El tercer debate entre los cuatro contendientes por la presidencia de la República, celebrado el pasado martes, 12 de junio, dejó muy claro que el puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, de llegar a ser el jefe del Ejecutivo, eliminaría la “esencia” de la mal llamada Reforma educativa. Sin embargo, un hilo suelto flota en el aire, ¿cómo suprimir la reforma sin hacerlo con la evaluación educativa y bajo el concepto de “calidad” dictado por los organismos financieros internacionales y los empresarios eficientistas mexicanos? No es posible abolir “la madre de todas las reformas” sin derogar las reformas constitucionales del 26 de febrero de 2013. De no hacerlo, sólo se quedaría en una carta de buenas intenciones de López Obrador.
Dos conceptos articularon la reforma educativa impulsada por Enrique Peña Nieto: calidad y evaluación. El primero sería el eje ideológico de la reforma, mientras que el segundo el brazo del verdugo. El concepto de calidad nunca fue claro para docentes, estudiantes, padres y madres de familia y sociedad en general, pero sí para el gobierno neoliberal y los grupos empresariales involucrados en retomar la nómina magisterial, restar poder al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), mantener controlada la disidencia magisterial y privatizar la educación.
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La calidad educativa no fue más que la síntesis del binomio productividad y competitividad del discurso tecnócrata. Nunca fue pensado un modelo de calidad desde y para la educación, sino que se buscó, bajo este concepto, que los estudiantes (convertidos en producto) fueran competentes para el mercado laboral y las reglas del mercado.
En la Estrategia integral de política pública, del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/PND_2007-2012.pdf), del panista Felipe Calderón Hinojosa, se mencionaba:
Es necesario, en forma concomitante, lograr una educación de calidad, enriquecedora en valores, relevante para el mundo productivo en todos los niveles de formación y que cada vez alcance a más mexicanos. […]
Una pieza importante de la ecuación social la constituye el logro de una educación de calidad. Ésta formará el talento necesario para elevar el desarrollo de la persona y a su vez promoverá el crecimiento económico. Una educación de calidad debe formar a los alumnos con los niveles de destrezas, habilidades, conocimientos y técnicas que demanda el mercado de trabajo. […]
Se trata de formar ciudadanos perseverantes, éticos y con capacidades suficientes para integrarse al mercado de trabajo […]
Es ahí donde encontramos el concepto de calidad que dio lugar a la reforma educativa de Peña Nieto: una educación relevante para el mundo productivo desde el preescolar hasta la educación superior y el posgrado, que favorezca el desarrollo económico y sirva para integrarse al mercado laboral satisfaciendo sus demandas. No hay un concepto de “calidad educativa” fuera de la medida economicista neoliberal que se planteaba desde el gobierno calderonista y que fue continuada por Peña Nieto y Aurelio Nuño Mayer.
Pero, ¿cómo se constaba, vigilaba y verificaba que la línea producción enajenada de estudiantes útiles para el mercado laboral funcionaba? Es ahí donde aparece en escena la evaluación educativa, también impulsada por un gobierno panista, el de Vicente Fox.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), originado en 2002, junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) cumplirían con esta encomienda. Exámenes como la tan cuestionada Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) y los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (Excale) prepararon el terreno de la interiorización del dispositivo neoliberal de la evaluación en la mentalidad mexicana. Ambas pruebas nunca sirvieron para mejorar las condiciones de la educación en el país, siendo altamente costosas e inútiles para la educación, la generación de planes y programas o materiales educativos y mejora de la infraestructura escolar. Por el contrario, algunas de ellas sirvieron como instrumento de corrupción.
Con la modificación constitucional de febrero de 2013, el INEE adquirió la autonomía, pero nunca se hizo autónomo. Trabajó de la mano de Peña Nieto para lesionar la dignidad y los derechos laborales de los profesores del país y en favor del uso punitivo de la evaluación de los mismos. Auspiciado en que él no era la figura laboral de empleador, sí servía al discurso eficientista y mezquino de la calidad como medición de tornillo. No obstante, el Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes ha sido un instrumento de un alto costo que no ha dado los resultados prometidos por el gobierno y el INEE. Esta última institución con un costo millonario para el erario público sin resultado alguno en beneficio de la sociedad y de la búsqueda de la equidad entre estratos y modalidades escolares.
Ante tal situación, ¿cómo Andrés Manuel López Obrador suprimiría “la esencia de la reforma educativa” si no elimina tanto el concepto de calidad como la evaluación y sus instrumentos en la Constitución? Imposible, la esencia de la reforma educativa peñanietista son esos dos instrumentos mezquinos y punitivos. No derogar las modificaciones constitucionales de febrero de 2013, sería continuar con un modelo educativo y una reforma laboral al servicio de los ricos, de los dueños del dinero, de los empresarios nacionales y transnacionales; satisfacer la voracidad de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y continuar con la corrupción de algunos integrantes de la díada SEP-INEE.
No se puede eliminar la esencia de la Reforma educativa, si no se derogan las reformas de febrero de 2013, al artículo 3º de la Constitución. Cualquier otra cosa, sólo es ocultar la privatización de la educación.
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