En julio próximo, México, Estados Unidos y Canadá deben decidir si prolongan el tratado comercial por 16 años adicionales o entran en un esquema de revisiones anuales hasta 2036.
En un contexto complejo por las condiciones que ha impuesto el presidente estadounidense a sus dos vecinos y socios comerciales, México y Canadá. Para nuestro país Donald Trump busca una revisión condicionada para que México frene la inversión de China, también exigir mayor contenido regional en la industria automotriz y utilizar la amenaza de aranceles para temas de seguridad fronteriza y política interna mexicana.
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En este último punto es donde el presidente norteamericano quiere a toda costa enjuiciar a políticos mexicanos por supuestamente colaborar con el crimen organizado en el trasiego de sustancias prohibidas a su país.
Como es bien sabido la semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de ese Estado por supuestamente haberse aliado con los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán e intercambiar protección a cambio de ayuda durante el proceso electoral de 2021.
Si Rubén Rocha Moya y funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, se han coludido con el crimen organizado es algo que se definirá en la carpeta de investigación que ha iniciado la Fiscalía General de la República (FGR), aunque según un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York señalan que sí.
Ahora basta ver que acompañaron como pruebas a la solicitud de detención provisional con fines de extradición, que es una medida cautelar urgente, fundamentada en el tratado de extradición de 1978 en su artículo 11. Esta fue recibida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)y se le turno a la FGR. La que señaló que no existen pruebas concluyentes para conjeturar la probable comisión del delito.
Ya han iniciado una investigación y también le ha solicitado a la SRE que haga una petición al Estado solicitante de mayores evidencias para emitir un resolutivo sobre la procedencia de la detención con fines de extradición o judicialización de la carpeta por juzgados federales de nuestro país.
Este asunto se debe volver jurídico, no político y menos económico debido a que de afectar el T-MEC tendría consecuencias fatales para ambas economías, en donde si bien es cierto la afectación mayor sería para México por la dependencia de las exportaciones en el Producto Interno Bruto.
La supeditación de México a las exportaciones hacia Estados Unidos y Canadá es del 88 por ciento de todo lo que se exporta; debido a esta sujeción la negociación del T-MEC nos pone en una situación muy complicada en estos momentos.
También para los Estados Unidos habría consecuencias en las cadenas de producción de sus fábricas, por las interrupciones en las líneas de producción por los productos fabricados en México. También las ventajas del nearshoring (cercanía de cliente-proveedor). Y como resultado a todo esto tendrían inflación.
A nadie le conviene una crisis entre México y los Estados Unidos. Falta ver si los norteamericanos ceden en sus pretensiones, porque el gobierno de México ha señalado que no dejará que se vulnere la soberanía bajo ninguna condición.
El resultado será al tiempo.