Me parece que hemos visto lo inaudito por no decir un acto de barbarie, aunque la barbarie la hemos normalizado.
Dos mujeres –esto es importante–, además senadoras de la República, –lo que es todavía mucho más importante, o mucho más grave, como se vea–, defendiendo públicamente, esto es, gestionando en los medios de comunicación, una precandidatura, cuya aspirante, por decir lo menos, está “tocada por la sospecha”, o por el “conflicto de intereses”, para decirlo jurídicamente.
Más artículos del autor
Si eso no es suficiente, los periodistas que hacen su trabajo y osan preguntar sobre asuntos de interés público son reconvenidos o amenazados con proceder contra ellos.
Las senadoras y voceras de la candidatura a gobernador de Acción Nacional salen en defensa de un partido político nimio, con una retórica legaloide, pero aliado suyo.
Un partido, hay que decirlo, que no goza de ninguna tradición política ni popular, ni ideológica, ni ética (“Voceros del PAN exigen seguridad”, e-consulta, 18 03 2024). Es, hasta donde recuerdo, un invento de Javier López Zavala y Mario Marín para, en su hora, contrarrestar la candidatura de Rafael Moreno Valle.
Al cabo de los resultados de aquella elección fue devorado de un bocado por el propio panista y puesto a su servicio. Así ha sobrevivido el mentado partido, yendo de un amo a otro, siempre en busca del mejor postor.
Esos postores, al parecer hoy los ha diversificado.
Eso es el PSI. El partido en cuestión. La mayoría de los votantes, y sólo para indicar la brecha que lo separa de la población, no atina a saber el significado de esas siglas, que no sea consultando el Google.
En el fondo es un partido sanguijuela que, elección tras elección, busca a toda costa reunir la votación mínima para no perder el registro y seguir medrando de las prerrogativas.
Cantidades millonarias del erario a las que tienen acceso los partidos políticos, por el sólo hecho de ser partidos, aunque no contribuyen en nada a la mejora de la competencia política.
Porque de eso trata la pluralidad partidista, y a eso están obligados por ley los partidos con registro. Ahora ese partido nimio y sin ideario de nada, ondea las banderas que acechan contra los anhelos de paz y seguridad. Luego entonces, el mal está en los partidos, no en quien los vota.
Por lo demás, eso de que registra “alta competitividad”, y de que es objeto de violencia de género, que aduce la señora Nadia Navarro para defender las aspiraciones a presidente municipal de Guadalupe Martínez, en un territorio cruzado por el crimen y el robo de hidrocarburos, es, por decir lo menos, un recurso de victimización, publicitario, anodino, al que recurre soterradamente para defender lo que razonablemente es indefendible.
La otra senadora en cuestión es Nancy de la Sierra. Sí, sí. Se reconoce que las relaciones de consanguineidad no tienen implicaciones judiciales de ninguna índole. Pero eso es en la formalidad de la ley, tan es así que en el caso nuestro el Congreso se vio obligado a legislar sobre el “conflicto de intereses”. El caso que nos ocupa calza con escuadras en lo que protege la ley.
La semana pasada Eduardo Rivera anduvo por la Sierra Norte, y en acto inusitado para tirios y troyanos, de pronto el candidato del PAN se encontró levantándole el brazo a la familia Valencia, muy quitado de la pena.
En una de esas Lalo ya fue persuadido por sus asesores de seguir la ruta de Rafael Moreno Valle en 2018, y desde ya planear una elección de estado como la de aquel año.
Lo digo porque me parecen muchas coincidencias para tratarse de un simple desliz.
Si en México tuviéramos una legislación electoral e instituciones sólidas para prevenir y combatir la corrupción electoral, tendrían que ser esos órganos los que en este momento estuvieran dictaminando sobre la idoneidad o no de los aspirantes que postulan los partidos políticos a puestos de elección; y no lo de ahora. En términos estrictos falta una institución eficaz, con la suficiente infraestructura, con la atribución de aprobar dicha “idoneidad” o no de los aspirantes a puestos de gobierno.
Pero ya se ve que en los órganos de representación popular no hay representantes de la población, de las personas que en mala hora los votan.
Los partidos son intereses de grupos confabulados para reproducir el modelo de privilegios por encima del interés general, que juran cumplir y hacer cumplir. Al final los partidos conspiran contra los votantes, los que los hacen gobierno.
Es la raíz de nuestra contrahechura de Estado, manifiesto en gobiernos pedestres, que no tienen escrúpulo en conjurarse contra el bien común. Que complotan contra el ciudadano de a pie, el más vulnerable.
Por experiencia bien documentada, se registra que alguien de dentro abre la puerta, y ya adentro, como la humedad, el mal se filtra por todos los rincones de la casa hasta que se vuelve incontrolable. Toman la Dirección de Obras, la Comandancia Municipal y Tesorería. Son los partidos políticos los que desde dentro abren la puerta, ya por el financiamiento por debajo de la mesa, ya por los apuros de crecer electoralmente, ya por el registro del partido, ya por la tentación del dinero fácil, ya por lo que se quiera y mande.
Que los partidos no son esos entes impolutos que nos quieren vender, se percibe en el hecho de que ninguno ha podido remontar la percepción de que las candidaturas se venden y se compran, mediante todo género de eufemismos.
Hace tres lustros entidades como Michoacán, Guerrero, Morelos y Estado de México, en su mayoría a través del PRD, se hallaban en un punto de murmuraciones en los medios de comunicación de aquellas entidades equiparable con lo que ahora se publica en Puebla.
El punto de mayor ignominia de esa confabulación es la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
La omisión es complicidad.
Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente la línea editorial de e-consulta.