Según una nota publicada en el diario La Jornada: “La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, advirtió de riesgos inherentes a la reforma electoral promovida por el gobierno federal y Morena, por lo cual recomendó “cautela” y “un amplio consenso” para impulsarla. En la respuesta a la solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) de una opinión consultiva sobre las diversas iniciativas de reforma, aunque centrada en el proyecto gubernamental, la comisión indicó que todo sistema electoral es perfectible, pero “cambiar un sistema y, sobre todo, una administración electoral que ha funcionado bien, requiere especial cautela.
La comisión, integrada por expertos en Derecho Constitucional, expuso su respuesta el viernes pasado en sesión plenaria en su sede en Estrasburgo, con la presencia del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y, por la parte gubernamental, Cristopher Ballinas, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales de la cancillería, así como el embajador José Alfonso Suárez del Real, representante ante el Consejo de Europa.
Más artículos del autor
El documento de 16 páginas, difundido ayer, subraya que la modificación del modelo electoral requiere “un amplio consenso tras amplias consultas públicas con todas las partes interesadas”. Sostiene que “el nuevo sistema propuesto podría llevar a una sobrerrepresentación de los grandes partidos y a una infrarrepresentación o incluso a la no representación de los partidos políticos más pequeños”.
Estima que con el ánimo de hacer adecuaciones puede haber retrocesos: “Cambiar un sistema que funciona bien en general y que goza de la confianza de los diferentes actores electorales sobre la base de varios ciclos electorales y años de evolución democrática conlleva el riesgo inherente de socavar dicha confiabilidad.”
De inicio sería prudente que el Consejero Presidente del INE informara cuándo el Consejo General del órgano que preside tomó el acuerdo de solicitar la consulta al organismo mencionado, pensando en el impacto que la opinión respectiva podría tener en la discusión de la reforma electoral constitucional. Lo que menciono es imperativo ya que en el seno del CG del INE existen opiniones diversas, así como las hay que se identifican con lo acordado por la Comisión de Venecia, existen en el seno de ese órgano opiniones compatibles con lo formulado en la propuesta de reforma electoral constitucional propuesta por el Ejecutivo de la Nación. Si así hubiese sido, seguramente que a la discusión respectiva se debió invitar a miembros de CG del INE con opiniones representativas del panorama de discusión que implica la reforma que se está analizando, y no lo que se hizo: invitar a un bien informado opositor a la reforma en comento y a representantes del gobierno progresista del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que más bien asistieron para cubrir la formalidad de la discusión; eso explica lo parcial de su opinión, quiero pensar que están mal informados.
Es prudente apuntar lo que un conocedor de la realidad electoral del país podría haber aportado para enriquecer la discusión: se debe tomar en cuenta que los actuales consejeros en su mayoría fueron nombrados por las fracciones parlamentarias de los partidos dominantes hasta antes del 2018, cuyo método consistía en el reparto de los cargos de consejero y de magistrados por medio de cuotas entre los partidos dominantes (5 para el PAN, 4 para el PRI y 2 para el PRD) y que los nuevos consejeros se eligieron por un método que aseguró a los partidos vinculados con los gobiernos anteriores al 2018, los que acordaron un método que les aseguró elegir a sus personajes afines como consejeros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En este caso, lo correcto hubiera sido que se diera una renovación total con la aplicación del nuevo método. No fue así porque ellos orientaron el evento para conservar el predominio de los magistrados y consejeros afines a los gobiernos neoliberales.
La Comisión de Viena sugirió que se pusiesen en la reforma constitucional los requisitos para aspirar a consejero o magistrado, porque en la iniciativa de reforma no se especifica, pero ellos no toman en cuenta que la propuesta de reforma del Ejecutivo de la nación otorga a los Poderes de la Unión elegir a sus 20 propuestas cada uno y, para ello, tendrán que emitir una convocatoria donde estarán los requisitos para aspirar al cargo correspondiente y el procedimiento para su nominación.
En cuanto al comportamiento imparcial de los consejeros del INE y los magistrados del TEPJDF puede ponerse en duda por muchos hechos, pero en aras de la brevedad me limitaré a señalar algunos muy significativos:
Al conocer algunas declaraciones de los integrantes del Consejo General (CG) del INE acerca de que la jornada comicial que se celebraría el primer domingo del mes de julio, me generó curiosidad y fui a consultar la Ley general de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para conocer la reforma que daba sustento a la modificación del día de la jornada electoral. Encontré que en la ley se mantenía, en su artículo 225 de la LGIPE, que señala como el día de la jornada comicial, el primer domingo de junio, es decir el domingo 3 de junio. En esa búsqueda de certeza consulté con algunos amigos y me orientaron que debía haber algún decreto en un transitorio de la normatividad que justificara el cambio mencionado; en el INE solo encontré la reiteración de que la jornada se realizaría el primer domingo de julio, es decir el 1 de julio, pero sin explicación alguna. Supuse que los funcionarios electorales debieron de informar oportunamente del cambio y de las razones del mismo, como una mínima atención hacia los ciudadanos que les dan razón de ser, pero no fue así. Lo que se traduce en ausencia de certeza.
Por fortuna, en las discusiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, resolvió realizar, por única vez, las elecciones el día 1 de julio de acuerdo con el transitorio de febrero del 2014, en donde se establece que las elecciones federales y locales se realizarán el primer domingo de junio del año de que se trate, salvo las que se celebrarán en el 2018. Textualmente el acuerdo de la Asamblea Legislativa dice:
Cuarto. - Por única ocasión, la jornada electoral a celebrarse en el Distrito Federal en 2018, tendrá lugar en el mes de julio de ese año, atento a lo dispuesto por el Transitorio Segundo, fracción II, inciso a) del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. El decreto constitucional en lo que corresponde al tema en comento establece que:
… II. La ley general que regule los procedimientos electorales:
a) La celebración de elecciones federales y locales el primer domingo de junio del año que corresponda, en los términos de esta Constitución, a partir del 2015, salvo aquellas que se verifiquen en 2018, las cuales se llevarán a cabo el primer domingo de julio;
No sé cuál fue la razón de esa salvedad, pero ese es el motivo que generó el cambio de fecha para la jornada comicial. Seguramente en la convocatoria a elecciones que se publicó, como consecuencia del inicio del proceso electoral, se dará cuenta de las fechas de su inicio y en lo que corresponde al día de la jornada electoral. Sería prudente que se fundara y motivara tal modificación para la certeza del hecho y dar cuenta de su pertinencia y legalidad. Se puede afirmar que todo lo que se relaciona con el periodo previo al inicio del proceso electoral se encuentra en orden, aunque, sí se ha permitido cierta erosión al cumplimiento de algunos de los principios rectores de la actividad electoral, especialmente al de certeza y el de la máxima publicidad acerca de los cambios hechos al marco normativo, pero con un poco de comprensión, se pudo lograr que las autoridades competentes corrigieran su conducta inadecuada, sobre todo, en el momento en que se publique la convocatoria de la elección correspondiente.
De manera resumida explicito el motivo de esos cambios: el Congreso de la Unión decretó en un artículo transitorio, publicado el 10 febrero de 2014, el mandato de que las elecciones federales y locales se celebrarían, a partir del 2015, el primer domingo del mes de junio, salvo las que se realicen en el año 2018 que se verificarán en el primer domingo de julio. ¿Qué se podía hacer? El marco legal del proceso electoral fue normado por el transitorio Constitucional más lo aplicable de las leyes vigentes la LEGIPE, LGPP, LGMDI; con base en el acuerdo tomado el 28 de agosto de 2017 por el Consejo General y que después dejó firme el TEPJF. Se formuló y aplicó un reglamento electoral: El reglamento de elecciones elaborado por el INE avalado por el TEPJDF, por tanto, se suplió a la reglamentación que debió elaborar el Poder Legislativo para hacer aplicable el decreto en comento, debió quedar muy claro, que de las leyes vigentes se aplicó lo aplicable, entonces procedía. Para que existiera certeza, debió explicitar lo que se aplicaría cuando las consecuencias del decreto contenido en el transitorio constitucional no fuera compatible con la ley vigente.
El INE y el tribunal fallaron al no estar atentos a lo acordado por el Poder Legislativo y solicitar oportunamente al mismo la elaboración de la ley reglamentaria correspondiente, para hacer aplicable el artículo transitorio constitucional mencionado. En lugar de reconocer su descuido y la omisión del Poder Legislativo, optaron por comportarse como encubridores de sus fallas, ausencia de transparencia y honestidad.
En pleno proceso electoral, pretendiendo ocultar sus descuidos, procedieron a celebrar la primera sesión del CG que dio inicio al proceso electoral; para simular que aplicaban la ley lo celebraron en el mes de septiembre como lo marca la LEGIPE, en lugar de entender que porque el día señalado por el decreto se ubicaba en el 1 julio del 2018, la celebración de la jornada electoral se había pospuesto un mes, en consecuencia el inicio del proceso electoral se debió trasladar a la primera sesión del CG a celebrarse en el mes de octubre de 2017. No se hizo el ajuste, en consecuencia, tal hecho se tradujo que el proceso de selección de los candidatos de cada partido estuviera listo un mes antes del inicio del proceso de registro de candidatos para la elección constitucional, lo que generó que el INE constituido por expertos tuviera que inventar las intercampañas en un periodo de casi treinta días en ya estaban listos los candidatos, pero pese a que se les prohibió hacer campaña durante ese lapso, si hicieron campaña. De hecho, las campañas presidenciales fueron de 120 días y no como establece la ley 90 días. Los consejeros del INE y los magistrados del tribunal otorgaron registros a candidatos independientes para la Presidencia de la República a personajes que en la búsqueda de apoyos necesarios para su registro incurrieron en irregularidades. Falta señalar muchas situaciones de incompetencia de los integrantes de esos órganos y muchas de las irregularidades que denotan parcialidad, pero con eso creo que queda claro que la Comisión de Venecia fue de manera intencional mal informada; también cabe la posibilidad de que, la citada comisión conoce lo mencionado y mucho más, pero su opinión responde al propósito de brindar apoyo a las fuerzas que se aglutinan en torno a la corriente neoliberal a nivel internacional.
Reflexionar acerca de los cambios indispensables en el sistema político electoral requiere se tomen en cuenta varios antecedentes: el primer elemento a considerar es que en el tránsito de IFE a INE sucedieron cambios encausados por los partidos dominantes en ese momento al rectificar el número de consejeros que deben integrar el Consejo General (CG) máxima autoridad del mismo, que pasa de 9 a 11 integrantes. En la iniciativa de reforma político electoral se plantea evitar que los integrantes del CG del INE y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se elijan por cuotas de los partidos, en su lugar se propone que los elijan los ciudadanos mexicanos, de entre las propuestas que los tres Poderes de la Unión sugieran, 20 integrantes por cada poder, significaría una lista de 60 propuestas para cada órgano. Es plausible lo que se propone en la iniciativa, también se plantea que de esas propuestas así integradas se someta a una elección del voto de todos los ciudadanos del país. Solo hago una sugerencia: que, en lugar de la votación general de todos los ciudadanos, para ahorrar tiempo y recursos, sugeriría que en la Cámara de Diputados se procesara la elección de cada órgano para integrar el número de los integrantes del órgano INEC y TEPJF donde debería utilizarse el método de insaculación, separando en la insaculación a los hombres y mujeres, asegurando así la paridad de género. El resultado sería equivalente al otro, quedarían nombrados integrantes de esos órganos que serían idóneos para el cargo.
En cuanto a la situación del financiamiento de los partidos políticos es razonable tomar en cuenta que en el momento que se realiza la reforma del 2007, que se orientó a evitar que las empresas propietarias de los medios mantuvieran el saqueo de las arcas públicas, por la vía de proporcionar de manera monopólica los medios para difundir las campañas políticas de los candidatos, se calculaba absorbían el 80 por ciento de los recursos de los partidos que recibían como prerrogativas. En la reforma se decidió otorgar de manera gratuita los espacios de los medios de comunicación reservados para uso del Estado. El asunto que fue positivo, permitió una mayor equidad entre los distintos partidos; pero de manera sospechosa, sucedió que las prerrogativas en dinero no se ajustaron de acuerdo a la nueva situación, es decir, se debió ajustar las prerrogativas en efectivo a la situación de que sus necesidades publicitarias se cubrían gratuitamente. Por ello es muy justificable pensar en que la reforma electoral proyectada en 2022 debería significar una reducción de los recursos económicos destinados al sostenimiento de las actividades electorales de los partidos políticos; el ajuste significaría simplemente no permitir que el erario sea mermado por los partidos de manera injustificada, a ello debemos sumar como razón adicional el periodo de premura que estamos viviendo en México y en el mundo. Realmente la propuesta respectiva, contenida en el proyecto presentado por el Presidente de la República significará simplemente corregir el abuso que los partidos dominantes en el 2007 cometieron en contra del erario.
En principio el Presidente tiene razón: son demasiados los legisladores que tiene nuestro Poder Legislativo. La Cámara de Diputados en México se integra por 500 diputados y un Senado con 128 senadores, nuestra población es de 126 millones de habitantes. En países de América con un sistema presidencialista y con una notoria mayor población, su Poder Legislativo tiene proporcionalmente un menor número de legisladores.
Es muy pertinente hacer notar que se debe conservar la forma en que se eligen los diputados de mayoría relativa y conservar el criterio de que es pertinente mantener la idea de la representación de los mexicanos en el Poder Legislativo, ello se relaciona estrechamente con nuestro régimen republicano federalista, los 300 diputados de mayoría relativa representan políticamente e ideológicamente a los ciudadanos mexicanos que viven en todo el territorio nacional; pero también es pertinente conservar la presencia en ese órgano de las distintas corrientes de opinión que se organizan a lo largo y ancho de nuestro país, aglutinados en los partidos políticos.
Así que, mi sugerencia es modificar la denominación del sistema de representación proporcional, que no pasa por el escrutinio de los ciudadanos mexicanos y que solamente obedece a mecanismos de definición de los partidos políticos. Insisto en que mi sugerencia es que se mantenga la denominación de diputados de elección de mayoría relativa y que se introduzca en la Constitución la categoría de diputados y senadores de partido, en donde se reglamentaría que se asignaría a los partidos que participen en el proceso electoral para elegir a los integrantes del Poder Legislativo. En el caso de los partidos que alcancen el 3 por ciento o más de la votación nacional efectiva, se les deberá asignar un diputado por partido y cuando se realicen elecciones para el Senado, un senador por partido con los mismos requisitos mencionados. Con lo que sí se aplicará mi sugerencia, al resultado de las pasadas elecciones: la elección del 2018 tendríamos un senado de 103 senadores y una cámara de diputados de aproximadamente 307 diputados. Así, de este modo, para empezar, no existiría la posibilidad de que se diera el problema de la sobre representación en las cámaras de diputados y de senadores para ningún partido. Los criterios para ajustar los órganos de legislativos de las entidades federativas y las instancias de gobierno municipales se tendrían que ajustar respecto a los diputados locales y a los regidores de representación, ello representaría mayor eficiencia en el funcionamiento y un sensible ahorro de recursos económicos.
Con lo que he sugerido se tendría un Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que absorberían menos recursos en sueldos y salarios, además las instalaciones tendrían mayor holgura y los gastos de carácter administrativo y funcional serían más bajos, con eso la nación se ahorraría más 250 millones de pesos anuales. Sería muy importante considerar que el funcionamiento de nuestro Poder Legislativo se daría en mejores condiciones, además de que tendríamos órganos legislativos cuyos componentes serían principalmente los elegidos democráticamente por los mexicanos de todo el país, en sus 300 distritos, y en las entidades federativas para el caso del Senado. Con la aplicación de la sugerencia se tendría que los diputados elegidos serían en el caso del 2021, 307 los elegidos y representarían el 97.7%, el resto lo constituirían los diputados de partido, 2.28% algo equivalente sucedería, en el 2024, cuando se elijan Senadores,
Con lo antes planteado lograríamos un Poder Legislativo más ágil y, por tanto, con un potencial de eficiencia y eficacia notoriamente mayor. Espero que mi reflexión tenga eco, por lo que he resaltado, y se proceda a elaborar la correspondiente iniciativa o se considere en un posible acuerdo parlamentario para realizar la reforma constitucional político-electoral.