El pasado 7 de diciembre publiqué en mi perfil de Facebook, mis dudas fundadas de que el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, cumpliera con el exhorto que el Juzgado 24 de lo Civil de la Ciudad de México que ordenó al Poder Judicial de Puebla y a las autoridades de Cholula liberar de inmediato el campus y entregarlo a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y al patronato encabezado por Margarita Jenkins de Landa.
En un comunicado difundido también en las redes sociales de la UDLAP, se informó que ese 7 de diciembre la notificación de la orden judicial se realizó al gobierno de Puebla mediante el exhorto 8926/2021, en el Juzgado de Exhortos del Estado de Puebla, para que se ejecutara a la brevedad. También conocimos que en ese documento que se eliminan las medidas cautelares que permitieron la toma del campus el 29 de junio y que las instalaciones se deben entregar a la rectora interina, Cecilia Anaya Berrios.
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Pues resulta que derivado de este documento judicial y a 163 días de que las instalaciones de esta universidad están bajo el control del gobierno de Puebla, el pasado 9 de diciembre alumnos, maestros y padres de familia marcharon del Centro de Convenciones a las oficinas del Gobernador ubicadas en Casa Aguayo para pedirle el cumplimiento de esa orden judicial. Al llegar a estas oficinas fueron recibidos por la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación y el acuerdo tomado ese día era que el 10 de diciembre se entregaría a la comunidad universitaria su campus.
Decía que al iniciar esta columna que el 7 de diciembre de este 2021, yo señalaba en mi Facebook que esas instalaciones de la UDLAP, el Gobernador de Puebla no las entregaría, y no lo señalé porque tenga cualidades de adivinar el futuro, lo escribí en razón de que a Luis Miguel Barbosa lo conozco de muchos años, y sé que a él no le gusta perder y evidentemente este resolutivo es una derrota para él y sus asesores jurídicos y que no cumpliría con esa instrucción. Barbosa es como Jalisco, nunca pierde y cuando pierde arrebata. Reza un dicho popular.
Ahora bien, ha instrumentado una chicanada (acción retardatoria en un proceso jurídico o legislativo, cuyo objetivo es obstaculizarlo y manipularlo) para no entregar las instalaciones y para no caer en un desacato a una orden judicial, devolvió el expediente al juzgado de origen del Poder Judicial de la Ciudad de México, que como sabemos ese poder es controlado por Alejandro Gertz Manero quien es una parte muy interesada de desposeer a la comunidad académica de la UDLAP de su universidad. Por todo lo anterior hay mucha incertidumbre de la fecha en que la UDLAP regrese a la normalidad.
Los más afectados son los alumnos que no pueden ingresar a su universidad ya que la policía estatal no se los permite, pero más afectado será sin duda el prestigio del Gobernador de Puebla quien faltó a su palabra y a la verdad.