Lo primero que debemos considerar son las características de la realidad que nos heredaron los gobiernos anteriores: la situación laboral de una fuerza de trabajo que en 2016 se determinó era de 2,711561 y se distribuía en 1,859,275 de trabajo formal y 852,286 de trabajo informal; con la actuación de los gobiernos emanados del PAN la situación pasó a presentar el panorama siguiente: en el 2017 la fuerza de trabajo total se calculó en 2,780,674 y la ocupación formal pasó a una cifra de 1,854,571, en tanto la ocupación informal alcanzó la cifra de 906,103 trabajadores. Creció la población en edad de trabajar, aumentó el desempleo y aumentó la informalidad, lo que significa que prácticamente los gobiernos panistas realizaron acciones por resolver la informalidad que fracasaron o que simplemente hicieron poco para superar tal situación.
Lo curioso es que hoy esos mismos que no resolvieron el problema pretendan que el gobierno que los sucede, –porque ellos perdieron la confianza del electorado–, resuelva en meses lo que en años de su gestión no pudieron superar.
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El gobierno de MORENA en el municipio de Puebla ya está abordando el problema y con respeto a los que trabajan en Puebla -formales e informales- se marcha de manera responsable al diseño y aplicación de un proceso para generar la tendencia de aumento al trabajo formal y bien remunerado. Ello es contemplado en la reciente reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente AMLO.
En cuanto a la situación que presenta la acción delincuencial basta recordar el papel que los gobiernos presididos por el PAN hicieron con actividades ilícitas como el robo de combustible, que nació y creció tolerado en principio por el gobierno de RMV y JAGF, llegando al final de sus gestiones a cifras escandalosas. Las evidencias de que se toleró, protegió y hasta se participó en el ilícito mencionado llegó a tal extremo que los personajes implicados en el robo de combustible fueron vinculados a funcionarios importantes de esos gobiernos; el colmo fue, que el jefe de seguridad del gobierno de RMV fue detenido por el ejército por ir escoltando, para protegerlos en su actividad ilícita, a los que robaban combustible para después venderlo al consumidor de manera pública y sin recato.
Eso es lo que nos heredaron; permitieron además que las bandas delincuenciales se desarrollaran a tal grado que pudieron financiar grupos que realizan actividades relacionadas con los ilícitos y, además, crearon un sistema de complicidades sobornando y corrompiendo, por lo jugoso del negocio, pudieron incluir en sus redes a funcionarios de alto nivel para proteger sus actuaciones, consiguieron infiltrar a los aparatos de gobierno y seguridad para, por esa vía llegar al extremo de que trabajaran algunos miembros de los aparatos de seguridad y funcionarios de distintos rangos, bajo la égida las bandas delincuenciales y que -en el extremo de la situación- los funcionarios se llegaron a constituir en sus verdaderos líderes y jefes máximos de las citadas organizaciones delincuenciales.
Frente a lo anteriormente planteado, la cuarta transformación está diseñando una estrategia que acciona medidas para alejar a los ciudadanos de esas actividades con oportunidades educativas, especialmente para los jóvenes, con ayudas a los estudiantes por medio de becas y a los jóvenes con becas para la capacitación y trabajo; y en contra de los violentos de la delincuencia profesional se ha diseñado un programa que coordina la creación de la guardia nacional con la acción policial en todos sus niveles, así como el trabajo tendiente a iniciar un proceso de mejor capacitación, mejor equipamiento y de manera sustancial atender la situación salarial de nuestros policías.
Es innegable que la violencia se ha incrementado en Puebla y de manera especial se ha entronizado el fenómeno en los municipios gobernados por MORENA, así lo presentan los que fueron responsables de gobernar y que poco hicieron para superar la esa situación, pero es prudente considerar que MORENA se propone superar el problema y de ningún modo acepta que los grupos delincuenciales continúen operando como lo venían haciendo durante la vigencia de los regímenes de los anteriores gobernantes. Si se hubiese optado por tolerarlos, es muy probable que los grupos delincuenciales estuvieran colaborando para simular una tendencia a la pacificación a cambio, claro, de que se les permitiera continuar con sus actividades ilícitas. Cómo no se va actuar así, ellos sienten que las cosas se van a modificar a favor de vigencia del estado de derecho y por tanto de combate a la delincuencia, a la corrupción y a evitar la impunidad, por tanto, ellos, los delincuentes y los que fueron sus aliados desde el poder público han reaccionado de manera intensamente hostil. Así que, para evaluar la situación de violencia entronizada se debe tomar en cuenta varios asuntos como los siguientes:
1.- Que el triunfo de MORENA en esos municipios ha significado la presencia de gobiernos que no están vinculados con las redes delincuenciales y de corrupción de los anteriores gobiernos, lo que se traduce en la modificación del panorama en el que actuarán las bandas delincuenciales; por ello hay una situación de hiperactividad de esos grupos de delincuentes, lo que se suma a sus disputas normales por mantener su dominio en lo que, ellos denominan, como dominio de la plaza.
2.- Los grupos delincuenciales saben que ya con lo diseñado por el gobierno de la cuarta transformación se va a poner orden, en principio se está vigilando que se cumpla con la ley, no a los ilícitos en general, y particularmente se está combatiendo al robo de combustible, los secuestros, la corrupción, y el narcotráfico en sus distintas versiones, sin descuidar la aplicación de medidas para alejar a los poblanos de esas actividades ilícitas,
3.- Con todo lo antes mencionado el panorama cambió y está en crisis el sistema de complicidades que tejieron por lo que los obliga a tratar de crear un ambiente propicio para mantenerse actuando, hoy se está combatiendo a los actores materiales de los ilícitos, a los que les ayudan a lavar el dinero producto de esas actividades, a los que les venden protección, y a los que desde los puestos del poder público y privado los dirigen y promueven.
Por todo ello, si momentáneamente se ha agudizado la violencia es previsible que muy pronto empezará a declinar porque se está trabajando para dejarla sin sustento, entonces, y solo entonces, podremos vivir con seguridad y en paz, quizá con una violencia e inseguridad propia de tiempos simplemente normales.
En este complejo panorama se tendrá que asumir el desarrollo del proceso electoral extraordinario para elegir a nuestro gobernador, es prudente no olvidar la razón que tiene al estado Libre y soberano de Puebla obligado a realizar elecciones extraordinarias, recapitulemos brevemente:
Primero debemos recordar que durante el proceso electoral cuya jornada electoral se verificó el 1 de julio del 2018, se presentaron hechos de violencia relacionados con el proceso electoral, algunos de consecuencias fatales; se presentó una marcada tendencia de las autoridades civiles y electorales a favorecer a la candidatura oficial a gobernador, fue notoria la participación de las autoridades -Presidentes municipales, legisladores, IEE y el TEEP, entre otros- para lograr que se desempeñara con éxito la abanderada de la coalición PPAF, además de crear obstáculos para que otras opciones pudieran desarrollar en un ambiente equitativo sus correspondientes campañas, recordemos las acusaciones de misoginia a dos importantes opciones que osaron mencionar que la abanderada de la coalición oficialista era la esposa del exgobernador de Puebla, después con la resolución al respecto del TEPJF quedó muy claro que el sesgo de la autoridad electoral local se inclinaba a favor del oficialismo.
Sobran ejemplos para demostrar la parcialidad de las autoridades civiles y electorales en el proceso electoral de 2018, pero lo más grave es que se presentaron actos de violencia y de asesinatos que finalmente no fueron aclarados.
En un ambiente enrarecido, propio de lo que configuró una elección de estado, por la conducta parcial de las autoridades, finalmente llegamos al día de la Jornada electoral del 1 de julio de 2018.
De acuerdo con lo establecido en la ley se instalaron las casillas a las 8 de la mañana, en general puntualmente, cuando los que en la preparación de la elección actuaron como autoridades parcialmente a favor de la candidata de la coalición oficialista, se percataron de que para triunfar no había sido suficiente su conducta sesgada, entonces desataron una serie de actos de delincuencia electoral y de delincuencia común, usando armas de fuego asaltaron casillas, robaron urnas, realizaron la substitución de las urnas producto de participación ciudadana por las que ya tenían preparadas con el propósito de favorecer a su abanderada.
Cuando llegó la hora de entregar los paquetes electorales a los órganos electorales correspondientes, al llevar los citados paquetes electorales de las casillas a los consejos distritales correspondientes se cometieron irregularidades, la custodia de los paquetes electorales no fue la adecuada, la custodia no correspondió con lo exigido por la normatividad, se presentó un relajamiento de los protocolos para permitir la actuación de los impulsores del fraude, ante esto, nuestro candidato Luis Miguel Barbosa solicitó a los órganos electorales un recuento de los votos para contrastar las actas entregadas a los consejos distritales con los votos contenidos en el paquete electoral, así como, contrastarlas con las que se habían entregado a los funcionarios encargados del PREP, con base en las que el programa mencionado declaraba que la candidata oficial tenía un mayor número de votos.
Los que organizaron la elección de estado sabían que lo realizado por ellos era insuficiente y entonces aplicaron una nueva acción, para ello fue necesario que evitaran se aprobara por la autoridad electoral correspondiente un recuento, porque ello hubiese significado la reserva de los paquetes electorales tal como se encontraban y entonces dejaría al descubierto las enormes irregularidades, al mismo tiempo que evitaban una resolución de recuento activaron los laboratorios facciosos de carácter electoral, el caso más escandaloso fue el que se descubrió en el Hotel MM de la ciudad de Puebla, en donde había documentación electoral solo disponible legalmente para las autoridades electorales, actas de escrutinio y cómputo sin llenar, algunas ya llenas, boletas de votación sin usar, paquetes electorales que debían estar en las manos de autoridades electorales.
Los que se encontraban en el recinto eran muchos trabajadores para ejecutar las labores derivadas de la actividad que allí se realizaban. Llenar actas para substituir las que se encontraban en los paquetes, pero sobre todo, preparar paquetes electorales con votos que coincidieran con las actas que se pretendían como resultado de la votación el 1 de julio, en las que obviamente la mayoría de votos favorecía a la candidata oficial.
Los hechos relacionados con el descubrimiento de los laboratorios fraudulentos electorales se dieron el día 3 de julio el miércoles 4 de julio se realizó el escrutinio y cómputo en los consejos distritales, de acuerdo a lo que marca la ley, y solo se abrieron algunos pocos paquetes electorales, el resultado de ese evento se mantuvo en la línea de lo que reportó el PREP, en ese momento se reiteró la necesidad de realizar un recuento voto por voto, seguro que si se hubiese acordado, en ese momento el resultado de la elección hubiese favorecido al candidato de la coalición JHH, Luis Miguel Babosa. Después de un proceso tortuoso el TEEP acordó un recuento de votos que incluía a un número bastante modesto del total de paquetes electorales, seleccionados por ellos, parece que no les había dado tiempo de arreglar el resultado para que fuera congruente con su objetivo, ya en ese momento se había descuidado el resguardo de los paquetes electorales custodiados por el IEE, meses después de la elección, en mes de Noviembre del 2018, el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acordó realizar un recuento de la votación realizada el 1 de julio del año 2018, tres meses después de que fue solicitado, en esos meses se mantuvo a los paquetes electorales bajo el resguardo y custodia del Instituto Electoral del Estado (IEE), organismo evidentemente parcial a favor de la candidata oficial, pero además quedó demostrado que los paquetes fueron manipulados por gentes ajenas a los órganos electorales, según la información de secretaria técnica del IEE, al menos en 50 ocasiones. El hecho quedó impune, los responsables siguen en sus cargos y solamente obligaron a que la funcionaria mencionada dimitiera. Evidentemente fue una solución insuficiente.
Lo que quedó claro es que el TEPJF realizó un recuento de urnas que ya habían sido alteradas y que de ningún modo correspondían con lo que los ciudadanos poblanos habíamos depositado en esas urnas, creímos que el tribunal realizaba dicho acto para constatar las evidentes irregularidades que fueron encontradas y en cantidades suficientes para sustentar la anulación de la elección; pero oh sorpresa, el recuento de lo adulterado fue el sustento de lo que fue la cuestionada resolución del órgano mencionado, otorgó el triunfo a la candidata oficial y el Fraude se dio y para los poblanos quedó muy claro, estamos conscientes de ello.
La elección extraordinaria no responde a que la ley electoral se haya respetado, que quede claro la resolución del TEPJF no cambia el hecho de que hubo fraude en la elección de gobernador en Puebla. Ni modo, había que respetar la resolución de la máxima autoridad electoral, ya teníamos Gobernadora y había que asumirlo, sin embargo, un trágico accidente arrebató la vida de nuestra gobernadora y ello motivó que los poblanos tuviéramos que vivir un proceso de nombramiento de gobernador interino y ahora el proceso de una elección extraordinaria para elegir gobernador, en él, se han presentado dos principales opciones: la que integran los partidos que conformaron la coalición PPAF y, la que integra la coalición JHH. La primera opción es la que fue auspiciadora del fraude electoral en la elección del 2018, y la segunda que fue víctima del fraude electoral, situación que fue reconocida y rechazada por el hoy candidato de los impulsores del Fraude electoral el Dr. Enrique Cárdenas, el candidato de JHH Luis Miguel Barbosa fue la víctima del Fraude electoral.
Considero que los poblanos debemos orientarnos a rechazar el fraude electoral cometido en el 2018.
Las circunstancias descritas son las que nos tienen, en este momento, realizando una elección de Gobernador y, por tanto, es prudente aceptar que debemos, en este proceso de elección extraordinaria, votar por el candidato de la coalición JHH, Luis Miguel Barbosa. En un acto de conciencia profundo y razonable hasta el Dr. Enrique Cárdenas debería votar por la opción que significa rechazar el fraude y la violencia tal y como lo expresó durante el conflicto poselectoral del 2018.