Casos de gobernadores que dejan el cargo y son investigados por delitos durante su mandato han dejado tras las rejas a varios de ellos incluso en el extranjero, sin embargo, coincidían en que fue al término de su periodo cuando eran investigados. Hoy la acusación sobre el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca es cuando todavía ejerce el poder sobre su estado.
Las acusaciones por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude fiscal, llevaron el caso a la Cámara de Diputados donde se aprobó el desafuero; sin embargo, el mismo día fue votado en el Congreso Local de Tamaulipas de forma negativa, por lo que el tema escaló hasta la Suprema Corte y determinó que el gobernador continúa con fuero ya que los diputados locales actuaron en términos de sus competencias.
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Hoy en día ya existe una orden de aprehensión en contra del gobernador, por lo que se ha “atrincherado” en la casa de gobierno. La Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado 37 cuentas entre ellas de empresas y familiares del gobernador.
El propio Cabeza de Vaca ha acusado una persecución política por parte del propio presidente, al señalar que la indicación salió de Palacio Nacional y que hasta podría ser por temas electorales. A lo que López Obrador aseguró que él no será “tapadera” de nadie ya que las acusaciones son en Estados Unidos.
Lo cierto es que esta crisis ha enfrentado una vez más al gobierno federal con una de las entidades locales, mismas que conforman el pacto federal y pone en entredicho su vigencia.
La desaparición de la CONAGO, separó a los gobernadores y los pactos políticos que tenían, solo los mandatarios panistas quisieron rescatar este órgano sin mucho éxito.
Derivado de la controversia constitucional entre poderes y el debate sobre el FUERO POLÍTICO además de la posible influencia del crimen organizado en los diferentes niveles de gobierno, es necesario construir un Nuevo Federalismo. Esa debe ser la principal asignatura de la nueva legislatura federal que surja el próximo 6 de junio.
Es necesario que funcionen los controles constitucionales locales y federales para evitar la corrupción de munícipes, gobernadores y presidente de la República. Una legislación que garantice la rendición de cuentas horizontal; es decir, con participación de la sociedad civil, pero sin que se permita la creación de grupos de interés o de presión como los que hoy existen y se ponen al servicio de intereses partidistas o que sólo funcionan en periodos electorales.