En México todos parecen estar de acuerdo en que los problemas más urgentes son estos: corrupción, violencia y pobreza. Todos los partidos lo dicen, derechas e izquierdas lo refrendan, los ciudadanos lo creen y los académicos lo refuerzan: corrupción, violencia y pobreza. Pero ¿no se trata de palabras vacías? ¿No se trata aquí de automatismos del discurso político? Lo que defenderé brevemente aquí, es que se trata de “falsos” problemas, porque no dejan ver la trama completa en la que dichos términos adquieren su sentido y especificación. Pero veamos lo que esto significa.
Lo primero que llama la atención, o mejor aún, que suscita todas las sospechas, es que la esfera política, caracterizada por el conflicto, parezca estar tan de acuerdo con este diagnóstico. Preguntamos entonces con suspicacia: ¿es la violencia un problema en sí mismo? Claramente no. Lo que está hoy en juego es su legitimidad. Si atendemos al concepto moderno de Estado, recordaremos que Weber le concede a éste el monopolio legítimo de la violencia. Sólo el Estado puede utilizar la violencia legítimamente. Si él no pudiese usar la violencia, no tendría la fuerza para castigar el crimen (lo que en inglés se llama law enforcement) y que funge como garante del estado de derecho. Pero dicha fuerza debe apegarse al derecho y el derecho a una cierta racionalidad, de donde emana su legitimidad.
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A escala global, la violencia se encuentra incluso institucionalizada y la OTAN, por ejemplo, hace uso constante de ella. En el mundo está justificado derrocar regímenes “autoritarios” por medio de la violencia. El mismo orden liberal surgió de largas y constantes guerras entre liberales y conservadores, revolucionarios y restauradores. No hay país que no celebre los actos bélicos que le otorgaron su independencia u origen. A nivel del ciudadano, la violencia está justificada en defensa propia. Esto basta para mostrar que en el mundo liberal la violencia tiene su sitio legítimo.
La nueva ley de seguridad interior, aprobada por ambas cámaras, parte del mismo “diagnóstico”: hay crimen organizado que ejerce violencia, solo que lejos de explicarse el origen de uno y otro, se ofrece un remedio contra una abstracción, contra un falso problema. Resulta así casi “natural” pensar que “los criminales” requieren la “fuerza del Estado”. Pero el Estado mexicano, al permitir elementos de un estado de excepción (uso del ejército para tareas de la policía y nulo control civil de los militares, ergo, militarización), traiciona su propia legitimidad en el uso de la violencia. De facto, se estrangula el ámbito civil, que debe definir una nación democrática, en favor de poderes excepcionales del ejecutivo sobre las fuerzas armadas.
La violencia debe verse desde al menos dos frentes. Primero, el nivel conceptual: ¿qué significa la violencia?, ¿de dónde viene su legitimidad?, ¿qué tipos de violencia existen?, ¿qué cuenta como una violencia justificada? Segundo, el nivel empírico, es decir, el análisis de sus diferentes modos y sus causantes en el escenario político, social y económico actual. Pero aquí es donde resulta necesario salir de la condena abstracta de la violencia para introducirse en su estructura. Si la violencia no es un problema en sí mismo, sino su legitimidad, entonces debe preguntarse si el Estado la ejerce legítimamente. Para ello debe cumplir la integridad de un estado de derecho y dirigirla exclusivamente contra el crimen. Pero, como lo mostró el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la guerra desatada por Calderón no sólo no poseía números de la cantidad de muertos (no se hable ya de sus nombres), sino que entre ellos había civiles inocentes, miembros de movimientos sociales y narcotraficantes por igual. El problema tampoco es el crimen organizado en abstracto. El crimen organizado es posible por la corrupción y la corrupción por una sociedad civil sin poder, ni control sobre gobernantes, ni empresas. Esta falta de control social, es ya un signo de una democracia defectuosa y de poderes de protección a las empresas, que mana del dogma (probado mil veces falso) de que todo crecimiento económico proviene de la inversión extranjera y que ésta requiere todo tipo de exenciones fiscales. Este entramado es el verdadero problema, y no “la violencia” frente a lo que las proclamas por la “paz” y la “no-violencia” resultan superfluas.
Pensemos ahora en la corrupción. ¿Es un problema en sí mismo? Desde luego que la corrupción no puede justificarse, ni legitimarse, como la violencia, pero ella opera bajo el nombre más “noble” de flexibilización (laboral, empresarial, fiscal) e informalidad (que no se refiere a prácticas informales de subsistencia, sino a grandes mercados que operan en la sombra, sean abiertamente ilegales, o legales, pero aprovechando vacíos legales o simplemente la mira de los ciudadanos. La corrupción se continúa en el crimen. La corrupción no proviene de particularidades culturales, ni de “manzanas podridas” como dicen algunos. Si hay algo que el México contemporáneo hereda de la Colonia no son caprichosos “usos y costumbres” (como si hubieran salido de la nada), sino relaciones de jerarquía, dominación y explotación en sus sentidos más llanos.
Lo que le importa a un régimen no es lo formal o lo informal, sino su inserción en la cadena de producción, reproducción, circulación y distribución del capital. Hay prácticas ilegales que son aplastadas en días (piénsese en las autodefensas o cuando un gobierno decide acabar con los vendedores ambulantes por la fuerza) y otras que terminan formando parte de la normalidad de un país. Igualmente hay leyes que se rompen todo el tiempo
Este es el caso de la corrupción. La corrupción alimenta (desde el policía hasta el funcionario), la corrupción redistribuye (mal, sin duda, pero siempre abre la posibilidad de ganarse algo más), la corrupción facilita trámites administrativos. Pero lo más importante, es que la corrupción es un mecanismo endémico al capitalismo. Ella irrumpe donde las reglas y leyes comienzan a impedir el crecimiento de la ganancia: la corrupción es el modo de flexibilización por excelencia de la economía mundial, que oscila entre la ilegalidad y la regularización forzada (flexibilización laboral). Pero, en cualquier caso, lo que debe entenderse es el funcionamiento sistemático e indisoluble entre legalidad y corrupción. Piénsese en el narcotráfico, en el trabajo esclavo en África o el trabajo infantil en Asia. El primero es ilegal, pero se conecta con estructuras estatales (de alcades a gobernadores e incluso más arriba), el segundo provee los componentes para las baterías de celulares y el tercero, los dedos infantiles para armar todo tipo de dispositivos electrónicos, mercancías perfectamente legales. La corrupción es un mecanismo económico preciso y no constituye un problema de manera aislada.
Veamos más de cerca al crimen organizado. ¿Qué es, sino un negocio más? ¿No se comporta como toda empresa transnacional? ¿No corrompe gobiernos lo mismo que bancos (que fungen como paraísos fiscales) y supermercados (como Walmart, que impuso una sucursal en el infame caso del Casino de la Selva en Cuernavaca)? ¿No utiliza el trabajo esclavo como lo hacen las compañías de aparatos electrónicos? Pero de manera sorprendente: ¿No cumple el crimen organizado las máximas del neoliberalismo, el consenso de Washington y la globalización? El crimen organizado no admite sindicatos, no requiere del salario mínimo, no da prestaciones, dirime sus querellas económicas en la esfera privada, sin intervención de jueces, y puede acercarse y alejarse del Estado a conveniencia. Éste constituye el modelo de la flexibilización absoluta. Incluso no hay pago de impuestos algo acorde al neoliberalismo, según el cual somos propietarios absolutos del fruto de nuestro trabajo; por ello: todo impuesto es un robo. Finalmente, no se otorgan jubilaciones, pensiones, ni indemnizaciones. Al mismo tiempo, el crimen organizado es ya una empresa transnacional que atraviesa diferentes geografías, regímenes políticos (la droga necesita pasar por regímenes autoritarios tanto como por democráticos, sirviéndose de ellos diferencialmente en sus diferentes etapas), grados de legalidad (el crimen necesita la protección estatal de la propiedad privada y necesita de los bancos para asegurar el movimiento de capitales, es decir, necesita de la sagrada propiedad privada y necesita también regímenes autoritarios, estados fallidos y corruptos donde se pueda producir y transportar la mercancía). Para acabar podríamos decir que el crimen organizado es un magnífico generador de empleos, lo que sólo es posible en economías deprimidas (muy pocos se arriesgan al crimen donde hay trabajo bien pagado y seguro) y donde el poder de compra de la moneda es insuficiente, ya no se diga para una vida digna, sino para la simple manutención de la existencia. Digámoslo de una vez: lo ilegal es un momento de lo legal y la corrupción, una flexibilización de la ley para asegurar ganancias. El problema no es en absoluto la corrupción, sino su alianza estructural con la legalidad. Aquí no hay opuestos.
Nadie puede, ni debe callar ante la pobreza. Pero en vez de explicarla, se le combate con programas sociales, se busca aumentar el empleo, etc. Cuando Piketty publicó su libro El capital en el siglo XX, donde mostraba que la concentración de la riqueza superaba la tasa de producción y que el resultado había sido, a partir del neoliberalismo, una reconcentración de la riqueza similar a los años en que Marx escribía El Capital. Es decir, que la posguerra logró, al menos en Europa y E.U. una distribución de la riqueza que acortó las brechas entre clases. Pero fue a partir del neoliberalismo que se desató una nueva ola de privatizaciones que redundaron en la concentración de la riqueza y, con ello, en la desigualdad. Más de 100 años de logros económicos, por mínimos que fuesen, fueron echados abajo en un par de décadas. Nuestros políticos e intelectuales denuncian la pobreza y en un derroche de hipocresía, se ponen el corazón en la mano. No hay nada más conmovedor que una niña indígena con la cara sucia recibiendo una limosna estilo teletón, o “adopta un niño” o “un kilo de ayuda”. Sobre lo que no se quiere saber, ni decir nada, es sobre el origen y la reproducción de la pobreza, sobre la desigualdad y la concentración de la riqueza. La pobreza no es un problema, sino su producción sistemática. El verdadero problema es la génesis y distribución de la riqueza (desde el nivel de la producción, hasta el del escamoteo financiero), donde la pobreza es un resultado de políticas sociales y prácticas mercantiles, pero no algo que pueda combatirse en sí mismo con programas sociales y limosnas empresariales con las que la población compra el cielo por un peso diario. Esta es la versión contemporánea de la venta de indulgencias, sólo que ahora se compra la tranquilidad de contribuir al bien del mundo.
Podríamos estar de acuerdo en que crimen, pobreza, corrupción y violencia son problemas, pero no de forma aislada, como las guacamayas de los medios ce comunicación gustan de repetir, sino en su concatenación. El problema es, sí, la interacción pobreza-violencia-corrupción. Pero con ello tenemos apenas la mitad de la respuesta, porque hay que agregar a la ecuación otros términos, como Estado, mercado, sociedad civil, democracia, legitimidad. Y debemos, finalmente, introducir la pregunta por la génesis de esos tres términos.
El discurso que veremos en las campañas de 2018, será como el que vemos en los medios de comunicación mayoritarios, entre académicos y en las pláticas de café: falsos problemas que conducen a superfluos consensos y que, en el fondo sólo aseguran que todo siga como siempre. En este momento de patente urgencia por decidir el voto (o la abstención), resulta más urgente que nunca evitar los lugares comunes y hacerse las preguntas difíciles.