A menos de medio año de que los expolicías federales, que aún permanecen en la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, sean dados de baja en forma definitiva de dicha instancia y las funciones de primer respondiente y garante de la cadena de custodia de los hechos delictivos y accidentes que se registren en las carreteras federales del país sean realizadas exclusivamente por personal militar, aparece el primer obstáculo a superar: sólo el 20% de los efectivos militares comisionados a la Guardia Nacional y algunos civiles que han causado alta de manera formal están evaluados y certificados para realizar la función policial.
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¿Qué significa esto para los transportistas y ciudadanos que transitamos con frecuencia a través de las carreteras de jurisdicción federal? Quiere decir que corremos el riesgo de que, si en dichos espacios se registra un delito, lo más seguro es que quienes lleguen en nuestro auxilio sean servidores públicos que no están aprobados en materia de control de confianza y mucho menos certificados para realizar la función policial, por lo que el trabajo que realicen podría quedar invalidado al momento de que el agente del Ministerio Público tome conocimiento del hecho y con mayor razón cuando conozca el caso el juez correspondiente.
No es por alarmar a los queridos lectores, pero para que el personal de nuevo ingreso y los que desde las fuerzas armadas fueron transferidos temporalmente (comisionados vía oficio) estén en condiciones de desempeñar su trabajo conforme a la Guía Nacional de Cadena de Custodia, cuyo objetivo es "garantizar la mismidad y autenticidad de los indicios o elementos materiales probatorios, mediante actividades de control y elaboración de registros, que demuestren la continuidad y trazabilidad de la cadena de custodia, con el fin de incorporarlos como medio de prueba en el proceso penal", aún falta mucho camino por recorrer.
Cabe subrayar que dicha Guía fue aprobada en la IIIVIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública a propuesta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2015.
Otro aspecto de la función policial que requiere la evaluación y aprobación en materia de control de confianza y su capacitación correspondiente, es el referente al trabajo que le toca desempeñar al primer respondiente, en este caso a los integrantes de la GN, independientemente de si está comisionado o no, el cual está contenido en el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente del 2017.
Sin embargo, por la dificultad que representa evaluar en control de confianza y certificar en la función policial a 80 mil efectivos que faltaban hasta noviembre de 2021, más otros 40 mil que el Gobierno Federal se comprometió a incorporar al cierre del mismo año, resulta prácticamente imposible, ya que la prórroga vence el 31 de mayo de 2024.
Lo anterior sin tomar en cuenta el alto número de bajas que anualmente se registran en el Ejército y Armada de México, que en esta ocasión podrían ser motivadas porque varios de los militares comisionados a la GN no quieren ser policías o desempeñar funciones policiales, ya que su futuro y sus mandos están en las fuerzas armadas, además del temor a reprobar y que su carrera en las filas castrenses se vea truncada.
Desde esta perspectiva, lo más seguro es que el sexenio termine sin poder evaluar a todos sus integrantes y como son soldados comisionados mediante oficio a la Guardia Nacional, regresarán a sus cuarteles y como si nada hubiera pasado.
Para no incumplir con este compromiso de carácter técnico lo que las fuerzas armadas quieren es que la GN completa pase a formar parte de la SEDENA y así no tener que salir en 2024 a informar que no se hizo nada al respecto.
Para que se garantice ese "regreso a casa" sin daños a terceros, en los siguientes meses los legisladores de Morena buscarán a toda costa que su iniciativa de ley en la materia sea aprobada en la Cámara de Diputados y si es necesario pactarán con el mismo diablo (literalmente con los de chaleco rojo), lo harán y si no se deja lo aniquilarán; no en balde ya se hicieron de los servicios de los exgobernadores Quirino Ordaz Coppel, Claudia Pavlovich y del mismo Carlos Miguel Aysa González, el mismo que en la época de Vicente Fox se desempeñó como Director de Despliegue Regional en la extinta y no por ello menos defenestrada Agencia Federal de Investigación (AFI).
Sólo estaría pendiente el destino del ya muy pronto exgobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses, que dicho sea de paso fue el primer Comisionado de la extinta Policía Federal Preventiva, antecedente inmediato de la "podrida" Policía Federal.
Es cuestión de hacer un poco de memoria, esa que muchos quisieran borrar porque su pasado también es de color rojo, con todo lo que ello implica.