Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural, “Raúl Isidro Burgos”, en Iguala, Guerrero, mejor conocida como la Normal de Ayotzinapa, quienes fueron desaparecidos forzadamente por la presunta alianza entre integrantes del 27 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, la policía municipal e integrantes del narcotráfico, es una vergonzosa herida que está abierta entre el pueblo mexicano.
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La desaparición de “Los 43” fue el reflejo de la política de terror del Estado mexicano con la disidencia social. Los estudiantes de Ayotzinapa fueron el signo de una tradición represiva del Estado mexicano, la cual no ha cesado desde los gobiernos posrevolucionarios y, que con los gobiernos de Ernesto Zedillo, la masacre de Acteal y la represión del Consejo General de Huelga, Vicente Fox y Atenco, Calderón y la militarización nacional con la guerra contra el narcotráfico y Enrique Peña Nieto y la criminalización, la brutalidad y la dictadura legalizada en la Ley de seguridad interior, son muestra de una política de Estado de abuso, sometimiento y violación de los derechos humanos de forma sistemática y estructural.
Los 43 fueron los primeros muertos de la falta de consenso social ante una Reforma educativa que viola los derechos laborales de los docentes mexicanos, los educativos de niñas, niños y jóvenes y que beneficia a la política privatizadora neoliberal y los intereses empresariales nacionales y a los mandatos de los organismos económicos transnacionales. Ellos fueron los primeros masacrados de la madre de las reformas, de la evaluación educativa y de toda esa ignominiosa política contra la educación pública en nuestro país.
Ayotzinapa refleja la dictadura legalizada y la consolidación de un Estado de “derecha” como ideal del gobierno de Peña Nieto, experto en brutalidad policiaca y militar, basta recordar las agresiones y violaciones de los pobladores de San Salvador Atenco, cuando él era gobernador del Estado de México. Ley Bala en Puebla, con Rafael Moreno Valle y el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes, con Miguel Ángel Mancera, en la Ciudad de México, son solo dos muestras de la inercia institucional del uso de la fuerza ante la criminalización de la protesta social, como sello de estos últimos seis años en México.
La desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa refleja que las fuerzas armadas, ejército, marina y fuerza aérea, han cumplido con su verdadera labor en el país: asentar a un gobierno atroz con violaciones flagrantes de los derechos humanos, como lo fue la actuación de los integrantes del 27 Batallón de Infantería, en Guerrero, las ejecuciones extrajudiciales, en Tlatlaya, Estado de México y Palmarito Tochapan, Quecholac, Puebla, por citar algunos ejemplos de brutalidad y violación de derechos humanos del Ejército mexicano.
Pareciera que la recepción del premio “William Perry” otorgado por Estados Unidos al Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, por su “liderazgo en la defensa hemisférica” es un aval del genocida gobierno estadounidense de las violaciones de los derechos humanos del ejército en México, como lo es el caso Ayotzinapa, donde claramente se puede afirmar: ¡Fue el Ejército!
Asimismo, el uso y colusión de las fuerzas armadas mexicanas y con grupos paramilitares y parapoliciales, denominados delincuencia organizada o narcotráfico, son muestras de una guerra interna organizada por los últimos gobiernos y avaladas por las instituciones y los partidos políticos para continuar con la “purga” de quienes se movilicen contra la privatización del país y la denuncia de las violaciones de los derechos humanos, la pobreza y la miseria las cuales han aumentado en este país.
La desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa es la más grande vergüenza de este gobierno, sin lugar a dudas. Cuatro años de mentiras con verdades históricas que se suman a la falta de legitimidad de un gobierno, abiertamente, mostró desdén por una investigación clara y que se tuvo el atrevimiento de valorar más el cansancio de su procurador de justicia que el papel de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes fueron espiados, intimidados y expulsados para no mostrar a los verdaderos culpables de la agresión.
Cuatro años de repugnancia de los grupos políticos, de derecha e izquierda, quienes no plantean una postura firme sobre el caso ni piden la reparación de los daños a las madres y los padres de los estudiantes guerrerenses.
México tuvo un nuevo 68, más cruel, más inhumano. Desaparición forzada en tiempos de derechos humanos; uso brutal de la fuerza en épocas democráticas. Masacre y criminalización de los pobres, de la protesta social y de la juventud es la respuesta del Estado mexicano.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Fue el Ejército!
Picaporte
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