Lo primero que debemos aproximar es una definición del fenómeno de la corrupción y para ello es bueno citar trabajos que han elaborado estudios acerca del fenómeno mencionado. Tal es caso de lo planteado en un artículo publicado en la revista Finanzas y Desarrollo del FMI, en donde se plantea lo siguiente:
La corrupción no se manifiesta de una sola forma; de hecho, generalmente adopta por lo menos tres formas distintas: Corrupción menor, administrativa o burocrática. Muchos actos de corrupción son operaciones aisladas de funcionarios públicos que abusan de su cargo, por ejemplo: pidiendo sobornos y comisiones clandestinas, desviando los fondos públicos o concediendo favores a cambio de dádivas personales. A estos actos se les conoce como corrupción menor, aunque, conjuntamente, puedan comprender un monto importante de recursos públicos. Corrupción mayor, es el robo o uso inadecuado de grandes cantidades de recursos públicos por funcionarios del Estado —generalmente miembros de la élite política o administrativa, relacionados con ésta— constituye un acto de corrupción mayor. Tráfico de influencias/captura del Estado. La colusión entre representantes del sector privado y funcionarios públicos o políticos en beneficio propio con frecuencia se denomina captura del Estado.
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Es decir, el sector privado “captura” el aparato judicial, ejecutivo y legislativo del Estado para sus propios fines. La captura del Estado coexiste con la visión convencional (y opuesta) de corrupción, en la que los funcionarios públicos extorsionan o explotan al sector privado para fines personales. La corrupción también adopta características específicas en cada país; por lo tanto, es fácil que fracasen los enfoques que aplican políticas y herramientas comunes a países en que los actos de corrupción y la calidad de la gobernabilidad varían ampliamente. Es necesario entender las circunstancias internas que fomentan o permiten la corrupción de los representantes públicos y privados.
Finanzas & Desarrollo diciembre de 2004, página 43, FMI
Captura del Estado: Una forma de corrupción a gran escala En las economías en transición, la corrupción ha forjado una nueva imagen: la de los llamados oligarcas que manipulan la formulación de las políticas e incluso configuran las nuevas reglas del juego para su propio beneficio. Éste es el comportamiento que denominamos captura del Estado.
Si bien esta forma de corrupción a gran escala se reconoce como el problema más pernicioso y difícil de detectar en la economía política de las reformas institucionales y económicas, se han hecho pocos esfuerzos sistemáticos para distinguir sus causas y consecuencias de las de otras formas de corrupción. Tampoco ha habido intentos de medir esta clase específica de corrupción, ni de comparar su incidencia en los distintos países. Por captura del Estado entendemos los intentos de las Empresas para influir en la formulación de las leyes, las políticas y la reglamentación del Estado a cambio de pagos ilícitos —con carácter privado— a los funcionarios públicos. Desarrollamos un método para medir esta forma de corrupción a gran escala basándonos en las observaciones y el análisis de una encuesta en casi 4.000 empresas en 22 países en transición. (Revista Finanzas y Desarrollo, FMI, septiembre del 2001, página 31)
El asunto se complica cuando los funcionarios del gobierno involucrados en las diversas instancias del poder público se constituyen en socios dominantes de las redes de delincuencia orientadas al saqueo de los recursos públicos. Ya no se trata de que las redes delincuenciales desde fuera pretendan corromper a los funcionarios públicos, para que les permitan realizar sus actos ilícitos con cargo al incumplimiento de las obligaciones fiscales o de trámites ante el sector público, se trata de que los agentes privados ya incluyen de modo significativo a los funcionarios como parte de sus estructuras corporativas, son socios importantes como accionistas o como acreedores de las empresas o negocios que se coluden con los funcionarios para apropiarse de los recursos del erario público.
Se debe tomar en cuenta que los grupos delictivos por su conformación y por sus recursos organizativos, así como, por sus recursos económicos, son muy poderosos, para tener una idea de lo mencionado podemos citar que:
Claudia Sheinbaum dijo en entrevista con La Jornada, que en el anterior sexenio los partidos políticos se asociaron para consolidar un régimen de corrupción y traicionaron a la ciudadanía. Quien hizo posible esa asociación fue su antecesor, Miguel Ángel Mancera, pero sigue disfrutando de su fuero de Senador. La jefa de Gobierno advirtió que siguen las acciones contra ese régimen de corrupción. Ayer mismo trascendió que hay orden de captura contra uno de los allegados de Mancera. Se trata de Jaime Slomianski Aguilar, ex titular de la extinta Agencia de Gestión Urbana. Lo busca la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por delitos relacionados con un descalabro económico millonario a la hacienda capitalina, según se informó. Está cuantificado en más de 29 millones de pesos. También hay orden de aprehender a varios de sus colaboradores. En la misma entrevista, Sheinbaum dijo que envió al Congreso local una iniciativa de reforma a la ley para que el delito de corrupción no prescriba.
Detectan 57 transacciones sospechosas de bancos con presencia en México
Las instituciones involucradas guardan silencio; sólo Citigroup emitió una posición
Realizadas desde o hacia México, con origen en siete países de América y Europa, la autoridad anti lavado de dinero de Estados Unidos (Fin CEN), que depende del Departamento del Tesoro, detectó 57 transacciones ejecutadas a través de bancos asentados en el país, tanto los que son propiedad de extranjeros como uno nacional, como es el caso de Banorte, de acuerdo con documentos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Se trata de operaciones que se realizaron entre 2010 y 2016, periodo que comprende los sexenios de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que suman 5 mil 500 millones de dólares.
Martes 22 de septiembre de 2020, p. 18, periódico la Jornada, Julio Gutiérrez
Un conjunto de 19 organizaciones delictivas mexicanas, dos de ellas con presencia supranacional, obtuvo en dos años ganancias por un billón de pesos, sólo por las actividades que fueron denunciadas ante la autoridad judicial, reveló este lunes Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. (Periódico La Jornada, martes 22 de septiembre esta dinámica de 2020, p. 18)
En esta dinámica de captura del estado los organismos autónomos no fueron la excepción; recordemos las condiciones en que el INE otorgó el registro como candidata presidencial a Margarita Zavala, a pesar de sus miles de apoyos improcedentes por corresponder con apoyos inconsistentes y falsos o el TEPJF que otorgó el registro como candidato independiente a la presidencia de la república al Bronco, a pesar de que sus apoyos fueron insuficientes y que incluían miles de ellos logrados de manera no sustentada. A pesar de ello los órganos autónomos le otorgaron los respectivos registros. Ello es muestra de que los miembros de esos órganos no tenían una conducta independiente, estaban subordinados a la elite y a los equipos de los expresidentes, las elites políticas neoliberales tenían capturados a los organismos mencionados.
Por lo planteado anteriormente, es extraño que José Woldemberg en un artículo publicado en El universal se sorprenda de que el presidente AMLO modificó su actitud frente a los expresidentes dice que él prometió que no intentaría llevarlos a juicio y que hoy se haya mandado ante el senado la solicitud de juzgar a los expresidentes. Tal acción no debería sorprenderle, ya que los citados personajes no asumen que el pueblo mexicano ordenó que en México se diera un cambio en la forma de hacer política y orientarla hacia un nuevo régimen que terminará con la corrupción y que se orientará en sus decisiones poniendo en primer lugar los intereses de la nación y después los de los sectores que integran a la sociedad civil, lejos de respetar la voluntad de los mexicanos se han dedicado a confundir la crítica que es válida con la militancia política en la oposición al actual gobierno, como la situación es así es perfectamente razonable que se haga valer la necesidad de investigar las razones de su poder y riqueza y de su conducta agresiva y hasta violenta.
Eso es lo que explica que el presidente progresista que encabeza la 4T se encamine a investigar a los expresidentes para entender la razón de sus conductas que denota una falta de respeto a la voluntad de los mexicanos expresada el 1 de julio de 2018. Tiene razón don José Woldenberg, es cierto, la situación del país es difícil por eso la llama a la unidad, excelente, pero lo incorrecto es que él haga abstracción de la conducta sistemáticamente agresiva de algunos de los expresidentes, especialmente uno al estar atacando y pretendiendo encabezar los ataques al gobierno progresista que es indudablemente legítimo,
Sus principales argumentos son que el actual gobierno no hace lo que ellos sí hicieron, tal acción consistió en la reprobable conducta de permitir que sus socios y allegados sustrajeran abundantes recursos del erario público en beneficio de intereses particulares y de grupo. O por medio de sus equipos de abogados periodistas y medios de comunicación presentar a los inculpados en actos de corrupción como víctimas, tal es el caso de los implicados en la acción de financiamiento disfrazado de dos revistas que tenían asegurada la venta de más del ochenta por ciento de sus tirajes como compra de las entidades públicas, eso es simplemente recibir financiamiento del erario público.
Así por el estilo se comportan con otros hechos y de paso se quejan de que al llamar a cuentas a los implicados se pretende dar la impresión de que se está atacando a la libertad de expresión, muy lejos se está de eso en la conducta del gobierno de la 4T. En realidad, se dejó de dar recursos a los medios y entre esos las revistas mencionadas, justo para no seguir con los métodos de control de los medios por medio del financiamiento y, por ello, ahora son más libres que nunca en México, pero es obvio que ya no tienen acceso a las dadivas mejor conocidas como chayote, los equipos que se beneficiaban con la anterior situación corrupta pero redituable hoy son los principales instrumentos de los expresidentes que tienen una conducta de agresividad.
Por ello sí se debe pasar a investigar a los expresidentes y a sus equipos de periodistas e intelectuales orgánicos.
Si consideramos que la acción de restablecer el estado de derecho y corregir con la normatividad vigente afecta intereses muy poderosos, lograr la vigencia de dichas obligaciones y corregir los abusos, es decir, terminar con la impunidad es complicado por las implicaciones correspondientes, tómese en cuenta que ello ha significado poner en la mira de la justicia a importantes exfuncionarios de los distintos gobiernos anteriores, al exdirector de PEMEX, al exjefe de seguridad durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, y por las complejas relaciones de la delincuencia organizada profesional creada en México ya se está apuntando la posibilidad de investigar y juzgar a varios expresidentes de México.
Claro que terminar con la impunidad tiene un alto grado de complejidad y un alto riesgo de tener que enfrentar procesos políticos intensos y hasta posibles intentos de generar tendencias golpistas.
Esto se ha presentado por iniciar una etapa orientada a modificar las formas de gobernar y los criterios con que hoy se toman las decisiones trascendentes en el país, el actual gobierno toma en cuenta en sus decisiones los intereses de todos los sectores de la sociedad mexicana, pero por primera vez se privilegia el interés de la nación. Anteriormente, en los gobiernos Neoliberales, lo prioritario era en interés de los miembros de la elite dirigente, funcionarios públicos y los que desde la iniciativa privada se asociaban con ellos.
Es un imperativo detener la tendencia de algunos altos funcionarios a mantener las redes de corrupción o de crear nuevas estructuras para realizar actos ilícitos en beneficio de intereses particulares personales o de grupo.
Se debe considerar que la captura del estado por los integrantes del bloque neoliberal tuvo muy en cuenta la necesidad subordinar a los organismos autónomos que se suponía debían asegurar ser contrapesos del poder de esos gobernantes, pues no fue así, los integraron con mecanismos que aseguraban conductas subordinadas a las necesidades del poder de esos gobiernos.
Por ello ha sido necesario con el propósito de restablecer su papel el de integrar a esos órganos a personas que por su convicción no se integren a la red de subordinación, que en esos órganos se podía detectar de manera evidente durante el periodo Neoliberal.
Combatir la corrupción y la impunidad es una enorme tarea que solo se puede enfrentar contando con un programa de acción bien sustentado y bien estructurado, asegurando también tener una excelente organización política que respalde al gobierno progresista y con un gobierno unido eficiente y eficaz.