tiene sus límites. Esos límites comienzan cuando se propaga el odio. Empiezan cuando la dignidad de otra persona es violada.”
Desde mi perspectiva, esta afirmación refleja con claridad el límite legítimo que debe existir en torno a la libertad de expresión: no se trata de censura, sino de responsabilidad.
En México —y particularmente en Puebla— este derecho es un termómetro de la salud democrática. Cuando la libertad de expresión es respetada y garantizada, la democracia se fortalece; cuando se persigue o intimida a quien ejerce el periodismo, la democracia se debilita.
Históricamente, los medios de comunicación han sido un punto de inflexión frente al abuso del poder. Basta recordar casos como la “Casa Blanca”, Segalmex, Duarte, los Yunes o el caso de Lydia Cacho. No sabríamos mucho de ellos sin el trabajo valiente del periodismo que investiga y enfrenta al poder.
En Puebla, este tema tiene un peso particular. El exgobernador Mario Marín intentó “poner en su lugar” a una periodista y escritora valiente como Lydia Cacho por denunciar la pederastia de hombres influyentes en lo político y económico, torturándola con la complicidad de las instituciones del Estado. Años después, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, la llamada “Ley Bala” cobró la vida de un menor durante una manifestación, hecho que fue documentado y difundido por los medios de comunicación.
Hoy, nuevamente, se observa un escenario preocupante. El medio e-consulta, que me ha brindado la oportunidad de publicar mis análisis, está siendo hostigado por difundir información sobre funcionarios públicos presuntamente involucrados en la difusión de los logros del gobierno estatal. Este tipo de estrategias no son nuevas; todos los gobiernos, sin importar el color, han buscado controlar la narrativa pública. La diferencia es que esta vez los descubrieron y los exhibieron.
Iniciar una guerra contra un medio de comunicación por hacer su trabajo no fortalece al gobierno, lo debilita. Si el gobernador no ha ordenado estas acciones, debería atender el tema con firmeza, porque las actuaciones de sus funcionarios dañan su imagen. A su administración le restan más de cinco años, y convivir con la prensa —local y nacional— será indispensable.
El periodismo cumple una labor esencial: visibilizar lo que el poder intenta ocultar. Ojalá se rectifique el rumbo, porque después de un sexenio como el pasado, todas y todos queremos que a este le vaya bien. Estoy convencida de que para lograrlo, la libertad de expresión debe ser respetada y defendida como lo que es: una condición indispensable para la democracia.
Referencia :
Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas.
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