Reflexionar acerca de los cambios indispensables en el sistema político electoral requiere se tomen en cuenta varios antecedentes. El primer elemento a considerar es que en el tránsito de IFE a INE sucedieron cambios encausados por los partidos dominantes en ese momento: se rectifica el número de consejeros que deben integrar el consejo general (CG), máxima autoridad del mismo; pasa de 9 a 11 integrantes. En la iniciativa de reforma político electoral se plantea evitar que los integrantes del CG y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se elijan por cuotas de los partidos; en su lugar se propone que los elijan los ciudadanos mexicanos de entre las propuestas que los tres Poderes de la Unión sugieran, 20 integrantes por cada poder, lo que significaría una lista de 60 propuestas para cada órgano. Es plausible lo que se propone en la iniciativa. También se plantea que de esas propuestas así integradas, se someta a una elección del voto de todos los ciudadanos del país. Solo hago una sugerencia: que, en lugar de la votación general de todos los ciudadanos, para ahorrar tiempo y recursos, se realizara en la Cámara de Diputados una elección de cada órgano para integrar el número de los miembros del órgano INEC y TEPJF utilizando el método de insaculación. El resultado sería equivalente al otro, no habría cuotas y quedarían nombrados integrantes de esos órganos que serían idóneos para el cargo.
En la reforma electoral del 2014 se crean los OPLES y se dejan las juntas locales ejecutivas y las distritales ejecutivas del INE para atender las elecciones federales en los distintos Estado de la República. No se consideró la posibilidad real de que con uno solo de los órganos se podían atender las elecciones federales y locales (estatales y municipales). Con ello se duplicó las estructuras electorales que quedaron integradas al INE, a pesar de que funcionando formalmente como OPLES en realidad se conservaron los institutos electorales de cada estado (IEE), a pesar de que esos organismos se constituían con los integrantes de los consejos locales nombrados por el CG del INE. Tal situación mencionada significa que el cambio que se propone se traduce en una medida de eficiencia, resolver la duplicación de instancia dejando a uno de esos organismos, los OPLES o a las juntas locales del INE, la tarea de organizar las elecciones federales en los estados y las locales correspondientes de cada estado. En ello se haría descansar un significativo avance en la eficiencia y como resultado un ahorro muy considerable, pues se haría todo con una sola estructura. En caso de optar por solo mantener los órganos que integran al INE, entonces para conservar el federalismo se tendría que admitir lo que hoy contiene la norma en cuanto que los consejeros integrantes de las juntas locales ejecutivas y las juntas distritales ejecutivas fueran nombrados por el Consejo General del INE, pero que los presidentes de esos órganos fueran designados de entre los integrantes de la junta ejecutiva por los congresos de la entidad federativa correspondiente utilizando el método de insaculación, cuyo resultado deberá ser avalado por el pleno de la Cámara de Diputados correspondiente. Aquí menciono para ilustrar la pertinencia de mi sugerencia, la imponente estructura del INE con la mención adicional de que esos órganos tienen un carácter permanente todo el año.
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ESTRUCTURA DEL INE
Órganos Centrales
Consejo General
Dirigir las actividades, vigilar la oportuna integración y el adecuado funcionamiento de los demás órganos del Instituto.
Junta General Ejecutiva
Propone al Consejo General las políticas y los programas generales del Instituto y fija los procedimientos administrativos.
Presidencia del Consejo General
Garantiza la unidad y cohesión de las actividades de los órganos y establece los vínculos entre el Instituto y las autoridades federales, estatales y municipales.
Secretaría Ejecutiva
Coordinar la Junta General Ejecutiva, conduce la administración y supervisa el desarrollo de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.
Órgano Interno de Control
Diseña los programas de trabajo de las auditorías que realiza al Instituto.
Direcciones Ejecutivas
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Forma y revisa anualmente el Padrón Electoral, expide la credencial para votar con fotografía y mantiene actualizada la cartografía electoral.
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
Genera acciones para garantizar el cumplimiento de los derechos, prerrogativas y obligaciones de los partidos políticos nacionales, las agrupaciones políticas nacionales y las candidaturas independientes.
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Apoya la integración y funcionamiento de los órganos delegacionales del INE, la definición de procesos para la ubicación, funcionamiento y seguimiento de casillas, así como la publicación de resultados electorales.
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Es responsable de conducir la organización y el funcionamiento de los mecanismos y procesos que comprende el Servicio Profesional Electoral Nacional.
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Promueve y sugiere la articulación de políticas nacionales orientadas a la promoción de la cultura político-democrática, la construcción de ciudadanía y el ejercicio del voto.
Juntas Locales Ejecutivas
Órgano permanente de ejecución y soporte técnico de las actividades del Instituto en cada una de las 32 entidades federativas. Su Consejo General está integrado por cinco personas, una de ellas es el vocal ejecutivo.
Juntas Distritales Ejecutivas
Órgano permanente de ejecución y soporte técnico de las actividades del Instituto en cada uno de los 300 distritos electorales. El Consejo General de este órgano está formado por cinco personas una de ella es el vocal ejecutivo.
Seguramente se tendrían que crear las Juntas Municipales Ejecutivas para las que se tendría que elaborar sus normas de integración y funcionamiento.
Respecto a los distritos locales en relación a los federales, se realizaría por la autoridad electoral una redistritación para que en los distritos federales se pudiera realizar al mismo tiempo la elección de los diputados federales, locales y de las autoridades municipales.
En cuanto a la situación del financiamiento de los partidos políticos es razonable tomar en cuenta que en el momento que se realiza la reforma del 2007, que se orientó a evitar que las empresas propietarias de los medios mantuvieran el saqueo de las arcas públicas, por la vía de proporcionar de manera monopólica los medios para difundir las campañas políticas de los candidatos; se calculaba absorbían el 80 por ciento de los recursos de los partidos que recibían como prerrogativas. En la reforma se decidió otorgar de manera gratuita los espacios de los medios comunicación reservados para uso del Estado, para difundir las campañas, asunto que fue positivo y permitió una mayor equidad entre los distintos partidos; pero de manera sospechosa, sucedió que las prerrogativas en dinero no se ajustaron de acuerdo a la nueva situación; es decir, se debió adaptar las prerrogativas en efectivo a la situación de que sus necesidades publicitarias se cubrían gratuitamente. Por ello es muy justificable pensar en que la reforma electoral proyectada en 2022 debería significar una reducción de los recursos económicos destinados al sostenimiento de los partidos políticos, ello sería simplemente no permitir que el erario sea mermado por los partidos de manera injustificada. A ello debemos sumar como razón adicional el periodo de premura que estamos viviendo en México y en el mundo.
Realmente la propuesta respectiva contenida en el proyecto presentado por el Presidente de la República, significará simplemente corregir el abuso que los partidos dominantes en el 2007 cometieron en contra del erario.
La situación del país dicta que debe abordarse la problemática en las mejores condiciones de operación de nuestras instituciones. Es innegable que para poner orden se tiene que realizar cambios que modifiquen la situación que se generó con el secuestro del Estado por parte de las fuerzas que integran los grupos de interés neoliberales, las que lograron conformar un marco jurídico que les garantizó la impunidad en su saqueo de las arcas nacionales y en sus ilegales alianzas. Se blindaron para evitar que sus actos ilícitos consistentes en tolerancia a los actos delictivos de la delincuencia organizada, tales como venta de protección, la recepción de sobornos y hasta la situación de asociación delictuosa con las redes del crimen organizado; procuraron que, aunque se conocieran pudieran seguir impunes.
Desmantelar toda esa estructura es difícil, por lo que aún conservan los grupos del antiguo régimen en el poder que tienen algunas de nuestras instituciones. En ese contexto se encuentra la situación de que al tomar decisiones para cambiar la dinámica de saqueo y de atraco, los beneficiarios de esos actos delictivos se escudan sobre todo en áreas que dominan, algunos espacios del Poder Judicial. En ese rango queda la violación de los consejeros del INE, en lo que corresponde con sus salarios se ampararon y se les concedió el amparo. Cuando se legisló para evitar la continuación del saqueo de nuestro sector energético, el cual siempre nuestro país lo ha considerado estratégico, pues también un juez les concede amparos para que no se apliquen las reformas a ese sector, en lo que corresponde con los hidrocarburos y en lo que corresponde con el sector eléctrico. En ambos casos amparados, en arreglos que ellos hicieron a la Constitución, violentando su propio espíritu. Así que la 4T tiene que ir a fondo para evitar que sigan los del anterior régimen obstaculizando el cambio que beneficia a todos los mexicanos y evitar que sigan saqueando a nuestro país, por parte de los grandes oligarcas y sus acólitos, los gobernantes de corte neoliberal.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ha propuesto como un asunto necesario preparar tres reformas: la del sector energético, lo que corresponde a la Guardia Nacional y la Reforma Electoral.
En este artículo me referiré de manera particular a la Reforma Electoral, así que retomaré lo que al respecto ha expresado el Presidente: “para que de verdad haya independencia, que quienes coordinen los procesos electorales sea gente de inobjetable honestidad, rectos, auténticos demócratas. No es posible que se destinen 20 mil millones de pesos a las elecciones para partidos y para el INE y el tribunal, no está el país para eso, son las elecciones más caras del mundo.
Otra cuestión, ¿para qué tantos diputados?, ¿por qué no nada más se quedan los de mayoría?, ¿por qué no se quitan los 200 plurinominales? Pero eso no sólo en la Cámara de Diputados, también en la de Senadores. Vamos a reformar la ley, la Constitución para que haya democracia plena.”
–¿Con qué elementos se garantizaría la independencia en el INE y en el TEPJF?
–Resulta que fueron los partidos los que nombraron a los consejeros, tres un partido y el resto para otros partidos aliados, simplemente se repartieron los nombramientos por cuotas y así está el INE y el Tribunal Electoral. Se debe garantizar que no estén controlados por el Ejecutivo, por el Presidente, pero tampoco por los grupos de intereses creados. Eso sólo se puede lograr si se impulsa una modificación en la forma de nombrar a los integrantes de los órganos máximos de dirección tanto del INE como del TEPJF. Es prudente disminuir al mismo tiempo el número de sus integrantes. En el caso del primero pasaría de 11 integrantes a 7 y en el tribunal también realizar un ajuste hacia la baja. Respecto a la forma de elegirlos sería muy pertinente que fuesen nombrados por una votación de la ciudadanía, de entre los sugeridos por los tres Poderes de la Unión, o bien que fuesen elegidos por la Cámara de Diputados de entre los que fuesen sugeridos por los tres Poderes de la Unión utilizando el método de insaculación. En cuanto a la optimización de la composición de los órganos electorales locales y municipales, sugiero que sean nombrados por el INE y que de entre los nombrados, el Congreso de la entidad federativa correspondiente nombre a los que fungirán como presidente del órgano local ejecutivo.
Mi sugerencia respecto a lo que tiene que ver con la composición de la Cámara de Diputados y Senadores se sintetiza en mantener los 300 distritos y eliminar a los diputados de plurinominales y mantener los diputados representantes de los distintos agrupamientos ideológico políticos creando la categoría de diputados de partido en los términos que más adelante describo en este artículo.
Respecto a lo que pretende el Ejecutivo de la nación reformar, actualmente presenta una composición del Poder Legislativo federal consistente en lo siguiente:
Constitución General de la República
Sección I
De la Elección e Instalación del Congreso
Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente.
Artículo reformado DOF 29-04-1933, 06-12-1977
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones (sic DOF 15-12-1986) plurinominales.
Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.
Párrafo reformado DOF 29-01-2016
Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.
En principio, el Presidente tiene razón: son demasiados los legisladores que tiene nuestro Poder Legislativo. La Cámara de Diputados en México se integra por 500 diputados y un Senado con 128 senadores; nuestra población es de 126 millones de habitantes. En países de América con un sistema presidencialista y con una notoria mayor población, su poder legislativo tiene proporcionalmente un menor número de legisladores; tal es el caso de Estados Unidos que cuenta con una Cámara de Representantes que sería el equivalente de la Cámara de Diputados de nuestro país, con 435 diputados, a pesar de que tiene una población de 331 millones, y en el Senado sus integrantes son 100 senadores. Otro ejemplo es el de Brasil que tiene una Cámara de Diputados con 513 integrantes, a pesar de que tiene 212 millones de habitantes. La Cámara de Senadores en Brasil cuenta con 81 senadores. Es evidente que con base en esa consideración sería muy prudente un ajuste, ahora que se piensa en modificar la composición de nuestro Poder Legislativo.
Es muy pertinente hacer notar que se debe conservar la forma en que se eligen los diputados de mayoría relativa y conservar el criterio de que es pertinente mantener la idea de la representación de los mexicanos en el Poder Legislativo. Lo anterior se relaciona estrechamente con nuestro régimen republicano federalista. Los trescientos diputados de mayoría relativa representan políticamente e ideológicamente a los ciudadanos mexicanos que viven en todo el territorio nacional; pero también es pertinente conservar la presencia en ese órgano de las distintas corrientes de opinión que se organizan a lo largo y ancho de nuestro país, aglutinados en los partidos políticos. Así que, mi sugerencia es modificar la denominación del sistema de representación proporcional, que no pasa por el escrutinio de los ciudadanos mexicanos y que solamente obedece a mecanismos de definición de los partidos políticos. Insisto en que mi sugerencia es que se mantenga la denominación de diputados de elección de mayoría relativa y que se introduzca en la Constitución la categoría de diputados y senadores de partido, en donde se reglamentaría que se asignaría a los partidos que participen en el proceso electoral para elegir a los integrantes del Poder Legislativo; en el caso de los partidos que alcancen el 3 por ciento o más de la votación nacional efectiva, se les deberá asignar tres diputados por partido y cuando se realice elecciones para el Senado, un senador por partido con los mismos requisitos mencionados.
Con lo que si se aplicará mi sugerencia al resultado de las pasadas elecciones, la elección del 2018 tendríamos un Senado de 103 senadores y una Cámara de Diputados de aproximadamente 321 diputados. Así, de este modo para empezar, no existiría la posibilidad de que se diera el problema de la sobrerrepresentación en las cámaras alta y baja para ningún partido. Los criterios para ajustar los órganos legislativos de las entidades federativas y las instancias de gobierno municipales se tendrían que ajustar también respecto a los diputados locales y a los regidores de representación proporcional o plurinominales. Ello representaría mayor eficiencia en el funcionamiento y un sensible ahorro de recursos económicos.
Con lo que he sugerido se tendría un Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y de Senadores que absorberían menos recursos en sueldos y salarios, además las instalaciones tendrían mayor holgura y los gastos de carácter administrativo y funcional serían más bajos; con eso la nación se ahorraría más 250 millones de pesos anuales. Sería muy importante considerar que el funcionamiento de nuestro Poder Legislativo se daría en mejores condiciones, además de que tendríamos órganos legislativos cuyos componentes serían principalmente los elegidos democráticamente por los mexicanos de todo el país en sus 300 distritos, y en las entidades federativas para el caso del Senado.
Con la aplicación de la sugerencia se tendría que los diputados elegidos serían en el caso del 2021, 321 y representarían el 93.45 por ciento, el resto lo constituirían los diputados de partido con 6.54 por ciento. Algo similar sucedería, en el 2024, cuando se elijan senadores, con la composición del Senado de la República. Lo importante es que con ello tendríamos la representación de los ciudadanos; y la presencia y la representación política de los mexicanos en los debates, deliberaciones y decisiones, al mismo tiempo la presencia de los distintos enfoques acerca de los proyectos de país según los partidos políticos.
En lo que corresponde con las normas para deliberar y tomar las decisiones, la mayoría simple se vincularía a que la mayoría simple se definiría por el 50 por ciento más uno de los diputados presentes en la sesión, que sería en el caso que tomamos como ejemplo, de 162 diputados entre los cuales predominarían los de elección por el sistema de mayoría relativa, al mismo tiempo que aseguramos en las deliberaciones la presencia de los distintos enfoques político e ideológicos existentes en nuestro país. En el caso de la mayoría calificada se presentarían las mismas características en la deliberación y en la toma de decisiones.
Para el caso del Senado, nuestro ejemplo supondría que los senadores hubiesen sido elegidos con lo sugerido, y bajo esa circunstancia tendríamos un Senado con 96 senadores elegidos de acuerdo al principio de mayoría relativa, y los senadores de partido uno por cada instituto político, lo que significaría tener siete senadores adicionales que sumados a los de mayoría relativa, apuntaría a tener un senado con 103 senadores. La mayoría simple se constituiría con 53 senadores y por la composición del Senado se tendría un predominio de los senadores elegidos por los ciudadanos; lo mismo se presentaría para el caso de la mayoría calificada, en las decisiones y deliberaciones estaría presente la voluntad de los mexicanos expresadas en las urnas y en las distintas formas de enfocar los proyectos de país.
Así que la transformación de nuestro Poder Legislativo podría transitar por un rumbo como el que estoy perfilando en mi sugerencia, que se sintetiza en cambiar lo que hoy contiene la Constitución respecto a los diputados y senadores plurinominales, por la categoría de diputados y senadores de partido. Adicionalmente tendríamos la ventaja de lograr en nuestro Poder Legislativo una situación de mayor armonía entre lo que los mexicanos deciden mayoritariamente para su representación y los mecanismos para deliberar y decidir sobre las cuestiones normativas, como para tomar decisiones que están comprendidas entre las facultades reservadas a nuestro Congreso de la Unión.
Con lo antes planteado lograríamos un Poder Legislativo más ágil y por tanto con un potencial de eficiencia y eficacia notoriamente mayor. Espero que mi reflexión tenga eco por lo que he resaltado, y se proceda a elaborar la correspondiente iniciativa o se considere en un posible acuerdo parlamentario para realizar la reforma constitucional político electoral.