Aunque los problemas económicos actuales son globales y prácticamente todos los países enfrentan crisis, eso no exime ni reduce la responsabilidad de la Presidenta sobre lo que ocurre en México.
El mundo cambió drásticamente a partir de la pandemia de COVID-19. La caída en la producción global, el colapso de las cadenas de suministro y el cierre de economías generaron presiones inflacionarias que los países no han logrado contener del todo. A esto se sumaron políticas fiscales y monetarias expansivas, es decir, la inyección masiva de dinero por parte de los gobiernos, que, si bien evitaron una recesión más profunda, también alimentaron la inflación.
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Cuando el mundo comenzaba a estabilizarse, la guerra entre Rusia y Ucrania detonó una crisis energética global. Este conflicto evidenció un riesgo estructural: la dependencia energética compromete la seguridad nacional. El impacto no fue exclusivo de Europa; afectó precios de alimentos, transporte y producción a nivel global, confirmando que las economías están profundamente interconectadas.
En ese contexto, los bancos centrales endurecieron su política monetaria. En México, Banco de México elevó las tasas de interés para encarecer el crédito y contener la inflación. Lo mismo hizo la Reserva Federal de Estados Unidos en Estados Unidos. El resultado fue inédito para muchas generaciones: instrumentos como Cetes y SOFIPOS ofreciendo rendimientos cercanos o superiores al 11%.
Sin embargo, esta estrategia tiene un costo. Sin crédito no hay consumo, y sin consumo no hay crecimiento. La economía entra en una paradoja: subir tasas controla la inflación, pero frena la actividad económica. Bajarlas impulsa el crecimiento, pero arriesga un repunte inflacionario. Es un equilibrio delicado.
México, además, enfrenta factores internos que agravan el escenario: bajo crecimiento estructural y percepciones de riesgo vinculadas a la seguridad. Aun así, el entorno internacional sigue pesando. Eventos recientes en Medio Oriente han obligado incluso a la Reserva Federal a ajustar sus expectativas para 2026, reflejando la fragilidad del contexto global.
El mercado, por naturaleza, presiona por tasas más bajas para incentivar la inversión en activos de mayor riesgo. Pero los bancos centrales deben de priorizar la estabilidad de precios. Esa tensión explica la volatilidad financiera reciente.
Ahora bien, aunque buena parte de la inflación tiene origen externo, la población no vive en términos macroeconómicos. Vive en el mercado, en el transporte, en el precio de los alimentos. Para millones de personas, el problema no es si la inflación es importada o interna, sino si alcanza para comer.
Ahí está el verdadero dilema del gobierno mexicano. Necesita crecer con urgencia, pero no puede relajar la política monetaria sin riesgos. En este contexto, la única vía viable es fortalecer la confianza: atraer inversión, reducir riesgos y generar condiciones internas más estables.
México no es el único país en esta situación, pero eso no reduce la presión social. Porque cuando el costo de vida aumenta, la paciencia se agota.
Los desafíos globales explican el contexto, pero no sustituyen la responsabilidad. Hoy, más que nunca, se requieren decisiones pragmáticas. Porque aunque la crisis no sea completamente culpa del gobierno, sí es su responsabilidad enfrentar sus consecuencias.
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