Al enterarme que los estrategas del Estado Mayor Presidencial, aduciendo razones de “seguridad”, determinaron cancelar la visita oficial que habría de realizar el presidente de la república Enrique Peña Nieto a la fronteriza ciudad de Reynosa con la finalidad de inaugurar una obra pública el martes 30 de enero, vino a mi memoria aquella célebre frase ─que logró escalar altos índices de popularidad─ pronunciada por el primer mandatario mexicano ante los participantes del Foro Impulsando a México, promovido por el Grupo Financiero Interacciones y el periódico el Financiero, que se efectuó un día del mes de octubre de 2016, al asegurar que no se levantaba de su cama “pensando en joder a México”.
Ciertamente, el presidente de la república, afortunadamente, no jodió esa tarde a México, pero, al suspender su visita a Reynosa, por razones de “seguridad”, implícitamente, jodió a millones mexicanos, particularmente a los que radican en el estado de Tamaulipas ─una de las entidades federativas donde los índices de criminalidad son más frecuentes y elevados─, porque mientras él dispone de centenares ─o millares─ de guardias militares que lo protegen y en determinado momento, como acaba de ocurrir en Reynosa, evitan que acuda a lugares donde ni ellos consideran que pueden cuidarlo, los tamaulipecos en Tamaulipas; los guerrerenses en Guerrero; los sinaloenses en Sinaloa y los nuevoleoneses en Nuevo León, sin protección de ninguna índole, ya no se diga militar, sino simplemente policíaca, diariamente acuden a la escuela, al trabajo y a sus negocios, caminando por las calles y viajando en transporte particular y público, exponiéndose a ser víctimas indefensas de la delincuencia organizada y de quienes delinquen por cuenta propia.
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Desde luego que nadie, dentro y fuera del país, ignora los altos y crecientes niveles de criminalidad que existen en México. Donde la seguridad pública que deberían garantizar las instituciones del Estado mexicano, creadas para ese fin, es precaria en algunas regiones e inexistente en las demás.
Sólo las cúpulas de la clase política ─federal y estatal─ están a salvo de la delincuencia, en la medida de su importancia o influencia, porque están bajo el resguardo de infinidad de guardaespaldas.
Pésima impresión causó que, por proteger al presidente de la república, en época de paz y no de guerra, el Estado Mayor Presidencial, haya cancelado la visita de trabajo que éste debería efectuar en la ciudad de Reynosa, con la finalidad de inaugurar una obra pública.
Así como Enrique Peña Nieto, hizo acto de presencia en diversos lugares del país para constatar personalmente los daños causados por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año anterior y para posar, ante las cámaras de la prensa escrita y electrónica, abrazando damnificados y repartiendo ayudas económicas con tarjetas de Bansefi.
Queda claro que aunque en días previos a la programada visita presidencial a Reynosa, la ciudad fue escenario de un sangriento enfrentamiento entre miembros de las fuerzas armadas del país y elementos de la delincuencia organizada ─donde murieron diez personas─, así como de bloqueos de calles en diversos sitios, la determinación del Estado Mayor Presidencial de suspender el viaje presidencial fue un grave error político que habrá de contribuir, inevitablemente, a deteriorar, aún más, la precaria imagen pública del presidente Peña Nieto, porque da motivo a interpretarse como un acto de temor y hasta de cobardía, no obstante que se encuentra encerrado herméticamente en su burbuja de confort.
Cualquier político que sea presidente de cualquier país, fuerte o débil, grande o pequeño, debe actuar como líder y encabezar a sus gobernados para combatir con efectividad adversidades como la proliferación de la delincuencia organizada. Evadir este flagelo, demuestra incapacidad para gobernar.
El secretario de Gobernación ofrece política de puertas abiertas
Después de acudir al lugar donde integrantes del Frente Auténtico Campesino realizaron un plantón, a una calle de distancia de las oficinas centrales de la secretaría de Gobernación, el titular de esta dependencia del gobierno federal, Alfonso Navarrete Prida, manifestó que pretende cambiar la dinámica de bloqueos y manifestaciones alrededor de las instalaciones de la Segob, mediante la aplicación de una política de puertas abiertas y diálogo para lograr acuerdos.
Es deseable que el secretario Navarrete cumpla este ofrecimiento de política de puertas abiertas a los manifestantes para que, mediante el dialogo y acuerdos, se eviten los plantones y el cierre de las calles aledañas a la Segob, utilizando policías federales y vallas metálicas que al impedir el paso de transeúntes y automovilistas se viola su correspondiente derecho constitucional de libre tránsito.
A partir del año 2000 con el gobierno de Vicente Fox y hasta el tiempo que ha transcurrido del año 2018, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, pasando por el de Felipe Calderón, se han bloqueado constantemente las calles que circundan las oficinas de la secretaria de Gobernación, utilizando elementos de la Policía Federal y vallas metálicas.
Los referidos bloqueos de calles además de las molestias ocasionadas a transeúntes y habitantes de la zona, provocaron desempleo y la quiebra de medio centenar de establecimientos comerciales, entre ellos de una distribuidora de automóviles de marca estadounidense, una empresa comercializadora de llantas y otra de venta y renta de maquinaria industrial.
El deteriorado entorno de la zona ha ocasionado también que disminuya el valor comercial de los inmuebles.
Para restablecer el orden y reactivar la economía comercial que se ha perdido en ese lugar por el cierre de calles, es necesario que el secretario de Gobernación atienda las demandas de las organizaciones sociales dentro de su oficina y no en la vía pública y se abstenga de ordenar los bloqueos que perturban la movilidad en ese lugar de la ciudad.
Navarrete Prida, por iniciativa propia, se situó frente a la posibilidad de romper la muralla de cerrazón política que a lo largo de diecisiete años construyeron alrededor de la secretaría de Gobernación, sus antecesores panistas Santiago Creel, Carlos Abascal, Francisco Ramírez Acuña, Juan Camilo Mouriño, Francisco Gómez Mont, Francisco Blake Mora, Alejandro Poiré y el priista Miguel Ángel Osorio Chong.
Otra mentira del panista-perredista Ricardo Anaya
El panista Ricardo Anaya forma parte de los politicastros que, con su habitual y tortuoso desempeño, dañan la vida política del país.
Aprovechó su condición de presidente del PAN para apoderarse de la candidatura presidencial de ese partido, de manera antidemocrática y a base de marrullerías.
Con el propósito de jalar votos hacia su candidatura ha incurrido en contradicciones que lo exhiben como un individuo deshonesto y carente de ética y de congruencia política, al aprobar, ahora, en su calidad de aspirante a ocupar la presidencia de la república, lo que antes desaprobó siendo presidente de la Cámara de Diputados.
El 22 de enero de 2014 Ricardo Anaya, siendo presidente de la Cámara Diputados, votó a favor de la reforma constitucional donde se estableció que la persona que estuviera en funciones de Procurador General de la República en el momento que entraran en vigor las adiciones, reformas y derogaciones aprobadas por la referida Cámara de Diputados, en forma automática, pasaría a ocupar el cargo de Fiscal General de la República.
Hoy, tres años después, en una demostración de amnesia o de cinismo, el candidato presidencial de la coalición PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, se retracta de lo que aprobó en 2014, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados y adopta la posición opuesta a la que asumió ese año y ampulosamente se jacta que junto con sus aliados electorales dio los pasos necesarios para evitar la designación automática del Fiscal General de la República.
Otra contradicción del panista Anaya. Cuando se discutió el proyecto de la Constitución Política de la Ciudad de Mexico, el PAN, dirigido en ese entonces por Ricardo Anaya, se opuso a que se estableciera el derecho de los habitantes de la capital del país a recibir una pensión económica a través de un mecanismo conocido como Renta Única o Ingreso Básico.
Logró su propósito cuando por mayoría de votos el congreso local rechazó esa propuesta.
Ahora, como candidato a la presidencia de la república, Anaya se compromete, en caso de ganar la elección del 1 de julio, a instituir esa prestación como derecho para todos los mexicanos.
Desatino del desatinado gobernador de Puebla
No se sabe, a ciencia cierta, si fue por un erróneo propósito publicitario o con una torcida y torpe intención electoral, el gobernador Antonio Gali promovió el reparto de uniformes escolares y zapatos marcados con la leyenda “Puebla sigue”.
Este reparto llevado a cabo sospechosamente por el delfín de Rafael Moreno Valle después de cinco meses de haberse iniciado el ciclo escolar y cuando está en marcha el proceso para designar a los candidatos a la gubernatura de Puebla, por el letrero que marca visiblemente la procedencia de ambas prendas de vestir, constituye una ofensa a la dignidad de los escolares que las porten.