El gobierno estatal aún no termina de integrar el expediente técnico del proyecto del Cablebús y ya incrementó su precio en la nada despreciable suma de 213 millones de pesos. Cifra considerable frente a las múltiples necesidades sociales que se manifiestan en la entidad y que no se atienden.
A ese ritmo, y siguiendo el patrón de los llamados proyectos insignia de los gobiernos de Morena, el Cablebús en Puebla podría terminar costando el doble, o incluso el triple, del monto anunciado inicialmente, estimado en palabras del gobernador Alejandro Armenta en 6 mil 700 millones de pesos (los 213 millones corresponderían a un estudio final, no previsto en la estructura general de la obra).
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El apresurado incremento del costo lo descubrió el avezado periodista Rodolfo Ruiz. El gobierno, como era de esperar, lo ha negado recurriendo al galimatías, pero no lo ha desmentido. El señor Parra –en el papel de vocero– ha salido a culpar a un periodista en particular (omite el nombre), lo acusa de difundir noticias falsas; sobre las cuales –dice– otros periodistas las han retomado para dañar la Buena Honra.
El negacionismo es característica de los gobiernos populistas cuando los asalta la razón. López Obrador elevó los “otros datos” al paradigma de Morena. La fórmula deliberada de reconocer que desde el gobierno se miente. Luis García, de Spin-Taller de Comunicación Política, encontró que en seis años de mañaneras el presidente profirió alrededor de cien mil afirmaciones falsas, engañosas o no comprobables. La mentira como base de la acción de gobierno.
No está demás recordar en este punto que el dinero de todos se ejerce a capricho de los gobernantes. Más preciso: no se debe ejercer de ese modo, sino dando cumplimiento a la legislación al respecto. La cual es clara y precisa. Se abusa de ella porque nuestra organización institucional ha devenido en una contrahechura flexible, al servicio del poder, no de la gente.
El artículo 134 de la CPEUM establece con claridad meridiana que los recursos económicos públicos (federales, estatales y municipales) deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
El mismo artículo prohíbe la propaganda personalizada de servidores públicos y exige imparcialidad en la contienda electoral. Si el artículo en mención y las leyes derivadas no son suficientes, Morena en su primer año de gobierno aprobó la Ley de Austeridad Republicana, complementaria de la Federal de Presupuesto y Responsabilidad hacendaria.
La Ley de Austeridad exige eliminar lujos, despilfarros, corrupción, y ordena redirigir recursos a programas sociales y prioritarios bajo principios de honestidad y eficiencia. Sin embargo, esa ley ha resultado ser una coartada.
¿Qué se puede hacer con 213 millones de pesos en zonas pobres, que son la mayoría de Puebla?
Se podrían construir y equipar alrededor de diez clínicas rurales de primer nivel (IMSS-Bienestar o como se llamen ahora). De acuerdo con información tomada de internet, una unidad médica rural tiene un costo de entre 15 y 22 millones de pesos, con equipo de vivienda para el médico y servicios de lo que se denomina telemedicina.
Con 213 millones se podría dotar de servicios de agua potable a unas cuarenta comunidades con población dispersa en los montes. Mediante la perforación de pozos profundos, tanques elevados, red de distribución y colocación de paneles solares para bombeo. Cada unidad oscila entre 5 y 8 millones de pesos por localidad. Se tendría mejoras sustanciales en la reducción de enfermedades grastrointestinales y mejora en la calidad de vida doméstica.
Con esos millones se podría ampliar y dignificar parte de la infraestructura educativa de las sierras. Un aula de concreto bien equipada cuesta entre 1.2 y 1.5 millones de pesos. Rehabilitar una escuela pequeña (3 aulas, baños y plaza cívica) cuesta unos 5 millones de pesos. Pues bien, con 213 millones se pueden intervenir 42 escuelas rurales y se le daría un machetazo en la espina dorsal al rezago educativo y por una vez se reivindicaría espacios dignos para el aprendizaje.
Los sobrecostos: en una nota de e-consulta, fechada el 24 de junio de 2022, bajo la firma de Cristian García, se da cuenta que el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que “hubo un incremento en el costo de la refinería Dos Bocas, el cual aseguró fue de 20 a 30 por ciento, por lo que subió de 8 mil millones de dólares, a 11 o 12 mil millones”.
López Obrador prometió que la obra costaría 8 mil 900 millones de dólares. Sin embargo, muy poco después la señora Rocío Nahle declaró ajustes y que la cifra aumentó a 9 mil 800 millones de dólares. A partir de entonces las cifras se dispararon, con los manidos recursos de los ajustes.
Con reportes a mayo de 2025, a regañadientes se reconoce que la refinería Olmeca en Dos Bocas se incrementó su costo a más del doble, un aumento de alrededor de 162%, al pasar de la estimación inicial de 8 mil millones de dólares a un total de 21 mil millones de dólares. Aun así, dista mucho de ser una refinería que opera en óptimas condiciones.
A esto se llama Austeridad Republicana.