Aprecio la gentileza de los editores de e-consulta para publicarme un apresurado texto sobre las indemnizaciones para los afectados por la explosión de San Pablo Xochimehuacan.
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Mil varitos, la cena de plomo
El 31 de octubre lancé la primera alerta en un pequeño artículo, que dice en su punto cuatro lo siguiente: “En las oficinas en las que ‘van a indemnizar’ a quienes perdieron su casa, asegúrense de no vender la lista de los beneficiarios, porque los grupos de la delincuencia organizada van a visitarlos y les exigirán que les entreguen el numerario recibido”.
El 8 de noviembre, dos personas fueron asesinadas y dejaron gravemente heridos a sus hijos, en la colonia Tierra Colorada en el municipio de Hueytlalpan. Habían recibido un dinero en su calidad de damnificados por el huracán Grace.
Los que saben de estos asuntos me comentan que, si bien les fue, el monto del dinero que recibió esa pareja fue de 40 mil pesos. Esa fue la cantidad que les costó la vida. Un botín así no parece muy atractivo, pero en la calle, las cosas son complicadas.
Ya nada me sorprende desde que conocí en Tepito, años ha, a un jovencito que se alquilaba como sicario en el barrio. Me lo presentó una amiga que anda en el ambiente. El chico no pasaba de los veinte años y vestía el “uniforme”: tenis carísimos, pantalón de mezclilla, sudadera con capucha y estaba sentado en su moto.
Le pregunté cuánto cobraba por matar a una persona, que no fuera un objetivo relevante y que no trajera escolta; es decir, ¿cuánto por invitar a cenar a un amigo?
“Mil pesos”, me dijo protegido por sus lentes Ray Ban. “Pero es por adelantado, eh”, -me advirtió. Le di una palmada en el hombro, di las gracias y seguimos caminando por los dominios de Pancho Cayagua, en ese entonces.
Entenderá usted que si hay sicarios que cobran mil pesos por sus servicios, es probable que un botín de 30 o 50 mil pesos sea suficiente para armar una carnicería. Y por familia. Haga cuentas de cuánto será por todos los afectados por la explosión y sabrá a qué me refiero.
¿Cómo funciona el “robo” contra los afectados?
Lo he visto en distintas partes del país y siempre es el mismo método: un funcionario de la dependencia que elabora el padrón de afectados por el siniestro (en este caso, la explosión de San Pablo Xochimehuacan) se asegura de tener la versión más precisa y actualizada, la definitiva, de quiénes recibirán el dinero a manera de indemnización.
Una vez que está completamente seguro de que ésa es la lista definitiva, ese personaje busca los datos que ubiquen el domicilio provisional de cada afectado. Se entiende que no usará el domicilio del INE porque, literalmente esa vivienda voló en pedazos.
Si no hay domicilios en los que se pueda visitar a la víctima, el modelo cambia a identificar la dependencia en la que se entregará el cheque o en todo caso, y el banco en el que se abrirá la correspondiente cuenta para cada quien.
Finalmente, el personaje entrega el documento a su contacto con la delincuencia organizada. Si se trata de un cártel, éste peinará en días adonde se encuentra cada beneficiario. Y después viene la hora de la cobranza, visitando a cada objetivo para exigirle que le entregue el dinero.
Si se trata de una pandilla de alto impacto, será suficiente con que alguien que conozca el barrio, lea la lista para que identifique quiénes son los beneficiarios.
Se entiende que esas visitas no se harán hasta que el contacto mafioso confirme que el numerario ha sido entregado a cada beneficiario.
¿Qué hacer para prevenir el problema?
Pues, la solución comienza por los burócratas que van a manejar esa información. Si ellos forman parte de una red criminal, el asunto se complica. Lo que suelo sugerir es que la lista sea manejada por unos cuántos, servidores públicos de confianza y que se tenga claridad en el sentido que no trabajan para la delincuencia organizada. Siempre sugiero que no se permita el uso de USB cuando se procese la información en las computadoras de la oficina que está haciendo los trámites.
Recomiendo que esas computadoras no deben tener acceso a Internet y no debe permitirse que el personal que tenga acceso a los datos, pueda traer teléfono celular mientras esté trabajando con esos datos.
Por último, los datos definitivos del padrón deberán entregarse a quien va a hacer los pagos o dispersiones, con los mismos criterios que apunté líneas arriba. Si se filtra la información a los criminales y ocurre algo, los investigadores de la Fiscalía estatal sabrán por dónde iniciar su investigación, río arriba, le decimos.
No hay que equivocarse: el mismo autor de “así se llevan los delincuentes” va a decir que “es responsabilidad de los beneficiarios el que se cuiden cuando cobren su apoyo”. No exactamente: la responsabilidad inicia con los burócratas que manejan el padrón de los damnificados y es su obligación preservar intocada la cadena de custodia de esos datos.
Los Zetas arrasaron con el dinero que recibieron familias enteras a consecuencia de la explosión ocurrida en la colonia El Arenal en San Martín Texmelucan, el 19 de diciembre de 2010.
Llegaron fotocopia en mano, casa por casa, preguntando por la persona que había recibido el numerario. No fueron pocos los familiares de los muertos que decidieron entregar el dinero a los delincuentes y dejar San Martín, para siempre.
Aún puede prevenirse otra tragedia: la del expolio delictivo a los beneficiarios de Xochimehuacan. A menos, claro, que la intención sea otra.