López Obrador en vías de convertirse en dictador

Viernes, Enero 15, 2021 - 19:03

Con la eliminación de los órganos autónomos AMLO va hacia un régimen dictatorial

Ha colaborado como articulista en la revista Jueves de Excélsior, El Universal de México, El Universal Gráfico, El Universal de Puebla, El Día, Nueva Era de Puebla y la revista Momento de Puebla (versión impresa y digital).

Para el presidente López Obrador esa cosa que llama él Cuarta Transformación consiste en destruir todas las instituciones del Estado mexicano que le estorben para concentrar en su persona el control de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El primer aviso lo dio públicamente en septiembre de 2006 cuando enfurecido gritó ¡Al diablo con sus instituciones! Esto porque las autoridades electorales confirmaron que Felipe Calderón derrotó claramente a López Obrador por una diferencia de 0.56% en su primer intento de obtener la Presidencia de la República y echó abajo el mito del robo electoral del que se ha dicho víctima AMLO. 

Con esa violenta expresión suya demostró la patológica animadversión que siente por las instituciones del Estado mexicano y en este caso específico por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), porque desde que fue jefe de gobierno del Distrito Federal se opuso al entonces IFAI y a la Ley de Transparencia. Razón por la que mantuvo en la opacidad muchos de sus actos de gobierno en el entonces Distrito Federal.

Al paso del tiempo, al llegar López Obrador a ocupar la Presidencia de México, esa exclamación de ¡Al diablo con sus instituciones! la convirtió en uno de los puntos más importantes de su programa de gobierno.

Esto explica porqué desde el 1 de diciembre de 2018, no transcurre día sin que López deje de denigrar a los órganos autónomos bajo sus clásicas, tramposas y enfermizas acusaciones de que “están permeadas por la corrupción”, que “no sirven para nada” y que “son muy costosas”. Estos “aparatos administrativos (asegura López) los crearon para simular que había transparencia, para simular que no había impunidad. Todo fue una farsa, son tapaderas del viejo régimen”.

O sea, los mexicanos debemos entender y aceptar que la vida de México se desarrolló y está desarrollándose en dos episodios, en dos etapas y en dos épocas distintas. Antes de López Obrador y después de López Obrador. Todo lo anterior a su llegada a la presidencia de la república está mal hecho, lo de ahora, con él montado en la silla presidencial, es la perfección, la eficiencia, la honestidad y pulcritud hecha gobierno.

En sus matutinas homilías evangelizadoras del jueves 7 y viernes 8 de enero López, de plano, se desenmascaró al amenazar abiertamente con eliminar al IFT y al INAI. El lunes se reunió con su gabinete con ese fin y para comentar que tras la eliminación del INAI sus funciones serán trasladadas a la secretaría de la Función Pública porque, según dijo, ese órgano autónomo “no está a la altura de las (nuevas) circunstancias”.

Afirmación que revela que todo aquello que no se ajuste a los caprichos y ocurrencias del presidente López está condenado a desaparecer, porque obstaculizan sus dictatoriales y absurdas pretensiones.

Lo que en todo caso debería hacer López es perfeccionar el INAI y promover la  mejoría y actualización de la ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública y no desaparecer ese importante instituto del ámbito de la Administración Pública Federal y tirar al bote de la basura esa ley como malévolamente pretende hacerlo el presidente López. 

Sin embargo, demostrando que no sólo es lento para hablar, sino también lentísimo para reaccionar, tardó más de quince años para denunciar las “irregularidades” que ahora revela y le sirven de argumento para  tratar de borrar del panorama nacional a los órganos autónomos que aborrece, cono el INAI.

El INAI, admítalo o no López, es la herramienta idónea para que la sociedad solicite y obtenga información pública gubernamental a la que nunca antes tuvo acceso y para  combatir la tradicional falta de transparencia y rendición de cuentas que caracterizó a los gobiernos anteriores a la creación (en el año 2002 del IFAI, antecesor del INAI) como ocurrió con el ocultamiento de información en que incurrió el mismísimo López Obrador durante el tiempo que ocupó la jefatura de gobierno del Distrito Federal y ahora en los dos años que tiene al frente de la presidencia de la república.

Llevar a cabo este absurdo propósito lópezobradorista, significaría una regresión para la vida democrática del país. México retrocedería más de un siglo. Volvería a la época del oscurantismo gubernamental. A los tiempos de aquellos gobiernos autoritarios del pasado. Con su pretensión de regresar al país a tiempos pretéritos, López demuestra que no es ni siquiera conservador, porque es ─utilizando una de sus palabras favoritas─ un vulgar retrógrada.

A pesar que cuenta con mayoría de diputados que legislan bajo consigna suya, no es fácil que logre realizar su perversa maquinación porque en el Senado de la República la situación es diferente. López ahí no cuenta con los votos necesarios para elevar a rango constitucional el odio y rencor que siente por todos los órganos autónomos que obstaculizan sus propósitos autócratas y dictatoriales.

Sin embargo, para que las personas que acostumbramos solicitar información pública gubernamental a las instituciones federales por medio del INAI tengamos la certeza que con la eliminación de este imprescindible organismo público no perderemos nuestro derecho constitucional de solicitar y obtener ese tipo de información, AMLO asegura que las facultades de INAI se adjudicarán a la secretaría de la Función Pública para garantizar que los sujetos obligados entreguen “a más tardar en tres días” toda la información que les sea solicitada y ya no en el tiempo que ahora marca el primer párrafo de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Desde siempre la SFP ha demostrado, esta sí, su inutilidad. En el sexenio pasado  sirvió para ocultar la corruptela de la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec de la  anterior familia presidencial. Ahora, durante el régimen de la 4T, ha sido utilizada para encubrir las corruptelas de Manuel Bartlett Díaz ─el mayor delincuente electoral que haya tenido México en toda su historia─ y de Pío López Obrador, hermano predilecto del presidente que se asume como hipotético combatiente de la corrupción. Cosa que quiere decir que Irma Sandoval Ballesteros es el Virgilio Andrade de AMLO.

La SFP que está a cargo de esa inútil señora, permanece ciega ante los casos de corrupción cometidos por el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza que tiene en la nómina de esa empresa financieramente improductiva a trece familiares suyos (unos de apellido Romero y otros apellidados Oropeza) que cobran sueldos de entre 30 mil a 139 mil pesos mensuales.

Doña Irma Sandoval también guarda sepulcral silencio ante el caso de corrupción en que incurrió una ex escolta de AMLO, de nombre Paloma Rachel Aguilar Correa, a quien el presidente de la república incrustó en la nómina del SAT como Administradora General de Recursos y Servicios, sin tener el perfil adecuado para cubrir esa función satisfactoriamente. 

López Obrador pidió el 18 de agosto de 2020 que la SFP investigue el caso de nepotismo de su ex guarda espalda, Aguilar Correa, que más tardó en cobrar la primera quincena de su sueldo en el SAT, que en meter en la nómina de esa institución a su pareja sentimental Ángel Javier Portugal Dorantes; a su suegro Javier Portugal Haces; a un familiar suyo de nombre Raymundo Castañón Aguilar y a otras personas cercanas a la nueva servidora pública del SAT, como Montserrat Berrones Martínez y Claudia Carolina Coutiño Acosta.

Al dársele a conocer estos casos de nepotismo a López Obrador, dijo que Paloma “es honesta (¿?) e incorruptible (¿?) y de elementos como ella necesita el SAT”. Por lo expresado por el ciudadano presidente, a los ciudadanos no nos queda otra alternativa más que exclamar ¡pobre SAT!   

El 22 de mayo de 2020 AMLO aseguró que la SFP investigaría el presunto caso de nepotismo de la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde Luján y de su hermana Bertha Alcalde Luján quien es secretaria ejecutiva adjunta del secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otros familiares.    

Las hermanas Alcalde Luján son hijas de Bertha Lujan Uranga quien ocupó el cargo de contralora general del gobierno de López Obrador en el Distrito Federal. Esta señora sirvió de tapadera de AMLO en varias ocasiones.

Al terminar la construcción del segundo piso del anillo periférico de la Ciudad de México, en marzo o abril de 2003, solicité información sobre el costo final de esa obra. Información que me fue negada porque se declaró reservada durante doce años. Ante esa negativa acudí a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal que en ese entonces estaba a cargo de la señora Luján Uranga. Su respuesta fue la misma que se dio a mi solicitud días atrás. El gobierno del compañero AMLO no la puede proporcionar porque la clasificó como información reservada. Hoy las dos hijas de la señora Luján Uranga están en la nómina de la burocracia dorada del gobierno lópezobradorista. 

En ninguno de los tres casos antes señalados, que debieran ser fácil y prontamente resueltos por la secretaría de la Función Pública ha habido la respuesta esperada. Cosa que vuelve a exhibir la opacidad y falta de rendición de cuentas del gobierno del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador quien para desaparecer al INAI ofrece adjudicar las funciones de éste a esa tapadera conocida como secretaría de la Función Pública.

Apegándonos a la realidad (no a la fantasiosa narrativa presidencial) y a los presupuestos de Egresos de la Federación de 2020 y 2021 (elaborados los dos por el gobierno de AMLO) la SFP es más costosa que el INAI, porque mientras este instituto costará en 2021 905 millones 336 mil pesos, la Función Pública costará mil 389 millones de pesos.

Y si de eliminar instituciones costosas se trata, López tendría que empezar por borrar del mapa a la SEP que este año costará a los mexicanos que pagamos impuestos 337 mil 851 millones de pesos; proseguir con la secretaría del Bienestar (cuya función primordial consiste en repartir dinero, a diestra y siniestra, para comprar votos) que costará 191 mil 735 millones de pesos y el juguetito consentido de AMLO, conocido con el nombre de secretaría de la Defensa Nacional succionará del Presupuesto de Egresos este año 112 mil 557 millones de pesos destinados a comprar, la mayor parte de ellos, la voluntad y apoyo del ejército a López Obrador.

El secretario de la Defensa  Cresencio Sandoval

violó la secrecía de los datos personales

El 18 de noviembre falleció en el Hospital Militar de la Ciudad de México una hermana del presidente López que residía en Tuxtla Gutiérrez. Sabiendo que la señora López Obrador era profesora y no miembro de las fuerzas armadas y por consiguiente no tenía derecho a recibir atención médica en ese nosocomio, el 21 de noviembre formulé cinco preguntas a la secretaría de la Defensa Nacional a través del INAI. 

1) Porqué se proporcionó servicio médico a la señora López Obrador. 2) Bajo que diagnóstico ingresó al hospital. 3) Si la persona fallecida era derechohabiente del Hospital Militar. 4) Porqué sin ser militar la señora López Obrador fue hospitalizada en el nosocomio del ejército y 5) Qué trámites se deben efectuar para ser atendido en el Hospital Militar sin pertenecer al ejército.    

A cada una de esas cinco preguntas correspondió igual cantidad de solicitudes que fueron formuladas por mi esposa debido a que no pude ingresar con mi contraseña de usuario al portal del INAI.

El 8 de enero, en su homilía mañanera, el presidente López dijo textualmente “Me informa el secretario de la Defensa de que hay un solicitud (no es una solicitud, sino cinco) de una persona (mi esposa) pidiendo informes de porqué atendieron a mi hermana en el Hospital Militar, entonces doy la instrucción, informen (sic) que llegó grave (procedente de la capital del estado de Chiapas) y que en situación de urgencia cualquier institución de salud está obligada a dar atención médica y que además muchos hospitales están considerados para atender enfermos Covid y que puede ir cualquier persona”.

El secretario Sandoval, en su evidente propósito de servir incondicionalmente a su patrón López Obrador y en evidente también agradecimiento a las enormes carretadas de dinero que el presidente de la república suelta al ejército, le proporcionó una información que no se debe hacer pública antes de dar respuesta a la parte solicitante. Al día de hoy, la Sedena no ha contestado ninguna de las cinco preguntas formuladas porque el Comité de Transparencia de la secretaría de la Defensa Nacional tuvo a bien conceder a la referida secretaría de la Defensa Nacional una prórroga de diez días, a efecto que ésta continúe “realizando las gestiones necesarias (sic) para localizar (resic) la información que atienda lo requerido, a fin de dar certeza jurídica de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo (multiresic) como lo previenen las Leyes de la Materia”.

Cincuenta y cinco días, transcurridos entre el 21 de noviembre y el 15 de enero, no han sido suficientes para que la gloriosa secretaría de la Defensa Nacional  localice la información de un evento ─el lamentable fallecimiento de la señora Candelaria Beatriz López Obrador─ ocurrido recientemente. ¿Tan mal maneja la Sedena sus archivos que no puede localizar una información reciente?

Si con esta lentitud reacciona la Sedena en caso de que México se encuentre en guerra, seguramente a los mexicanos nos iría peor que a los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial.

En los próximos días presentaré ante el INAI (antes que lo desaparezca López) una queja contra del secretario de la Defensa Nacional, Cresencio Sandoval González por el uso indebido que hizo de la información que solicité a la dependencia militar que encabeza.


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