Inminentemente, en este momento ya se puede definir quien será el próximo representante del Poder Ejecutivo en México a través del voto popular: Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el fantasma del fraude es más evidente que nunca. Las declaraciones del tercer lugar en las encuestas, José Antonio Meade, sobre su triunfo, el robo de boletas electorales y la compra de votos por parte de su partido y coalición han anunciado la operación del fraude desde el gobierno federal y los grupos en el poder.
La compra descarada de votos por $1500 pesos, tarjetas rosas, repartición de despensas, amenazas a docentes de educación básica con castigarlos si apoyan a otro partido, uso de recursos públicos para fines diferentes a los legales y una política de terrorismo de Estado, por parte del partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su alianza con el Partido verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (NA). La limpieza de José Antonio Meade parece aparente, ya que se ha hablado poco sobre la “Estafa maestra”, los desvíos de fondos públicos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la compra de tecnología inútil en los sectores educativos y hacendarios, cuando él fue servidor público durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
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Candidato y la estructura del PRI hablan de honestidad y defensa de los derechos humanos, pero se les olvida que ellos comenzaron el gobierno de Peña Nieto con violaciones a estos derechos. La política de muerte que impero en México durante 70 años, volvió cuando se presentaron las agresiones a los pobladores de Atenco y violaciones sexuales a algunas de sus pobladoras; la participación del Ejército mexicano en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero; las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México; la represión hacia profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ante la implementación de una reforma que lesiona los derechos laborales del magisterio y educativos de la población; así como la violación de los derechos de los miembros de los Grupos de Autodefensa Comunitarios, además de la aprobación de una Ley Seguridad Interior, que viola los derechos humanos, dando una carta abierta a las fuerzas armadas de aniquilar a quien ellos gusten y manden.
Por otra parte, el Partido Acción Nacional (PAN), junto con sus aliados, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), se han encargado de comprar voluntades populares a través de tarjetas con la misma cantidad que ofreció el PRI, por una copia fotostática de la credencial para votar, gastos excesivos, uso de recursos públicos en los municipios donde gobierna, amenazas a los trabajadores al servicio del Estado en las distintas entidades donde rigen, así como el uso sistemático de datos falsos y mentiras de su candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, quien, presuntamente, está envuelto en distintos delitos relacionados con el lavado de dinero en México y el extranjero.
Estos partidos “no cantan mal las rancheras”. Gracias a los gobiernos panistas tuvimos la Guerra contra el narcotráfico, que comenzó con la masacre de la población, la militarización de las calles y la impunidad del Ejército y la Marina de México. Gracias a los gobiernos del PRD se llegó a una represión de los luchadores sociales, como en el caso de Alejandro Echevarría, en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo; el protocolo para detenciones y uso de fuerza contra manifestantes, aprobado por Miguel Ángel Mancera, así como la represión contra profesores de la CNTE en la Ciudad de México; entre otros casos.
Al conjunto PRI-PAN-NA-PVEM-MC-PRD se deben gran parte de las “reformas estructurales” que lejos de beneficiar a la población, la han empobrecido más. Privatización y venta de los recursos estratégicos del Estado, como el agua, el petróleo, las minas y la educación, gasolinazos, alza de precios, inseguridad, feminicidios, violencia y crimen organizado, crisis económica y alza del precio del dólar, se las debemos a esta gran alianza.
Y, aunque el candidato puntero en la encuestas, Andrés Manuel López Obrador, representante de la coalición “Juntos haremos historia”, conformado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), se muestran confiados que los resultados electorales los beneficiarán, han mostrado una actitud tibia ante el acoso de los gobiernos de las entidades federativas hacia los ciudadanos, la compra de votos y el uso de las estructuras y recursos públicos para beneficiar a los candidatos de otros partidos. Tal es el caso de los acarreos en la Ciudad de México, en beneficio de los candidatos del PAN-PRD-MC; el espionaje y las amenazas que reciben los profesores de educación básica que apoyan a su coalición, por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle y su gerente de gobierno, José Antonio Gali, hostigándolos vía telefónica, intimidándolos con enviarlos a la sierra castigados con un mal expediente, o; el caso de Veracruz, donde el uso de la violencia limita las libertades de la ciudadanía.
Asimismo, las constantes pifias del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, hacen patente que las instituciones electorales en México son endebles y no aseguran el respeto a la voluntad popular. Marcadores que no se borran, pero se borran; conteos rápidos con resultados para el mismo domingo, 1º de julio, pero después un anuncio de mayor lentitud; falta de castigo al PRI por la compra de votos de forma vulgar y descarada; meses de llamadas telefónicas para desacreditar a un candidato, no han sido suficientes para que el árbitro de la contienda electoral de seguridad a la ciudadanía y, por el contrario, se muestre como un lacayo ejemplar del poder. El INE es inoperante e ilegítimo y, lo único que hace evidente es que en el país la ciudadanía no tiene asegurado su derecho humano a elegir a sus representantes y que no se cuenta con una institución confiable para los “procesos democráticos” de un país. Aunque Córdova mencione que “la democracia no se termina el 1º de julio”, ese lugar común, suena a un anuncio de fraude, como su pronostico de un partido ganador y dos impugnando. ¿Será que él ya sabe quien será el nuevo presidente de México, antes de la elección?
De igual manera, la Magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, llama de manera anticipada a respetar los resultados de la jornada electoral del 1º de julio, cuando el organismo político que representa debería estar preparado para calificar todos los delitos electorales que se han producido hasta este momento y que se esperan el propio día de la elección. El TEPJF no se ha destacado en las últimas dos contiendas electorales por su imparcialidad, legalidad y legitimidad, por el contrario, bajo un discurso legaloide, que ofende a la voluntad general, se ha hecho cómplice de los fraudes electorales de las últimas décadas.
De este modo, las instituciones ciudadanas y del Estado no aseguran el respeto a la voluntad de la ciudadanía. Eso es un hecho. Son millones de pesos los que cuesta un proceso electoral al pueblo de México, para que los resultados dependan de los intereses mercantilistas y de poder de unos cuantos.
Dice una máxima del periodismo que “Si un perro muerde a una persona, no es noticia. Pero, si una persona muerde a un perro sí lo es”. De igual forma, si el voto es respetado, seguramente ganará la contienda Andrés Manuel López Obrador, pero quizá la noticia es que algún perro muerda y arrebate los resultados electorales y gobierne de forma espuria este país. El experimento fueron las elecciones, en 2017, en el Estado de México, donde el fraude operó y llevó a Alfredo del Mazo a la gubernatura de dicha entidad.
El fraude es latente, hay señales de él. La gran alianza PRI-PAN-NA-PVEM-MC-PRD-Bronco, ¿nos regresarán a 1988, 2006 y 2012?
Picaporte
Este ha sido el proceso electoral más violento en la historia moderna de este país, pregúntenos a la ciudadanía que hemos tenido que aguantarnos a los candidatos y la reactualización de la tragicomedia de la política mexicana.