En nuestro artículo anterior, aseguramos que la nueva ley de educación de Puebla no apunta ni a la expropiación de los bienes muebles e inmuebles de las escuelas y universidades privadas ni tampoco se observa que sea peligrosa en términos en filosofía educativa y propósitos pedagógicos. El espíritu de la ley sostiene un modelo de educación situada para responder a los desafíos de nuestra compleja contemporaneidad. Señalamos que es ambigua en algunos apartados y que, en todo caso, amerita claridad que puede ofrecerse en la reglamentación de la ley.
Pero la coyuntura política y el proceso de polarización política en torno a dicha ley sigue dando de sí. Probablemente la dimensión más débil de la ley, el aspecto más cuestionable, es el modo de proceder de los legisladores para su aprobación. Y es ahí, en el foco legislativo de la mayoría de Morena, donde estos días se pudo apreciar por qué están representando la peor cara de los hacedores de la ley. Un par de diputados morenistas fueron descubiertos burlándose de las críticas a la ley de educación y su propio trabajo, señalando en el cuerpo de sus gracejadas que bien valdría la pena nacionalizar a ciertas universidades como la UDLAP, la Ibero o la Upaep, miembros del Consorcio Universitario y críticas de la ausencia de parlamento abierto, entre otras dimensiones.
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Los estudios demoscópicos señalan, año con año, que las instituciones más creíbles para los ciudadanos son las universidades, el ejército y la iglesia, aunque éstas últimas han perdido confianza en ciertos sectores sociales. Contrariamente, las instituciones menos creíbles para los ciudadanos son las policías, los diputados y los partidos políticos. Y éstos últimos parecen estar cómodos en la estulticia de su no credibilidad. Las burlas de los diputados de Morena y sus “ideas” de “nacionalizar” ciertas universidades privadas, configuran el estado de la cuestión de un grupo de legisladores que llegaron al poder gracias al castigo de los electores precisamente a ese tipo de prácticas políticas. En Palacio Nacional se dice una y otra vez “no somos iguales”, pero sus diputados en Puebla se esmeran no sólo en contradecirlo sino en perfeccionar la kakistocracia legislativa.
Se supondría que las nuevas élites en el poder harían una práctica política diferente al bipartidismo oligárquico que sostuvieron el PRI y el PAN. No obstante, si sólo miráramos las burlas legislativas, sólo podemos encontrar ignorancia, desprecio a la crítica, autoreferencialidad legislativa, la miopía que otorga ser mayoría, la falta de profesionalismo y la ausencia de mínimos éticos para enfrentar a las oposiciones. En suma, el mismo comportamiento partidocrático y despreciativo de sus antecesores.
A continuación esos mismos legisladores tuvieron que salir a defender la ley y esbozar argumentos a favor, hecho que debieron hacer desde un principio y que pudieron hacer mejor en lugar de utilizar primero los argumentos del bufón. En suma, la ley no tiene que ver con procesos comunizantes o socialistas, la ley es el resultado de una democracia frágil y de baja intensidad en la que los políticos de todas las especies se empeñan en enterrar; la ley no es peligrosa para quienes tienen una escuela o universidad privada, lo peligroso es que la ciudadanía compruebe que no hay espacio para la participación ciudadana, para ser parte en la gestación de políticas públicas, para ofrecer otros puntos de vista que los que tienen en los gobiernos. Lo peligroso es que se dinamiten los anhelos democráticos de la alternancia y se consoliden las autocracias.
La Confederación Nacional de Escuelas Particulares publicó en un desplegado que: “La CNEP participó directamente con la Secretaría de Educación Pública en la elaboración de la propuesta de la LGE”, “La CNEP considera que no existe en la ley un espíritu persecutorio contra las escuelas particulares de México”, “La CNEP convoca al diálogo y a la construcción de consensos”. Con este punto de vista, la CNEP dejó solos a los radicales que blandieron luchas de otros tiempos y de otros contextos.
En el propio desplegado que firmaron 73 escuelas privadas de Puebla el pasado 2 de junio, se pone en primer lugar “No a la imposición de la Ley de Educación del Estado de Puebla aprobada sin participación ciudadana”, eje central de lo que venimos sosteniendo respecto al déficit de legitimidad en la aprobación de dicha ley, pero no pudieron aparecer en este desplegado los conceptos “comunista” o “socialista” como problemas de la ley, argumentos que se quedaron ya como propios de una posición política reaccionaria, o como dijeran en Estados Unidos, de un sector “alt-right”, una suerte de derecha radical que ha empezado a empoderarse en el espacio público y que vio en el dislate legislativo una enorme posibilidad para construir capital político.
Las oposiciones, tanto la democrática como la golpista, que parece asomarse en México, harán lo necesario para disputarle el campo de la narrativa a los gobiernos de Morena. Y la respuesta de algunos diputados fueron las burlas. Si siguen en ese camino más temprano que tarde experimentarán la misma suerte de quienes confiándose en su poder omnímodo, fueron echados de la palestra. Pero en esta coyuntura aún hay margen para ajustar la ley y que inequívocamente ofrezca certeza jurídica a los particulares y, sobre todo, espacios de diálogo permanente entre la autoridad educativa y los propios actores educativos, alternativa única para avanzar en un proceso civilizado para mejorar la educación de México.
Politólogo, Director del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla.