“Una praxis ajustada es una praxis que posibilita la continuidad de la realización, una praxis desajustada es aquella que está imposibilitando la continuidad de la realización, en último término, de la propia humanidad”.
Juan Antonio Senent. El ajuste o desajuste de las prácticas normativas en Ignacio Ellacuría: hacia una nueva dimensión de lo normativo.
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Como he comentado en otras ocasiones en este espacio, soy esposo de una directora escolar y por mi trabajo de más de tres décadas como formador de docentes en servicio tengo contacto directo con muchas historias y anécdotas de lo que sucede en el día a día en las aulas de escuelas ubicadas en contextos muy diversos.
Es a través de estos contactos que están en primera línea en la situación educativa actual con las escuelas cerradas y la pandemia a todo lo que da, que últimamente me entero de casos verdaderamente dramáticos.
Niños de quinto o sexto de primaria que viven en un proceso de ansiedad crónica y creciente porque sus papás, sus abuelos o sus mismos hermanitos han resultado positivos en la prueba del COVID-19 y están aislados y en tratamiento con diversos grados de gravedad. Niñas de las mismas edades que están sufriendo por la muerte de su mamá o su papá y la enfermedad de otros familiares. Adolescentes en crisis porque en la edad en la que están definiendo su futuro y tratando de imaginar y bocetar un proyecto de vida personal están encerrados en casa en un horizonte sin futuro al menos en el mediano plazo y sin saber cómo va a ser el mundo que les toque vivir “cuando sean grandes” y tengan que responsabilizarse de sus propias vidas.
De la misma manera los maestros, maestras, directores y directoras me cuentan de casos de contagios entre el personal docente de las escuelas en las que trabajan. Profesores y profesoras que están intentando trabajar bajo tratamiento médico, haciendo esfuerzos dobles o triples por la falta de energía y las molestias de los síntomas de la enfermedad. Docentes y directores o supervisores escolares que vemos cada día aparecer en fotografías póstumas en nuestras redes sociales porque fallecieron inesperadamente o después de una lucha larga y dolorosa con este mal de nuestro tiempo causado por un virus que aún está en estudio y está teniendo nuevas mutaciones, síntomas y efectos colaterales que aún no se conocen del todo.
Los padres de familia en general están haciendo un esfuerzo enorme por mantener su trabajo o por buscar cómo ganarse el sustento para la familia en los muchos casos que han perdido su empleo y simultáneamente tienen que estar atentos a que sus hijos se conecten a las plataformas virtuales de clase o a las sesiones de “Aprende en casa” que se transmiten por televisión.
Estas pinceladas que apenas hacen un breve esbozo de un país que está por rebasar los 150 mil muertos -según las cifras oficiales que sabemos hay que multiplicar por 2.6 para saber el número real- y cuyos números de contagios siguen en aumento y parecen descontrolados ante una política desastrosa del manejo de la pandemia de la que las autoridades siguen sin aceptar su fracaso.
Resulta evidente que estamos ante una situación desajustada. Nuestra sociedad, de por sí injusta ha magnificado la injusticia ante la pandemia de SARS-COV-2 y la consecuente crisis económica que generó el cierre de miles y miles de empresas y pequeños negocios por esta llamada cuarentena que tendría que llamarse de otro modo hoy que lleva ya diez meses y no tienen aún una posible fecha de término.
Frente a la necesidad de mantener cerradas las escuelas la SEP creó el programa “Aprende en casa” que en su segunda etapa que inició con este ciclo escolar 2020-2021 adoptó como medios centrales de transmisión de contenidos la televisión y los libros de texto. Ya hemos hablado de este tema, de la necesidad de instrumentarlo porque no había muchas opciones qure tuvieran esa cobertura y del error de no considerar e incorporar a los docentes como agentes mediadores pedagógicos centrales entre la transmisión de información y el proceso de aprendizaje de los niños y niñas del país.
Me interesa hablar ahora de la nueva campaña que la secretaría ha lanzado bajo el título de “Nadie afuera, nadie atrás”. El nombre parece una copia del programa “No child left behind” lanzado en Estados Unidos en el 2002 bajo el gobierno de George W. Bush en el que se ayudó con muchos millones de dólares apoyos especiales para las escuelas para que los niños en situación vulnerable mejoraran sustancialmente sus resultados de aprendizaje.
No soy experto en políticas públicas ni es mi interés en este artículo analizar las condiciones en las que se lanza esta campaña que básicamente busca, a partir de los resultados de la primera evaluación parcial del ciclo escolar, disminuir al máximo la deserción escolar y lograr que la mayoría de los niños terminen “exitosamente” este ciclo escolar en pandemia.
Aunque la secretaría -y es razonable creer que así será- anunció que se buscarán estrategias de acompañamiento y procesos para averiguar por qué un buen número de estudiantes de preescolar, educación básica y media superior no han tenido contacto con sus escuelas y profesores y por lo tanto no han demostrado haber estudiado y logrado los objetivos de aprendizaje de los contenidos del año que cursan, el mensaje implícito para los directores y profesores es que traten de evitar a toda costa la reprobación de alumnos en este período.
Según lo que me cuentan mis contactos en diversas escuelas, esta campaña -o la interpretación de no reprobar estudiantes que se ha interpretado a partir de ella entre los docentes y directores escolares- ha causado mucha molestia.
La reacción de muchos directores en reuniones con sus respectivos supervisores y de muchos docentes en sus consejos técnicos escolares y en reuniones con sus directores ha sido de enojo porque según esto se les pide “regalar” la calificación aprobatoria a sus alumnos a pesar de que algunos no han trabajado según lo esperado por ellos y no han entregado los trabajos solicitados.
Habría mucho qué decir acerca de la calificación y su significado auténtico como reflejo cuantitativo de la necesaria evaluación cualitativa que tiene que realizarse en todo proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sin embargo considero que esta molestia en concreto muestra una gran incomprensión de los profesores y directores acerca de las situaciones extremadamente difíciles y algunas claramente trágicas en que están viviendo los estudiantes y sus padres durante este tiempo del coronavirus y evidencia además la creencia central que desafortunadamente sigue vigente en la cultura escolar mayoritaria de nuestro país que implica entender la evaluación como un acto de justicia en su acepción de ajusticiamiento de quienes no cumplen con lo que se les exige, más que como proceso de ajuste de aquello que está desajustado en el proceso de formación de cada educando.
Como dice el epígrafe del día de hoy, una praxis ajustada -en este caso una praxis educativa y evaluativa- es una praxis que posibilita la continuidad de la realización de la humanidad de cada persona y de la colectividad y una praxis desajustadaes la que por el contrario, imposibilita la continuidad de la realización de la propia humanidad.
En ese sentido, es plausible la campaña que ha lanzado la SEP y todos los docentes deberían tratar de cambiar su visión de la evaluación como proceso de ajusticiamiento de los educandos que no han seguido las instrucciones y lineamientos y entenderla como el trabajo que permita ajustar lo que esta pandemia ha desajustado en cada uno de los educandos que vive una situación difícil con características particulares.