La consulta popular que se efectuará el próximo domingo 1 de agosto es otra farsa gubernamental más de las que ya nos tiene acostumbrados a presenciar en el acontecer político del país el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, porque aunque tuviera carácter vinculatorio, no podría utilizarse para promover la denuncia y enjuiciamiento penal de los presuntos culpables ya que carece de los requisitos que establece la ley como una denuncia en una agencia del Ministerio Público o en la Fiscalía General de la República. Un señalamiento específico de los delitos cometidos presuntamente por los inculpados o una presentación de las pruebas documentales correspondientes y de testigos a quienes conste la comisión de los delitos denunciados.
Además, la aplicación de ley es facultad exclusiva de las autoridades judiciales ante hechos delictivos consumados, no es atribución de una muchedumbre manipulada, ni tampoco resultado de una decisión emanada de consulta popular por democrática que esta pudiere ser.
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Ese ejercicio de democracia participativa tiene elementos de juicio suficientes para pensar que se trata de una simple y espectacular persecución política por parte del presidente López.
Fue inventada y diseñada con el propósito de promocionar publicitariamente a su autor y para enjuiciar públicamente a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, sin que se dieran a conocer los delitos que presuntamente cometió cada uno de ellos, antes de su sexenio (sic), durante su sexenio (resic) y después de su sexenio (recontra sic), y sin mostrar las más insignificantes pruebas documentales que comprueben los delitos “cometidos” y que son imprescindibles para abrir las carpetas de investigación que conlleven, conforme a Derecho, a sus correspondientes procesos penales.
Inicialmente se tenía previsto que en esa consulta se preguntara a la ciudadanía que decida participar: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y a los procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”
Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró necesario suprimir del texto propuesto por el presidente López los nombres de los cinco expresidentes y sustituirlo por otro ambiguo donde se pregunta al ciudadano votante: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Dentro de su ambigüedad, el texto de la pregunta elaborada por la SCJN al hacer referencia al emprendimiento de “un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”, creó una coyuntura que puede servir para denunciar penalmente al presidente López Obrador debido a que por la forma errónea con que ha enfrentado la pandemia del Covid 19 han fallecido excesivamente millares de personas, cuya muerte pudo evitarse.
Para ilustrar las graves y mortales consecuencias de la pésima forma como el presidente Andrés López Obrador ha manejado la pandemia del Covid-19, transcribo las cifras publicadas por la Universidad Johns Hopkins a las 10:21 horas del día 29 de julio de 2021 acerca de la cantidad de personas contagiadas y fallecidas en Japón y México
En Japón, con 126 millones 190 mil habitantes, han ocurrido 903 mil 941 contagios y en México con 126 millones 14 mil 24 habitantes (175 mil 976 habitantes menos que Japón) han ocurrido 2 millones 790 mil 874 contagios (1 millón, 886 mil 933 contagios más que Japón).
Respecto a fallecimientos por Covid en Japón han acontecido 15 mil 178 decesos, mientras que en México han ocurrido, -según cifras gubernamentales-, 239 mil 616 decesos. Es decir, en México, por el pésimo manejo de la pandemia se han registrado 224 mil 438 muertes más que en el país asiático.
Una encuesta promovida por el periódico El Financiero y realizada telefónicamente entre 500 personas adultas el 23 y 24 de julio, con un margen de error de más-menos 4.4%, reveló que 31% de los entrevistados manifestó mucho interés de participar en la consulta popular del domingo 1 de agosto; mientras 30% mostró algo de interés en participar; en tanto 18% declaró que tiene poco interés en la consulta; el 19% nada de interés y 2% no sabe.
El listado nominal 2021 es de 93.6 millones de electores. Para que la consulta popular adquiera carácter vinculatorio deben acudir a votar, cuando menos, 37 millones 440 mil electores que representan el 40% de las personas inscritas en el listado nominal
La revista inglesa The Economist señaló que recurrir al voto popular para determinar si se procesa penalmente o no a alguien (en este caso a cinco expresidentes de México) es una parodia del Estado de Derecho.
En respuesta a este comentario de la publicación semanal inglesa, el presidente López, con su peculiar estilo, calificó a ese importante medio informativo de “pasquín con información distorsionada.”
Los “otros datos” ocultos de la consulta popular
En un panfleto que distribuyó Morena en la Ciudad de México donde se dice que con el fraude electoral de 1988 se inició el periodo neoliberal en México, pero se omitió señalar que quien dirigió la ejecución de ese enorme fraude electoral fue el ahora director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, quien en el gobierno de la 4T inexplicablemente o explicablemente, es ahora uno de los colaboradores más importantes y de mayor confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al referirse Morena en este panfleto al fraude electoral de 1988 sin mencionar que Manuel Bartlett Díaz fue la persona que lo dirigió siendo secretario de Gobernación, convirtió automáticamente en encubridor y cómplice del defraudador Bartlett al presidente López Obrador
En el currículum negro del presidente Zedillo se “olvidó” señalar que este personaje- ahora defenestrado-, en marzo del año 2000 dio su consentimiento para que el entonces opositor Andrés Manuel López Obrador presentara a las autoridades electorales de la Ciudad de México una constancia de domicilio apócrifa para que pudiera obtener ilegalmente su registro a la candidatura a jefe de gobierno del Distrito Federal.
La referida ilegalidad fue el trampolín que utilizó AMLO para convertirse, años después, en presidente de la República. Por cierto, uno de los peores presidentes que ha padecido México en toda su historia republicana.
Acerca de esta transgresión a la ley electoral, permitida por el presidente Zedillo para beneficiar ilegalmente a Andrés Manuel López Obrador escribí un artículo periodístico publicado por e-consulta el martes 24 de noviembre de 2015 titulado “Ernesto Zedillo será causante de los daños que sufra México en 2018-2024” por tolerar que AMLO utilizara una constancia de domicilio para acreditar una falsa residencia de cinco años en el D.F.
Reproduzco un breve párrafo de ese artículo donde advierto que: “Así las cosas, Zedillo será el autor intelectual de lo mal que le pudiere ir a México si López obtiene -como obtuvo- la Presidencia de la República en las elecciones de 2018”
* Con mi agradecimiento a Patricia Noemí Ibinarriaga Sosa por su valiosa ayuda para recabar las cifras que se manejan en este artículo