Cuando la acción del gobierno progresista se orientó a hacer efectivo el destierro de las actividades de saqueo de las arcas públicas, los beneficiarios de tal práctica pensaron que más bien se trataba de una campaña mediática de reafirmación del nuevo gobierno; los grupos del poder del viejo régimen prudentemente se mantuvieron a la expectativa, el asunto se comenzó a erigir como motivo de preocupación para ellos, cuando el presidente impulsó una consulta con la gente del país para tomar la decisión acerca de continuar o no con el proyecto de construir el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICDMX) en el valle de Texcoco. Alegaron que como esa consulta no se ajustaba a los términos de lo establecido, para tal efecto en la ley simplemente, no tendría carácter vinculatorio. Lo que no consideraron es que así como el gobierno anterior solo los consultó a ellos y tomó la decisión, el nuevo presidente que tiene dentro de sus facultades tomar esas determinaciones consideró relevante el resultado de esa consulta y, por tanto, con ese elemento y elementos técnicos y sociales y políticos modificó la decisión y el Aeropuerto se debió construir en Santa Lucía.
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Ahora ya tiene un considerable avance, y lo que los integrantes del antiguo régimen con intereses muy grandes y salpicados de corrupción es que tomaron la decisión al respecto solo consultando, en total opacidad, a los magnates inversionistas y a sus operadores y sin más, comenzaron a construir el aeropuerto en cuestión en Texcoco. Eso es lo que los grupos dominantes del antiguo régimen intentaron defender de manera mediática y con una intensa campaña legal, movilizando especialmente a grupos ligados a los partidos que dominaron en el pasado.
Lo que realmente quedó claro es que el nuevo gobierno se orientaría por modificar los criterios para tomar decisiones tendientes a resolver los problemas más importantes del país o sentar las bases para su superación. Así se ha avanzado en el frente de las evidentes actividades delictivas de los funcionarios anteriores; por ejemplo el combate al robo de hidrocarburos, al tráfico de drogas, el uso de los recursos públicos por funcionarios, en favor de particulares, la venta de protección a delincuentes, el lavado de dinero, tráfico de influencias y la recepción de sobornos; así como la conducta permisiva para que en los procesos electorales se use recursos de origen dudoso, de los fondos públicos y de lo que los delincuentes proporcionan a los grupos políticos para impulsar sus campañas a cambio de compromisos de tolerar sus actividades ilícitas, etc. Ejemplos de ello sobran, aunque considero que basta con apuntar algunas de ellas para tener en cuenta la importancia de la política de la 4T para combatir la corrupción y desterrar la impunidad. Así que tenemos que:
La historia de Evaristo Cruz Sánchez. Este delincuente apodado El Vaquero, que fue detenido el martes pasado en Salinas Victoria, Nuevo León, está marcada, como la de la mayoría de los jefes del narcotráfico, por la violencia y la crueldad criminal, pero también por la utilización de la política y los políticos, en una marcha de traiciones y golpes recíprocos.
Cuando fue detenido en ese municipio de Nuevo León, estaba a punto de reunirse con un líder del Cártel Jalisco Nueva Generación para discutir el financiamiento de campañas electorales en el centro y norte del país. Junto con él cayó el candidato del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Salinas Victoria, Raúl Cantú de la Garza, que tenía a El Vaquero en su nómina con un salario de poco más de diez mil pesos, asignado como agente de seguridad.
Ahora sabemos que manejaba también candidatos y que estaba interesado en participar, financiando a algunos más, en el centro y norte del país, en los comicios de junio. Deslealtades, traiciones, juegos de poder, elecciones, El Vaquero es un paradigma del desafío que implica el crimen organizado para el Estado mexicano y la sociedad.
En esencia, la disputa en torno a la nueva Ley de la Industria Eléctrica no es entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y menos una batalla por la democracia y el estado de derecho. Pulverizada la oposición política partidista tras las elecciones presidenciales de 2018, menguada en la etapa la subordinación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo a los intereses de la plutocracia, grandes corporaciones privadas del sector energético, con el apoyo de sus aliados de clase y sus intelectuales orgánicos, intentan una suerte de lawfare en su afán por detener el programa reformista de corte nacionalista, popular, neo desarrollista de Andrés Manuel López Obrador y recapturar el Estado para restaurar, a plenitud, el orden neoliberal.
En el último lustro, la lawfare (o guerra jurídica) ha jugado un papel central como mecanismo clave en la manufacturación de consenso (construcción de hegemonía) en favor de los grandes tenedores del capital bajo el disfraz del “libre mercado”, y como herramienta de las guerras asimétricas de recomposición geopolítica impulsadas por Estados Unidos contra varios gobiernos de América Latina. ¿Ejemplos? El encarcelamiento de Lula da Silva como parte de la mega causa conocida como Lava Jato, que fue el marco aparentemente legal mediante el cual se perpetró el golpe de Estado a la expresidenta Dilma Rousseff en Brasil; la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, y el juicio y prisión preventiva para el exvicepresidente Jorge Glas y las causas abiertas.
Ante la decisión de los “impartidores de justicia” en favor del interés de grandes corporaciones privadas mayoritariamente extranjeras, que buscan mantener privilegios obtenidos con la contrarreforma privatizadora de la energía de Enrique Peña y el Pacto por México en 2013 (contratos leoninos vía el influyentismo obtenidos algunos mediante sobornos o cohecho a funcionarios y legisladores, y/o mediante empresas fantasma; permisos de autogeneración de energía conseguidos por medio de fraude a la ley; precios por debajo del mercado; subsidios millonarios a costa del sector público y de los bolsillos de los consumidores), López Obrador advirtió que si el Poder Judicial frena la nueva Ley de la Industria Eléctrica, enviará una iniciativa de reforma a la Constitución para no ser “cómplice del robo y del atraco” de consorcios particulares contra la “hacienda pública” y la “economía popular”.
En junio de 2020, AMLO dijo que litigaría para defender sus políticas energéticas y “los intereses de la nación” ante empresas como las españolas Repsol, OHL (hoy Aleática) e Iberdrola. Agregó que Iberdrola “es un monopolio en México” con una cuota de mercado de 15 por ciento, y criticó que mediante la práctica de la ‘puerta giratoria’ la transnacional incorporara a la exsecretaria de Energía Georgina Kessel y al expresidente Felipe Calderón.
Ahora, según sugirió Miguel Ángel Velázquez en La Jornada, se podría estar ante una “red” oclusiva integrada por el despacho de abogados de Javier Mijangos (encargado del amparo contra la reforma eléctrica), el exministro de la Corte, José Ramón Cossío, el juez Juan Pablo Gómez Fierro (que frenó la ley eléctrica) e Iberdrola, que en nombre de la “libre competencia” encumbra los intereses y la ley de la plutocracia sobre la sociedad. Pero Iberdrola es solo un jugador más. BlackRock, principal fondo de inversión del mundo, es accionista preponderante en Iberdrola, Repsol y Enagás. Ello engarza con que en la “era Obama”, el verdadero objetivo de la contrarreforma de Peña Nieto fue la homologación de las leyes en la materia en función de la seguridad energética y la seguridad nacional de EU. Según reveló ante un subcomité de la Cámara de Representantes el exembajador en México Carlos Pascual, el encadenamiento energético (hidrocarburífico y eléctrico) de América del Norte, Centro y Sudamérica estaba contemplado en el plan denominado Connect America 2022, mediante el cual se pretendía homogeneizar las legislaciones y con ello el libre tránsito de las empresas estadunidenses por todo el hemisferio, como parte de un negocio estimado en 1.4 billones de dólares.
Más allá del ruido mediático de la comentocracia y los intentos de judicializar la reforma eléctrica a la usanza de la lawfare, la recuperación del papel rector del Estado en el diseño y operación de ese sector estratégico es vital para la soberanía energética y la seguridad nacional de México.
La pinza, conforme se cierra, parece atenazar a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Falta probar y judicializar, claro está, los presuntos hechos de corrupción a ellos atribuidos y que se esparcen ahora que su sucesor, AMLO decidió destapar la mítica caja de Pandora.
Pero vayamos por partes, Emilio Lozoya Austin imputó directamente a Peña Nieto y a Luis Videgaray en el caso de los sobornos de Odebrecht. La denuncia de hechos la presentó ayer en la mañana ante la FGR, según informó su titular Alejandro Gertz, quien no descartó que los imputados sean citados a declarar, lo que abre la posibilidad de que por primera vez veamos comparecer en tribunales a un expresidente de la República acusado por hechos de corrupción. En la denuncia Lozoya declara que, por órdenes de Peña y Videgaray, poco más de 100 millones de pesos de los sobornos de Odebrecht se usaron en la campaña presidencial priista de 2012; 120 millones para amarrar consensos con las llamadas reformas estructurales (¿Pacto por México?); 200 millones de pesos para dirigirlos a la Reforma Energética y 84 millones de pesos para compensaciones a legisladores y para el secretario de Finanzas de un partido.
Lozoya adjuntó a la denuncia varios recibos y un video que serán sometidos a pruebas periciales que determinen su autenticidad, así como los nombres de cuatro testigos. Estos y los de los presuntos destinatarios de los sobornos fueron mantenidos en reserva por el fiscal Gertz, quien dijo que se darán a conocer cuando se judicialice el caso si se encuentran las pruebas suficientes.
Los nombres de los destinatarios pueden inferirse de acuerdo con versiones periodísticas. Probablemente serán: el exdiputado panista Ricardo Anaya, entonces presidente de la mesa directiva en San Lázaro; los exsenadores Ernesto Cordero, Salvador Vega, David Penchyna (entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado) y los hoy gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y el exsecretario de Finanzas de un partido. el hoy procesado priista Alejandro Gutiérrez, orquestador de la Operación Zafiro para el financiamiento ilegal en 2015 de campañas del tricolor.
La denuncia de hechos de Lozoya Austin también señala el caso de Etileno XXI, planta cuya concesión fue otorgada a una filial de Odebrecht en el gobierno de Felipe Calderón y renovada en el de Peña Nieto. Su construcción corrió a cuenta de créditos de la banca mexicana de desarrollo y ya en operación, disfrutó del privilegio de obtener de Pemex la materia prima a precios subsidiados, lo que le habría ocasionado un daño patrimonial a la petrolera nacional estimado en tres mil millones de pesos.
Por medio de una carta que leyó en su conferencia de prensa de este lunes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al ministro Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federación, una revisión de las facultades del juez que otorgó suspensiones provisionales para frenar de inmediato la Ley de la Industria Eléctrica.
Sin tomar en cuenta lo que la constitución establece al respecto en el artículo 28 y al margen de lo que se establece en la Ley Federal de Competencia Económica, en sus artículos 6,7 y 8, por no tomar en cuenta lo mencionado, es posible que esté incurriendo en un delito (prevaricato) el citado Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, quien otorgó dichas suspensiones en favor de empresas monopólicas privadas nacionales y extranjeras, ante lo cual el mandatario llamó, con respeto a la división de poderes, a realizar una revisión sobre si a dicha autoridad “le corresponde o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver este caso”, con el agravante de que la comisión nacional de competencia no ha realizado alguna acción para en verdad asegurar la libre competencia en el sector energético para favorecer a los ciudadanos mexicanos. Se nota que esa comisión ha servido a los intereses de los grandes monopolios principalmente.
Lo descrito es parte de lo que se tiene que superar para poner nuestras instituciones en el rumbo del interés de la nación, por fortuna ya el tribunal de competencia económica tomó en cuenta lo que establece la constitución y ya ordenó dejar sin efecto la suspensión a la ley de energía eléctrica, es de esperarse que se generalice y lo mismo deberá suceder con la ley de hidrocarburos. Qué bueno que esas instancias autónomas están rescatando su papel de vigilantes de que se cumpla lo establecido en la constitución, tal hecho está en los siguientes términos:
El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones aprobó por unanimidad el proyecto del magistrado Urbano Martínez Hernández, quien anuló la medida cautelar otorgada por el juez Juan Pablo Gómez Fierro a las empresas Hidroeléctrica Cajón de Peña y a Energía Verde Meyer. La decisión del colegiado aún no ha sido publicada, pero está firme. Ello constituye un buen indicio para poder aplicar la reforma eléctrica que restituye la soberanía de México sobre ese recurso estratégico, tal como lo marca la carta magna.
Con el fin de poner orden, que significa rescatar al Estado mexicano de la red delincuencial que durante el periodo neoliberal estableció normatividades contrarias al espíritu de la Constitución, es necesario poder combatir eficazmente a la corrupción y a la resistencia al cambio progresista. Es fundamental que las acciones con este fin continúen, además, que las iniciativas de reforma constitucional propuestas por AMLO, presidente de la nación, se discutan y aprueben en el Congreso de la Unión. Se debe rescatar lo establecido en los artículos 27 y 28 de la Carta Magna que establecen lo que sustenta el rumbo de la acción del Estado para mantener la soberanía nacional en el estratégico ramo energético, así como realizar cambios en lo que corresponde a la adscripción de la Guardia Nacional. Con eso el gobierno progresista podrá consolidar los cambios y podrá someter a los grupos delincuenciales y frenar significativamente los saqueos y detener la ola de violencia que azota al país, por esa vía lograr una mejor situación para impulsar el desarrollo de México, liberando recursos para el presupuesto de la nación y mejores condiciones para la inversión pública y privada.
De la misma manera, al abordar lo que priva en el sector salud en cuanto a los grandes negocios ilícitos de algunos funcionarios de ese sector -coludidos por los proveedores de los insumos del sector salud instrumental y medicamentos- desde el inicio de la gestión se decidió poner orden y evitar los ilícitos. Para ello fue necesario revisar su dinámica y al tomar medidas para superar la situación se encontró resistencia de algunos funcionarios, los que junto con los proveedores diseñaron una campaña para evitar que fuesen desplazados en las decisiones que representaron grandes negocios con cargo al funcionamiento del sector salud en su funcionamiento interno en cuanto al uso de los recursos y en cuanto a la situación de la atención a los pacientes. La explicación a tal conducta se explica en su parte esencial en lo que se dijo por el secretario de salud federal en los términos siguientes:
Jorge Alcocer dio cuenta del desastre en la adquisición de medicamentos entre 2012 y 2018. Sólo 10 empresas, aquí mostradas, concentraron 80 por ciento, 79.6 por ciento, del gasto en medicamentos, un total de 241 mil millones de pesos. Tres de ellas tenían la mitad de todos los contratos y una sola empresa, Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V., se llevó 35 por ciento de la compra de 2013 a 2018, con un monto de 106 mil 803 millones de pesos. “Dicho sea de paso, esa empresa fue inhabilitada por la Función Pública el 18 de julio de 2019”. El funcionario insistió en que al cierre de 2018 el gasto de bolsillo –lo que gasta toda familia para adquirir medicinas– colocó a México en el segundo más alto de los 36 países de la OCDE. Y subrayó que a la fecha se han gastado 43 mil 278 millones de pesos para un volumen de 724 millones de piezas ya adquiridas. “Desde enero empezaron las primeras entregas a algunas instituciones.
Al día de hoy ya se encuentran en el país y ya se hacen entregas en tránsito o con orden de entrega más de 60 millones de piezas para todo el sector”. Así, el Presidente, expresa “podemos tener diferencias, nos podemos caer mal, pero debemos unirnos en lo fundamental, que es el bienestar del pueblo. ”En la tarea compleja de gobernar se ha tenido que superar los obstáculos que significan la herencia dejada por los gobiernos anteriores y las innegables dificultades que la crisis sanitaria ha significado, pero que se note ya se tienen resultados en todos los frentes dignos de considerar, como logros importantes se ha detenido el avance acelerado de la pandemia con las medidas sanitarias y con la campaña nacional de vacunación, en lo económico hay indicios claros de una reactivación y en la seguridad de que se avanza en la medida de que se va desmantelando a las redes de protección a la delincuencia organizada y, sobre todo, se les está quitado sus contactos en el gobierno de México y se desmantela las estructuras que se generaron en gobiernos pasados que los protegieron; también ahora se les dificulta que sigan operando con la protección de algunas instituciones autónomas donde aún se encuentran atrincheradas las huestes de los adoradores del dinero, o sea del mercado.