El IV Informe del estado que guarda la Nación fue iniciado con la declaración de la desaparición de los 43 normalistas como un crimen de Estado. Por otra parte, se repiten conceptos equívocos fuera de lugar, al anunciar que el Ejecutivo enviará una Iniciativa preferente para anexar la Guardia nacional a las Fuerzas armadas, a fin evitar el “veto de la oposición”:
Por la negativa
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Durante tres días antes y otros tantos después del 1 de septiembre escucharemos por el sistema electrónico y digital promocionales grabados del Presidente de República resaltando los logros alcanzados durante su gestión. Para lograr dimensionar sus beneficios, “elogia a adultos mayores”; destaca los obstáculos superados como el “neoliberalismo”; también crítica a “empresas cerveceras”; elogia la labor de construcción del Ejército que irracionalmente explota el agua para obtener utilidades. Establece un diferendo a favor y en contra.
Antes de examinar aspectos del Informe presidencial se requiere analizar el entorno de propaganda con el fin de ¿difundir o distorsionar?
Primero: Se entiende que se trata de propaganda política y no de la razón y el ser de la Nación, población y territorio ni de la República, sistema de gobierno, tampoco de la administración pública. No corresponde al espíritu del Informe de Gobierno.
Segundo: Predomina una tendencia maniquea entre el bien y el mal; elogia o reprueba sin reconocer que aún seguimos insertos en el neoliberalismo. No depende de nosotros, es un sistema de capitalismo global, aunque ahora sea un neoliberalismo menos corrupto. Los elogios a los adultos mayores se contradicen con la exclusión de Porfirio Muñoz Ledo “por la edad”; acusa a las empresas del abuso de los recursos naturales y no responsabiliza a los gobiernos locales de la entrega desmedida de subsidios y canonjías en rebatinga por atraer industrias a sus provincias.
Tercero: El modelo de debate es predominante derivado de la postura maniquea de confrontación, la formulación de informe carece de condena.
Cuarto: El Informe constitucional ha sido deformado primero y convertido en ritual del “Día del Presidente”, donde se mostraba toda abyección al poder. Posteriormente surgió otro presidencialismo deformado que suprimió la presencia del Presidente en la apertura del Congreso sustituyéndolo con una reunión de la élite política donde se pronuncia un discurso de alabanzas.
Además, a partir de las ventajas y retrocesos del cambio al artículo 69 de la Constitución y 7º de la Ley orgánica con la obligación del presidente de asistir ante el Congreso, al no tratarse de un acto de simple protocolo sino de la más alta expresión simbólica de mostrar la primacía del poder soberano depositado en el Congreso y aceptada por el Jefe de la Nación; popular a la vez, mostrar el diálogo de entendimiento entre los poderes. Ambas manifestaciones se sustituyeron por el sistema de preguntar al Presidente por cada uno de los partidos. Un mecanismo eficaz en otros Congreso mientras aquí carece de toda trascendencia, peso y obligatoriedad.
Incluso, el Presidente ha dejado de asistir en alguna ocasión al Senado a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, una ceremonia de simple protocolo que mostraba la relación armónica dentro de la división de poderes. Se perdió en cierto grado la equidad en dicha relación.
Por la afirmativa
A tres días del IV Informe de Gobierno se percibe que el eje del mensaje gira en torno a la relación con el Poder Judicial, que son: la Guardia Nacional, la prisión preventiva oficiosa, y los tratados internacionales marcados por la subordinación.
La Guardia Nacional sometida a las Fuerzas Armadas; los jueces dependiendo del Ministerio Público, y las Convenciones Internacionales al cuerpo constitucional. El Presidente López Obrador se confronta con un muro de poder de once ministros de una Corte, cuya capacidad de y es exacerbada, ya que en ella cohabitan las facultades de una Corte di Cazasione y otra de facultades constitucionales, lo que en otras latitudes se encuentran separadas para equilibrio de controles y contrapeso. La Corte será el contrafuerte al poder personal del presidente en el último tramo de su Gobierno.
El ambiente en el entorno del IV Informe de López Obrador se repiten conceptos que se encuentran fuera de lugar, tales como anunciar que el Ejecutivo enviará una Iniciativa preferente que busca evitar el “veto de la oposición”:
En primer lugar, dentro del proceso legislativo mexicano, quien ejerce la capacidad de veto es el Presidente y no el Legislativo. La prevención de evitar un bloqueo de la oposición en el Congreso se apoya en la obligación constitucional de los legisladores de desahogar las iniciativas que envíe el Ejecutivo en el transcurso del periodo ordinario en que es presentada. Se adelanta que la oposición votará en contra por lo que tratándose de una reforma constitucional no será aprobada, pero a la vez el boicot del grupo opositor será exhibido y acusado
Una observación final: la reglamentación del Congreso establece que las sesiones de Congreso General sólo se ajustarán a tratar los puntos del orden del día para lo que son convocadas como en el presente caso. El único punto de la reunión legislativa es la apertura del Primer año del Segundo periodo ordinario de sesiones, por lo que la intención de introducir una iniciativa de decreto de reforma constitucional se encuentra fuera de lugar.
Efectos constitucionales
Cabe señalar los indicadores de la capacidad de ejercicio legislativo del Primer legislador de la nación, el Presidente, ha ido mermando con el tiempo, ya que en el viejo presidencialismo, el Congreso aprobaba el 90 por ciento de dichas iniciativas, mientras en la actualidad ha descendido a alrededor del 20 por ciento, he ahí la gran conjetura de una disminución relativa del presidencialismo absoluto a un presidencialismo eclipsado por el pluralismo de partidos y por el de los ministros de la Corte.