Del reciente escándalo de posible corrupción relacionado con la diputada —hoy conocida como Dato Protegido— y su esposo, también legislador, Sergio Gutiérrez Luna, así como de otros personajes cercanos al poder, o incluso de casos como el de Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, quien hace algunos años presumió un reloj valuado en nueve millones de pesos, cabe señalar que nada de esto resulta novedoso.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, elaborado por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, México se ubicó en la posición 140 de 180 países evaluados. Dentro de los países miembros de la OCDE, nuestro país ocupa el último lugar del grupo de 38 economías, y en el G20 se encuentra en la penúltima posición, solo por encima de Rusia (Transparencia Mexicana, 2024).
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Estos resultados se confirman con datos del INEGI en 2023, donde se expone que 83 por ciento de las personas consideraron que la corrupción en México seguía siendo un problema frecuente o muy frecuente (INEGI, 2023).
Es cierto que no se ha comprobado que los casos de despilfarro económico observados en distintos personajes provengan directamente de actos de corrupción. Sin embargo, en un país donde la corrupción ha sido la regla y el principal medio de movilidad social, resulta legítimo dudar que el dinero de tales gastos provenga únicamente de los ingresos que generan sus salarios.
No obstante, este tema ha sido ampliamente abordado en múltiples columnas. Lo que me interesa destacar hoy es el costo político que enfrentan aquellos personajes que deciden no aceptar los incentivos para formar parte de las posibles redes de corrupción.
El uso de marcas exclusivas de ropa, relojes, automóviles o el acceso a restaurantes y hoteles de lujo no solo representa un símbolo de estatus, sino también una llave de entrada a la élite política y empresarial. Renunciar a ello implica el riesgo de no ser considerado en los espacios donde se negocia el poder, de ser marginado en las redes donde se deciden candidaturas, o incluso de enfrentar discriminación económica.
Aunque parezca trivial, el poder también se construye a través de estos códigos sociales. Un político que logra un solo cargo y nunca más vuelve a figurar será recordado en su familia como “el que lo consiguió”, pero no pasará a la historia dentro de la política nacional. El verdadero temor de los políticos no es perder una elección, sino quedar fuera del círculo de pertenencia que define quién sigue escalando y quién se queda atrás.
Desde el primer día en un cargo, la prioridad de muchos no es necesariamente el buen desempeño de su función, sino qué elementos de esa posición les permitirán garantizar el siguiente puesto. Para ello, necesitan estar cerca de quienes “mecen la cuna”, es decir, las élites partidistas y económicas que deciden, tras bambalinas, el rumbo de las siguientes elecciones. Y en esas mesas de negociación, lo que cuenta es tener recursos, información o capacidad de movilización.
En ese sentido, los incentivos para que la corrupción exista son poderosos, no solo porque el sistema la facilita, sino porque el costo de no pertenecer a la élite política puede ser demasiado alto.
Referencias
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023. https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2023/
Transparencia Mexicana. (2024, 30 de enero). Índice de corrupción confirma el mandato social de enfrentar de raíz la corrupción en México. Transparencia Mexicana.
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