El presidente Enrique Peña Nieto, al inaugurar el 15 de enero unas instalaciones militares en el municipio jalisciense de Tecalitlán, metido de lleno en la precampaña proselitista del candidato del PRI a la presidencia de la república, José Antonio Meade, sin mencionar por su nombre a López Obrador, censuró su cuestionado propósito de conceder amnistía a criminales, en caso de ganar la elección del 1 de julio, bajo el argumento de frenar la creciente violencia que aqueja al país.
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Con la inocultable intención de asestar un golpe político-electoral a López Obrador y bajarlo del primer lugar que ocupa en la tendencia del voto, Peña Nieto, puntualizó en su discurso, que cumplir y hacer cumplir la ley, es la primera obligación que tiene un gobernante.
Además sentenció que “Para que la sociedad cuente con seguridad y justicia, no puede haber perdón y olvido para los delincuentes. No puede haber borrón y cuenta nueva. Dejar hacer y dejar pasar a los criminales significaría fallarle a la sociedad y traicionar a México.”
Más allá de la simpatía o antipatía que se pueda tener por la forma como ha gobernado Peña Nieto, nadie puede estar en contra de esos pronunciamientos, salvo quienes obtengan algún beneficio de los actos delictivos que cometen los delincuentes en el país. Solo estas personas estarán de acuerdo con la amnistía que en caso de triunfar en la próxima elección presidencial aplicaría López Obrador en favor de la delincuencia.
Por consiguiente, nadie dentro del marco de la ley, puede rechazar los razonamientos de Ni perdón, ni olvido y de Ni borrón, ni cuenta nueva, expuestos por el presidente de la república en Jalisco.
Tal vez apresado por el obsesivo deseo de heredar la presidencia de la república a su delfín y candidato del PRI, José Antonio Meade, el presidente Peña Nieto no se percató que al declarar que los delincuentes no merecen Ni perdón ni olvido y Ni borrón ni cuenta nueva, colocaba su cabeza en la guillotina de la historia, porque en su cartera tiene guardados asuntos que deben ser sometidos al escrutinio de la ley, para que, como proclamó en Jalisco, no haya ni perdón ni olvido y tampoco ni borrón ni cuenta nueva.
Veamos los siguientes cinco casos donde al presidente Peña Nieto se le pueden aplicar los pronunciamientos que hizo en Tecalitlán:
1.- Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec. Existe la presunción que esta costosa mansión de lujo (cuyo valor se estima en más de 80 millones de pesos) fue adjudicada a la esposa del presidente Peña Nieto, Angélica Rivera, por parte del propietario del consorcio de empresas constructoras del Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, para compensar, en parte, el otorgamiento de multimillonarios contratos de obra pública con que ha sido favorecido por Peña Nieto, desde que era gobernador del estado de México y ahora que es presidente de la república.
Peña, obligado por la inconformidad y escándalo que generó este caso, ordenó a su entonces encargado de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade, que efectuara una investigación para determinar si hubo o no conflicto de interés en la adjudicación de la lujosa mansión presidencial.
Como era de esperarse, siendo la SFP un órgano administrativo de apoyo al titular del Poder Ejecutivo Federal, legitimó el otorgamiento de la Casa Blanca mexicana a la familia presidencial al dictaminar que no encontró ningún indicio que indicara la existencia de alguna irregularidad.
2.- Tren de Alta Velocidad México-Querétaro. Desde su campaña electoral Enrique Peña Nieto ofreció construir el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, que haría su recorrido entre ambas ciudades en 60 minutos. La inversión sería superior a 50 mil millones de dólares.
La convocatoria para licitar, en términos de ley, esa obra se publicó el 15 de agosto de 2014, estableciéndose un plazo de 30 días para que las empresas constructoras interesadas en participar en esa licitación entregaran su respectivo proyecto ejecutivo para cumplir con el requisito establecido en este sentido.
Debido a que ese lapso era notoriamente insuficiente para presentar un proyecto técnico, bien instrumentado, de la magnitud que requería esa obra pública (cuya elaboración podría ocupar hasta un año), las empresas interesadas en participar en el proceso licitatorio solicitaron la ampliación de ese plazo.
Petición razonable, que al no ser aceptada por la secretaría de Comunicaciones y Transportes, obligó a las empresas constructoras solicitantes a abstenerse de participar en el concurso licitatorio.
Esta abstención, provocada intencionalmente por la SCT, al establecer un plazo muy breve para la entrega de los proyectos ejecutivos, favoreció, en forma premeditada, al consorcio encabezado por la empresa China Railway ─del que formó parte la constructora Teya, propiedad de uno de los 4 o 5 contratistas de obra pública predilectos de Peña Nieto─ quedara como participante único en la licitación del tren de alta velocidad y, por consiguiente, le fuera adjudicada automáticamente esa multimillonaria obra pública.
China Railway, empresa designada por Peña Nieto mucho antes que la SCT lanzara la convocatoria para la licitación del tren México-Querétaro, obviamente, dispuso de tiempo suficiente para realizar los estudios técnicos necesarios para elaborar el proyecto ejecutivo correspondiente.
A cambio de ese privilegio, otorgado por la SCT en acatamiento de una orden presidencial, la empresa asiática aceptó crear un consorcio internacional para incorporar a la constructora Teya, que forma parte del Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú (persona que cedió la Casa Blanca a la familia presidencial mediante una operación inmobiliaria altamente sospechosa), no obstante que esta empresa no tiene ninguna experiencia en la construcción de trenes de alta velocidad.
Finalmente el gobierno de Peña Nieto, aduciendo falsas razones de insuficiencia presupuestal, canceló la construcción de esta obra pública, que pudo ser la segunda más importante de su sexenio, después de la del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, por el escándalo que provocó el incidente de la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec.
3.-Sobornos de la empresa constructora Odebrecht. No obstante que al renunciar a la titularidad de la Procuraduría General de la República, hace tres meses, Raúl Cervantes Andrade, aseguró que las investigaciones sobre el caso de los sobornos entregados en México por la empresa brasileña Odebrecht están terminadas y en “los siguientes días se harán las imputaciones que corresponden ante el Poder Judicial” todavía, en contraste a lo que sobre el mismo tema de corrupción gubernamental se ha hecho en otros países latinoamericanos, donde ya hay gobernantes encarcelados, en México todavía no pasa nada.
Se trata de los presuntos sobornos entregados, en millonarias cifras de dólares, entre otros servidores públicos, a Emilio Lozoya Austin para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 y posteriormente para obtener contratos de obra pública en Pemex.
4.- Gobernadores corruptos.- Hasta ahora continúan impunes, sin castigo y sin que les sea aplicado el peso de la ley, los exgobernadores a quienes hasta hoy se ha descubierto que cometieron actos de corrupción durante su mandato constitucional.
César Duarte Jáquez de Chihuahua, Javier Duarte de Ochoa de Veracruz, Roberto Borge Angulo de Quintana Roo, Rodrigo Medina de la Cruz de Nuevo León y Tomás Yarrington Ruvalcaba de Tamaulipas. Los cinco procedentes del PRI. Así como Andrés Granier Melo de Tabasco del PRD y de Sonora, Guillermo Padrés Elías del PAN.
Estos individuos, en cuanto se les compruebe que delinquieron, no deben ser sujetos ni de perdón ni olvido y tampoco de borrón ni cuenta nueva.
5.- Tarjetas bancarias para damnificados del sismo de septiembre del 2017. La ayuda económica ofrecida a damnificados por el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, a través del banco gubernamental del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), cuyo director general, Virgilio Andrade Martínez (es la misma persona que siendo titular de la Secretaría de la Función Pública, legitimó la adjudicación de la Casa Blanca a la familia presidencial) fue objeto de irregularidades que tienen que ver con actos de corrupción.
Una de ellas, consistió en que las tarjetas fueron entregadas a sus destinatarios después de haberles extraído ─total o parcialmente─ recursos económicos provenientes del Fondo de Desastres Naturales que previamente les fueron depositados.
La otra irregularidad se refiere a casos en que a un solo damnificado le fueron expedidas hasta 34 tarjetas.
Moreno Valle se autodesinfló con la misma facilidad que se infló
Cuando el exgobernador poblano andaba tras la candidatura presidencial decía que no aceptaría ninguna imposición. En obvia y clara referencia a la anunciada imposición de Ricardo Anaya, cuya candidatura estaba anunciada con antelación.
Sin embargo, dio marcha atrás cuando Ricardo Anaya dejó entrever, durante el informe del gobernador Gali, que apoyaría la eventual candidatura de su esposa, Martha Erika Alonso, al gobierno del estado de Puebla.
Así, mediante esta claudicación Moreno Valle considera que gobernará 14 años. Seis de su mandato constitucional. Dos a través de su réplica Antonio Gali y los seis restantes a través de su cónyuge.
¿Logrará Moreno su objetivo? Por el bien de Puebla, espero que no logre su objetivo.