Ahora, cuando ya se tienen indicios sólidos del control de la epidemia del Covid-19 en el mundo, los gobiernos correspondientes se están orientando por un proceso acelerado de reactivación de la vida social; en las nuevas circunstancias. Uno de los aspectos de la reactivación es la recuperación del crecimiento económico.
El asunto adquiere una dimensión universal, y el camino ha sido lograr formas para controlar los contagios. En primer lugar, se orientó por el proceso de distanciamiento social y ha sido complementado con la intensa campaña de aplicación de las vacunas; todo ello ha representado un claro avance que aún es insuficiente, pero ha permitido iniciar la acción de recuperación de la activación en todos los órdenes en lo social, económico financiero, y político. A nivel mundial se habla de tomar medidas para enfrentar tendencias a resolver posibles futuras epidemias, las que deben evitarse se conviertan en pandemias. Ello requiere de fortalecer los sistemas de salud y generar, en ese contexto, la posibilidad de combinar la actividad económica para lograr una vida mejorada como la normalidad de los seres humanos, en una clara orientación a superar los efectos de la pandemia generada por el Covid 19.
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Es indudable que la crisis sanitaria generada por la epidemia, impactó de manera severa la dinámica de la sociedad en su conjunto. Seguramente cuando se logre aplacar la amenaza de la pandemia podremos valorar cómo fue el mundo antes de la pandemia y tendremos que reconocer cómo es el universo después de sus efectos. Si lo hacemos de manera cuidadosa, seguramente podremos identificar los rasgos principales de la nueva realidad, los distintos análisis sugieren que se debe considerar lo siguiente:
En primer lugar, es vital la colaboración internacional para articular respuestas de salud pública eficaces que se basen en un consenso científico sólido sobre las causas de la enfermedad y la forma de mitigarla. Antes de la pandemia, los éxitos de la cooperación internacional se centraban en las iniciativas de salud público-privadas, cuyos sellos distintivos eran la transparencia y la rendición de cuentas.
En segundo lugar, el gran confinamiento ha hecho de la tecnología el eje del empleo, el consumo, la oferta, la interacción y la distribución. El uso de la tecnología para abordar la pandemia es generalizado: desde la predicción y la modelización de los brotes, hasta el rastreo de contactos impulsado por la comunidad. De la noche a la mañana, videoconferencias, escritorios remotos y nuevas plataformas sociales han pasado a ser la base del teletrabajo, una tendencia que seguramente persistirá aun después de que se levante el confinamiento. La digitalización de los servicios —tele salud, educación en línea, transferencias monetarias y asistencia de emergencia a los vulnerables— ha sido la base de las respuestas de los países. La necesidad de realizar pagos sin contacto físico está impulsando el uso de medios digitales en lugar de efectivo, y la digitalización de los modelos empresariales y las cadenas de suministro está cambiando las formas del comercio y la distribución. La tecnología podría ser esencial para crear nuevas fuentes de crecimiento, aumentar la productividad y ayudar a trabajadores y empresas en su transición y adaptación a un nuevo mundo.
En el mundo digital poscovid-19 es esencial aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología sin dejar de lado a nadie. La conectividad es condición necesaria para el teletrabajo, pero en Estados Unidos, más de 21 millones de personas no tienen acceso a Internet de banda ancha avanzada. Aproximadamente el 60 por ciento de la población mundial, en su mayoría mujeres de economías de mercados emergentes y en desarrollo, no tiene todavía computadora o acceso a Internet, y el número de mujeres conectadas es inferior al de hombres en 250 millones. Las tecnologías emergentes podrían ser un gran nivelador, pero sin la infraestructura adecuada o una buena gestión, la brecha digital podría intensificarse. Como ocurre en el ámbito de la salud pública.
En tercer lugar, las pandemias, como las amenazas climáticas, constituyen un crudo recordatorio de la importancia de los fenómenos naturales y la necesidad de garantizar la resiliencia a largo plazo. Las medidas relacionadas con el cambio climático y la sostenibilidad adquieren una prioridad renovada, coincidiendo con la aplicación de paquetes de estímulo fiscal para poner en marcha la recuperación económica. Las inversiones en infraestructura resiliente al cambio climático y la transición a un futuro con menos emisiones de carbono pueden impulsar significativamente la creación de empleo y la formación de capital a corto plazo, y a la vez acrecentar la resiliencia económica y ambiental. Estas inversiones podrían incluir la construcción de infraestructuras de energías renovables y carreteras y estructuras más resilientes, la ampliación de la capacidad de la red eléctrica, la modernización de edificios y el desarrollo y la aplicación de tecnologías para descarbonizar las industrias pesadas. La transición a una economía con menos emisiones de carbono es una tarea abrumadora pero imprescindible, y urge para establecer asociaciones innovadoras entre el sector.
El exsecretario federal de seguridad pública, Alfonso Durazo Montaño, hizo la más cruda crítica al gobierno peñista en la tersa etapa de transición posterior a las elecciones: el próximo gobierno recibirá una seguridad en ruinas, de ahí el reto a enfrentar, dijo el sonorense. Añadió: “unos han dicho que México se ha convertido en una tumba; otros aseguran que en una fosa. Así que el reto no será sencillo.” Aun así, advirtiendo que las cosas no se modificarán de la noche a la mañana en esa delicada materia, aseguró que la gente podrá notar cambios en el corto plazo.
Andrés Manuel López Obrador recibió, en realidad, un país en ruinas en muchos rubros importantes. La profundidad y la extensión de la tragedia acumulada, que Peña Nieto agravó particularmente, se fue viendo conforme el equipo de gobierno fue adentrándose en sus funciones y teniendo acceso a documentación y datos reveladores.
Después de cuarenta años de convivir en un pacto social de globalización neoliberal, con reducida regulación gubernamental, el resultado desafortunadamente ha sido el incremento de la pobreza, la acumulación de la riqueza en pocas manos, y, consecuentemente, el aumento de la desigualdad social; lo cual en esas dimensiones no sucede en países como los escandinavos y Nueva Zelanda. Por el contrario, es claramente evidente que esos efectos negativos se maximizan en aquellos países en los que su estado de derecho es débil, vulnerable, y, peor aún, corrupto. Esta situación ha generado un malestar social colectivo en muchas sociedades, que se ha visto expresado en diversos procesos electorales recientes, incluido el nuestro, con el triunfo sin precedentes y aplastante de López Obrador y Morena.
En esencia, la causa principal de lo anterior es que no se ha creado una cantidad suficiente de empleos bien pagados que beneficien a la mayor parte de la población, originada en el hecho de que el ejercicio a ultranza del modelo económico y social ha provocado que la riqueza creada no se reparta eficazmente y llegue exiguamente a la mayor parte de la población. Ello también debido a que las empresas, por la puesta en práctica de un elemento esencial del modelo neoliberal, reducen su gasto laboral, utilizando el menor número de trabajadores y empleados, con los menores salarios posibles, para lograr ser competitivas y tener costos y gastos equiparables o mejores que sus competidoras. Panorama que se ha agudizado con la incorporación de la tecnología, la robótica, el uso de la inteligencia artificial y la nueva forma de hacer negocios. Todo lo cual acentuará las posibilidades de desempleo y las actividades informales.
Las medidas aplicadas por nuestro presidente progresista como son las pensiones para adultos mayores y personas pobres discapacitadas, así como las becas para el desarrollo educativo de las y los jóvenes, son indudablemente necesarias para impulsar el estado de bienestar social en nuestro país. No serán sin embargo suficientes si no vienen acompañadas con acciones que en forma simultánea impulsen el desarrollo económico del país. Para lo cual es igualmente indispensable contar con nuevas políticas con perspectiva de derechos humanos, particularmente en materia económica, social y medio ambiental, pues ya no se deben seguir separando la política económica y la política social.
En muchos sentidos, las decisiones más controvertidas que ha adoptado la administración de López Obrador pasan por la política energética, lo que incluso está generando diferencias y conflictos entre distintos sectores gubernamentales, sobre todo en el hacendario.
En una entrevista que concedió a El País, en la Convención Bancaria en Acapulco, el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, reconoció que el mayor problema económico del país pasa por Petróleos Mexicanos, con una deuda de 107 mil millones de dólares, que se deberá refinanciar antes de fin de año y que es lo que aumenta la percepción de riesgo de los inversionistas. El plan de negocio va a ser la clave de todo: si no da una visión optimista en el mediano y largo plazo, estaremos en problemas, aseguró Urzúa.
A corto plazo, en mes y medio, dijo Urzúa, habrá que refinanciar entre 6 mil y 7 mil millones de dólares y hay varias vías:
“La primera es acudir al mercado y ver cómo nos va [hace un gesto de incógnita]. La segunda es que nosotros [el Gobierno] le inyectemos capital de alguna forma para solventar, al menos parcialmente, esas necesidades de financiamiento. Y eso es lo que estamos explorando: de ahí que Arturo Herrera, [subsecretario de Hacienda] haya mencionado el fondo de estabilización de ingresos presupuestarios, con casi 300 mil millones de pesos y que está mal diseñado. Contemplamos la posibilidad de que parte de ese dinero, y por una sola ocasión, pueda utilizarse para ayudar a la refinanciación de Pemex”.
De la presente administración, resalta la promesa y el cumplimento de mantener la disciplina fiscal. En materia de finanzas públicas, este gobierno no es populista. Hasta ahora, ha gastado lo que le ingresa. Incluso, en algunos rubros, hasta ha gastado menos. Todo indica, en este sentido, que cumplirá con la meta de tener un superávit fiscal primario equivalente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) durante este año. Cuando la Secretaría de Hacienda presentó la propuesta del Paquete Económico 2020, los primeros números apuntaron a que el gobierno de AMLO seguirá el camino de la disciplina fiscal.
Hacienda reconoce la desaceleración de la actividad económica. El estancamiento lo explica por la situación externa y “factores relacionados al ciclo económico”. Lógicamente, el gobierno minimiza sus decisiones las que han afectado el apetito por invertir en México. Sin embargo, por el tono del documento presentado, tengo la impresión de que quieren darle la vuelta a la narrativa y cambiar la tendencia para lograr el crecimiento económico: “Se estima que el fortalecimiento del mercado interno, la creación de empleos, el repunte del crédito y la inversión en infraestructura pública y privada generen un mayor dinamismo”. A eso hay que sumar “la ratificación del T-MEC y factores internos como la disipación de la incertidumbre ante nuevas políticas gubernamentales y de lograr moderar las presiones inflacionarias”. Interesante lo de la “disipación”. Parecería que el gobierno, o por lo menos Hacienda, ya no quiere dar más sorpresas que afecten a la economía. Lo complejo de la recuperación económica se expresa en algo general que tiene que ver con el hecho de que las medidas de reactivación económica se aplican en un contexto de crisis universal relacionada con el freno a la economía por las medidas diseñadas para superar la pandemia, al mismo tiempo que la situación de aislamiento de la sociedad aceleró el fenómeno de la utilización de las tecnologías de la comunicación para actividades de producción de servicios, financieras y comerciales, una verdadera transformación de la estructura económica del mundo y por tanto del país. Todo ello significa que la reactivación de la oferta macroeconómica y la demanda correspondientes, no se traducen en reactivar lo existente pos pandemia sino tiene que atenderse una transformación importante de las formas de organizar la producción del país para poder armonizar de manera macroeconómica a la oferta y demanda, eso es un asunto que solo se podrá resolver en un plazo más largo y con plan estratégico bien diseñado para lograr los objetivos de la recuperación; mientras tanto, tendremos serios problemas de inflación, mismos que el gobierno progresista de México está atendiendo de manera puntual y efectiva.
Hacienda pronosticó un crecimiento del PIB en 2020 de entre 1.5 y 2.5 por ciento. Es el mismo rango del Banco de México, pero arriba de lo que opinan los especialistas económicos encuestados por el banco central que pusieron el crecimiento del 2020- 21 en 1.4 por ciento.
La promesa de superávit primario es de 0.7% del PIB para 2020, lo cual, de cumplirse, hará realidad la promesa de AMLO de no endeudar más al país. La estimación del gobierno ha proyectado un crecimiento puntual de 2.0% real anual”. Si, por alguna razón, la economía no crece a ese ritmo, se hubiera tenido que recortar el gasto público para cumplir con la meta del superávit fiscal.
En su informe, el presidente López Obrador ha insistido en que importa el crecimiento económico, al que considero como un indicador y oriento a que no debe ser un simple instrumento de medición, es menester que también tome en cuenta la distribución de los recursos, resultado de ese crecimiento.
Para lograr ritmos significativos de inversión pública, fue menester corregir los compromisos generados con la captura del estado por una franja de la iniciativa privada asociada con funcionarios públicos que permitieron el saqueo del erario, como muestra emblemática de lo que estoy mencionando está el pago del principal e intereses del Fobaproa, los compromisos adquiridos por el gobierno del presidente Calderón en los convenios con Iberdrola, los que se concertaron con Etileno XXI. Desmantelar las vías del saqueo está complicándose por la feroz defensa de los beneficiarios de esas acciones, pero también los que desde el sector público en los espacios de la oposición defienden esos intereses. Por eso, el paquete económico de cada año tiene que estar basado en esa premisa, misma que tiene sentido cuando hay recursos para invertir crecer y distribuir. Sin inversión no se puede crecer, y sin crecimiento no se puede distribuir la riqueza, sólo se podría distribuir la pobreza. Por eso mismo el paquete económico mantendrá la disciplina fiscal, pero también continuar el esfuerzo para proveer de mayores recursos, y de ese modo posibilitar crecer y sentar bases para una mejor distribución de la riqueza y de los ingresos superando así lo que nos impide crecer.
El gasto social propuesto es equivalente al 63.6 por ciento del gasto programable para 2020, con un incremento en 2.8 por ciento en términos reales respecto al de 2019. Hay programas de asignación directa que tienen una enorme cantidad de recursos disponibles. Por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro contará con 25,614 millones de pesos, pese a que su funcionamiento ha sido cuestionado, tanto o más que la posibilidad de controlar la eficiente distribución del recurso. El programa de Personas Adultas Mayores distribuirá 126 mil 650 millones de pesos, el de Personas con Discapacidad sumará 11 mil 906 millones de pesos y el de Sembrando Vida tiene una asignación de 25 mil 131 millones de pesos. En el tema de becas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la propuesta considera 30 mil 475 millones de pesos sólo para Educación Básica. Otros 28 mil 995 millones de pesos se destinarán a Educación Media Superior, y 7 mil 776 millones a Jóvenes Escribiendo el Futuro. Otros 987 millones de pesos son propuestos para las Universidades Benito Juárez y 7 mil 280 millones para el programa La Escuela es Nuestra.
Son enormes cantidades de dinero, mucho más de lo que se puede haber ahorrado el gobierno federal con las medidas de austeridad. Por eso mismo, en el paquete 2020 la austeridad aumenta, se reducen los recursos, incluso para proyectos estratégicos del propio gobierno, como Santa Lucía y el Tren Maya, y si bien se ha dicho que no aumentarán los impuestos sí lo hacen los cargos indirectos en muchos rubros, como la venta de alcohol, refrescos, tabaco, en el pago de sistemas en redes y streaming, Uber y transporte similar, en los sistemas de ahorro. Las autoridades hacendarias insistieron en la necesidad de realizar una reforma fiscal que impusiera mayores gravámenes, pero se tuvieron que conformar con una nueva miscelánea que permita aumentar la recaudación en estos y muchos otros ámbitos específicos para no tocar el ISR y el IVA.
Circula una amplia variedad de teorías que sostienen la muerte inminente del sistema neoliberal mundial a raíz de la pandemia de Covid-19. Se postula que, a partir de la crisis actual, los gobiernos y los pueblos se darán cuenta de la necesidad tanto de establecer una mejor relación, más sana y equilibrada, con la naturaleza como de ampliar la inversión pública en sistemas de salud y otros servicios públicos.
Estos puntos de vista constituyen importantes expresiones del optimismo de la voluntad tan valorada por Antonio Gramsci. Sin embargo, también es importante completar estas visiones con un sano pesimismo del intelecto, como señalaba el mismo autor.
Casi todos los gobiernos más bien han buscado la salida fácil de financiar sus estímulos económicos por medio de un aumento en la deuda pública. El problema con ese tipo de acciones populistas es que tienen efectos profundamente negativos a largo plazo, ya que fortalecen la dependencia de los países en los bancos. Estos préstamos deben ser devueltos con intereses, después del fin de la pandemia, so pena de recibir duros castigos por los mercados internacionales y también fuertes presiones pro neoliberales de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
México es una importante excepción al respecto. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está financiando sus importantes estímulos a la economía, de millones de nuevas becas y créditos a los más necesitados, por medio de un recorte a la burocracia y poniendo fin a la evasión fiscal. Se trata de un asalto final a las prácticas neoliberales tan comunes del pasado de inflar las nóminas
El país se encuentra en una coyuntura “única” para recibir una mayor cantidad de inversiones, hecho que implicaría impulsar las tasas de crecimiento económico. Para lograrlo, es necesario que la administración mande más señales de certidumbre, afirmó BBVA México.
“El país está en una coyuntura muy positiva para poder atraer inversión, porque estamos en una situación donde mucha inversión en el este de Asia se está reduciendo, por el hecho que muchas empresas que atienden a Estados Unidos prefieren tener más cerca la cadena de suministros de insumos. México debería ser un país que pueda capturar en buena medida este cambio estructural en las inversiones”, indicó Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA.
Al presentar el informe Situación México, el especialista reconoció que por el momento la economía mexicana atraviesa un proceso de recuperación tras la parálisis motivada por la pandemia. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se redujo en enero, aunque la inflación subyacente, que excluye de su medición los productos de alta volatilidad de precios como son los energéticos y los agropecuarios, sigue imparable al alza.
Otra vez las proyecciones del mercado quedaron cortas. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación general en México fue de 0.59 por ciento en enero respecto al mes previo, una tasa mensual menor a la de enero de 2020, de 0.86 por ciento, con lo que se ubicó por encima del estimado de consenso de 0.54 por ciento.
Con esto, la inflación general acumulada en 12 meses se ubicó en 7.07 por ciento, luego de que en diciembre alcanzó una tasa interanual de 7.36 por ciento. Pese al descenso, el incremento de precios al consumidor en el primer mes de 2022 fue el mayor comparado con enero desde 2021, cuando aumentó 8.11 por ciento.