El diputado Ignacio Mier se ha puesto a la cabeza de la embestida presidencial en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los nueve ministros que osaron proteger la Constitución y, en consecuencia, declararon inválido la primera parte del llamado Plan B, la reforma electoral del presidente López Obrador, para capturar el control de los procesos electorales.
Mier quiere hacer una consulta nacional para reformar la Constitución y que los ministros sean nombrados por el voto popular de la población, como se nombran los miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo, a nivel nacional o local. El argumento es la voluntad del pueblo. Llama la atención que sea un diputado quien ponga en duda la legitimidad popular delegada en el legislativo para la toma de decisiones. Así anda la credibilidad política nacional.
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Pero la finalidad de fondo es otra: nombrar nuevos ministros cuyos perfiles sean afines al “proyecto de transformación” del Presidente de la República y su partido, y politizar un poder que, prudente y discreto, se ha sabido mantener al margen de la disputa por el poder político. Sin perder la mesura, subió a la presidencia una ministra de carrera, quien ha demostrado lealtad a la Constitución.
Volviendo al tema de la anulación de la primera parte del Plan B. En la sentencia votada por nueve ministros contra dos, se declara que los diputados incurrieron en “graves violaciones al debido proceso legislativo”.
El origen del malestar del Presidente en contra del Poder Judicial tiene que ver más con la incompetencia de sus legisladores y aliados en la Cámara de Diputados que con una eventual perfidia de los ministros, como malamente se busca hacer creer en la propaganda gubernamental. Acusándolos de “defender los privilegios” del INE, no la constitucionalidad democrática.
La anulación de la primera parte del paquete de reformas ha calado hondo en el ánimo del Ejecutivo.
Independientemente del abigarrado lenguaje técnico de los juristas, el ministro ponente Alberto Pérez Dayán, fue muy claro en su proyecto de sentencia.
La gravedad de tales infracciones (de los diputados) en conjunto permite concluir con la invalidez del Decreto cuestionado, “por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”.
Los miembros del Máximo Tribunal Judicial no cuestionaron el contenido de las leyes enviadas por el Ejecutivo, aprobado sobre las rodillas por los diputados del partido Morena y sus aliados.
Los ministros, insisto, no tocaron el contenido de las leyes. Se centraron en el procedimiento, y ese fue el motivo para declarar la invalidez.
Reformar la Corte, como quieren varios legisladores de Morena, entre ellos de modo prominente el diputado Mier, sin el consenso de todas las fuerzas políticas, es acabar con el fundamento legal que sirve para limitar gobierno con tentaciones totalitarias, como ha dado muestras de tenerlas el encabezado por el presidente López Obrador. “No me salgan con que la ley es la ley”.
El INAI, por ejemplo, es muestra clara de cómo los órganos autónomos son llevados a rastras a la picota, ya para quemarlos en leña verde en una mañanera, ya para acabar con ellos de un golpe en la nariz, o ya para someterlos a la lenta pero segura muerte por inanición presupuestal.
Nadie puede ganar más que el Presidente de la República, de acuerdo con una ley cuestionada en la SCJN. Pero en términos de equidad plena, la figura de Presidente no se tasa en base de competencia, eficacia, eficiencia, ni se mide en resultados.
No se exigen habilidades especiales para desempeñar el cargo de Presidente de la República. Como ocurre, en el caso, por ejemplo, de la presidencia del Banco de México o de CONEVAL o INEGI.
El INAI es el garante para hacer público todo lo público y el instrumento que protege la información personal, indispensable en un mundo globalizado. Pero en el cálculo de este gobierno no sólo se trata de algo secundario, sino de impedimento para la concentración del poder.
Por razones que no se acaban de conocer, pero que se sospechan, este gobierno ha resultado muy temeroso de que se transparenten sus acciones. Cuando no las ocultan las esconden. La transparencia es considerada como la quinta esencia de las democracias modernas.
El diputado Mier no apuesta a cautivar a los electores, los supremos mandantes para hacer gobierno por la vía de las elecciones, como es en democracia. Su apuesta es el Presidente de la República, en su condición restaurada de gran elector del partido Morena.
La estrategia de Ignacio Mier es hacerse de las gracias de Presidente y en una de esas consigue que lo nombre candidato a gobernador de Puebla por el partido oficial, Morena. Su estrategia no tiene que ver con la dignidad democrática que suele buscar un buen gobernante.
Eso, de menos, genera sospecha y miedo.
Chayo News
Se llama Víctor Hernández Rodríguez, tiene 22 años y es originario de la comunidad indígena de Xolotla, en el municipio de Pahuatlán, en la Sierra Norte. El pasado 9 de mayo desapareció en Chihuahua, la ciudad a la que fue llevado como peón para trabajar en “la venta de la flor”.
Se trata de las pocas actividades de sobrevivencia a la que dedica la mayoría de la población (hombres y mujeres, niños y grandes) de esa localidad, sumida en la pobreza extrema, y de algunos pueblos vecinos del estado de Hidalgo, de quienes aprendieron el oficio.
El trabajo implica hacer viajes largos a otras entidades y permanecer fuera de tres a cinco semanas, durmiendo y comiendo en condiciones muy precarias, y sin las habilidades para hacerse valer por sí mismos.
Como se entiende, los indígenas son personas en general muy pobres que, en casos de emergencia, como éste, no tienen los recursos económicos ni humanos ni las relaciones para gestionar el paradero de sus familiares desaparecidos. Además, la lengua se traduce en una barrera infranqueable.
En el caso de Víctor, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua emitió la ficha de búsqueda, pero hasta donde he podido averiguar no se ha hecho más. He platicado con la mamá, pero yo no hablo náhuatl ni ella español; la comunicación es muy limitada.
Entiendo que ella salió en su búsqueda, pero no alcanzó a llegar por falta de recursos.
Las autoridades locales, hasta donde entiendo, esperan que los dolientes se presenten en sus oficinas y soliciten su apoyo. Lo que veo difícil que ocurra pues no saben cómo conducirse ante esas eminencias.
El secretario del ayuntamiento de Pahuatlán ya no toma la llamada, sólo dice que está a la espera de que vayan a pedir ayuda y entonces verá si es de su competencia o no.
Le he escrito que se ponga en contacto con la Fiscalía del Estado de Puebla, la que seguramente tiene acuerdos de colaboración con su par de Chihuahua. Pero no me doy a entender.
Ahora que tenemos un secretario de Gobernación, Julio Huerta, que ha ramificado sus tentáculos a prácticamente toda la estructura de gobierno, y hace de los ayuntamientos una oficina de trámite, que sepa de la desaparición de indígenas.
Por la edad y complexión de Víctor, se teme que haya sido levantado por el crimen organizado para trabajos forzados.
Cada día y cada hora que pasen pueden ser fatales.
@ocielmora