La semana pasada comenté el libro de Roberto Vélez Grajales y Luis Monroy-Gómez-Franco, Por una cancha pareja. Igualdad de oportunidades para lograr un México más justo, editado por Grano de Sal y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Y también tuvimos la oportunidad en La Nocturna, un programa dedicado a discutir temas fundamentalmente universitarios, de comentar con uno de los autores, Luis Monroy, la aplicación del marco teórico de esta propuesta, que apunta a la necesidad de alcanzar la igualdad de oportunidades, en el campo específico de la educación superior, tanto con respecto al examen de admisión que presentan las y los estudiantes para ingresar a la universidad como en relación con el salario percibido por las y los docentes.
La lectura del libro y el diálogo nos llevó a plantear una pregunta en mi opinión relevante, a saber: ¿cómo se justifica la competencia que los autores consideran interna a la evaluación del grado de esfuerzo, único que debe contar, y no el mérito, para alcanzar la recompensa deseada?
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En el texto señalan “si bien en lo individual se mantiene el principio de competencia como mecanismo de asignación de recursos, en lo colectivo el principio de igualdad de oportunidades se sostiene sobre la solidaridad entre los miembros de la comunidad, pues se reconoce la necesidad de garantizar a todos la posibilidad de realizarse como personas en los términos que deseen, sin ser evaluados a partir de factores fuera de su control. De esa forma, consideramos que el principio de igualdad de oportunidades permite un equilibrio benéfico entre los principios de solidaridad y competencia que se traduce en una percepción de justicia.”
Al respecto, creo que estaríamos de acuerdo con varios puntos. Primero, en tanto personas reconocemos en los otros los mismos derechos, los mismos deseos, las mismas emociones, las mismas expectativas, etc. Segundo, reconocemos que cualquier evaluación hecha con base en factores fuera del control del evaluado equivale a una evaluación injusta y desproporcionada. Tercero, reconocemos la agencia de las personas para decidir libremente su autorrealización y desarrollo. Sin embargo, no parece muy plausible fundar la solidaridad de grupo en las condiciones que garanticen el desarrollo de cada persona si ésta tiene que competir contra el resto del conjunto para alcanzar sus objetivos.
Más bien, la solidaridad del grupo surge porque cada miembro desempeña un trabajo similar al del otro y por esta razón se crean vínculos de colaboración, apoyo y coordinación de tareas. Pienso por ejemplo en la labor de las academias de profesores y profesoras: es la labor colectiva del grupo lo que permite definir criterios de evaluación de los alumnos(as), elaborar los programas y planes de estudios, desarrollar investigaciones conjuntas cuando es el caso. Por esta razón el sistema de becas y de bonos resulta tan absurdo, pues el trabajo académico que de suyo es colegiado se pulveriza debido a la competencia que se impone como política pública que lo único que busca es mantener los salarios y prestaciones en su nivel más bajo, haciendo creer que el que obtiene más por la vía de las becas y compensaciones “se lo merece”. Ya los autores de Por una cancha pareja nos han explicado por qué no hay mérito que valga cuando las condiciones de arranque o de origen son disparejas.
En realidad, esas becas y bonos se los merecen todos los que forman esa comunidad, o sea lo que todos se merecen son salarios proporcionales al trabajo especializado que desempeñan y a la labor única de formación de las y los jóvenes, porque no hay manera de eliminar el carácter colegiado de la vida académica. Esto es tan evidente que se ofrece la zanahoria de los cuerpos académicos para simular un trabajo colectivo de entrada roto por la competencia descarnada impuesta por el sistema.
No cabe duda, las políticas públicas de educación superior constituyen un sistema incongruente y contradictorio que sólo ha llevado a las universidades de fracaso en fracaso, pues la falta de inversión pública y, por lo tanto, de la profesionalización en la enseñanza ha conducido a un deterioro cada vez mayor de la calidad de la educación.
Así, aun aceptando que la competencia no sea desigual, esto es, que se arranque de una “cancha pareja”, ésta sólo se justifica porque los recursos son finitos y no porque se considere “justa”. Pero claro, eso en el caso del mecanismo para ingresar a una universidad: el examen por oposición. Si varias personas quieren la misma plaza y cubren los mismos requisitos formales, necesariamente tienen que competir. Pero ya internamente ¿por qué tendrían que competir? Justamente los contratos colectivos de trabajo y los reglamentos relativos establecen las modalidades de la carrera académica y son los logros personales los que permiten escalar y no el “ganarle al otro”.
Y bueno, en el caso del ingreso de los estudiantes a la universidad, no se ve cómo se puede justificar la competencia más que por razones de cupo. Y ahí entra en una franca contradicción el mecanismo del examen de admisión con el derecho universal de acceso a la educación establecido en la Constitución. Aquí ni siquiera es aceptable una competencia no desigual, pues del derecho a la educación gozan todas y todos los mexicanos.
¿No les parece a ustedes de la mayor importancia acabar con estas políticas públicas de educación superior y con el dócil sometimiento de las administraciones universitarias, para establecer un sistema que realmente garantice la igualdad de oportunidades, tanto a estudiantes como a docentes, y propicie el desarrollo del proyecto de vida elegido y la carrera académica iniciada?