Aún, reconociendo que se incursiona en terrenos ideológicos y de valoraciones individuales y de grupo, considero que uno de los privilegios, pero responsabilidad también, de quienes alcanzan el gobierno sobre la base de los votos, es justamente el promover políticas públicas que hagan posible mejorar los niveles de bienestar de la población. Quienes están convocados a diseñar y promover políticas públicas son quienes han accedido legítimamente el control del gobierno.
Cuando se habla de lo público, se hace referencia a la dimensión en donde coexisten y conviven los diferentes sujetos sociales, es el espacio de encuentro de las diversidades que la integran; es el espacio de concreción de lo que llamamos Estado.
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Un factor clave para el éxito de una política pública lo constituye la forma en que se definen las problemáticas por atender. La lógica indica que es la filosofía del Estado, la que orienta su definición; es decir, son las finalidades que asume el Estado, quien las orienta; sin embargo, un requisito insoslayable es que la política pública debe ser definida en el diálogo con la población.
Si lo que se busca y declara es gobernar por políticas, entonces la participación abierta de la ciudadanía en la definición de las problemáticas, es condición fundamental; si lo anterior no está presente, entonces la forma de gobierno podrá ser cualquier otra cosa.
Como se comprende, la educación requiere sus propias políticas, discutir sobre calidad educativa, equidad y gestión de la educación, han sido aspectos recurrentes en los gobiernos recientes; eso sí, con énfasis diferentes dependiendo del partido político en la Presidencia.
Considerando a las políticas públicas como cursos de acción, hay que mencionar, que “el decir y el hacer” de un gobierno, representan campos inmediatos para analizar la actuación de la gestión gubernamental, aún cuando, en la mayoría de las ocasiones éstos no coincidan; en un medio tan politizado como el actual, hay que tomar con cautela, las políticas “políticamente correctas” expuestas en el discurso oficial, ya que pueden o no, concretarse en la acción. Una cosa es declarar la gratuidad de la educación de todos los niveles educativos, para Todos, y otra será el cumplir; una cosa es declarar a la democracia participativa como el marco de acción de gobierno, y otra es que se traduzca al campo de los hechos.
Para el caso de Puebla, a poco más de dos años de la llegada de la nueva administración, debemos ir preparando la valoración de mitad de camino sobre lo realizado en el campo educativo, así como de su impacto real en el bienestar de la población. Tarea tan importante, que debería ser realizada en colaboración interinstitucional, incluyendo organizaciones sociales con la posibilidad de participar; desde luego, también la administración pública en ejercicio de su vocación democrática, debería no solo participar, sino convocar.