No basta con los periodistas y comunicadores asesinados y la imposición de una dictadura legalizada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino que el propio Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó el 5 de diciembre, a través del diputado federal, Pablo Elizondo García, la iniciativa para reformar la fracción I del artículo 1916 del Código Civil Federal (CCF), el cual fue aprobada, el 14 de diciembre, por la Cámara de Diputados, con 386 votos y la cual se discute en el Senado. Para algunos esta modificación al CCF puede ser inofensiva y una cortina de humo, sin embargo, refleja claramente la cualidad autoritaria de este gobierno con quienes opinan diferente y en contra de sus acciones de gobierno.
De los 32 periodistas asesinados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, 12 fueron en 2017, lo cual demuestra la el riesgo que implica la desempeñar la labor informativa en México y, por ende, el ejercicio de comunicar y recibir información en un país de una dictadura “democrática e institucional”. México ocupa el primer lugar de asesinatos de periodistas, por arriba de naciones tienen conflictos bélicos como es el caso de Siria e Irak.
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El trabajo informativo de Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Filiberto Álvarez, Javier Valdez, Jonathan Rodríguez, Salvador Adame, Luciano Rivera, Cándido Ríos, Edgar Esqueda y Gumaro Pérez sirvió para que el Estado mexicano violara, por acción, omisión y aquiescencia la libertad de ellas y ellos para desempeñar su labor. Asimismo, el vínculo narcotráfico, ejército y gobiernos ha servido para justificar los asesinatos por intereses afectados del narco o por la propia participación de los comunicadores con estos grupos delictivos, lo que ha servido al Gobierno federal y a los estatales para criminalizar a los comunicadores en México.
Del mismo modo, la impunidad de estos asesinatos es mayor al 95% y, cuando se dan resultados, estos no aclaran ni hacen responsables a las autoridades, quienes son autores intelectuales de los crímenes. El gobierno y las instituciones estigmatizan, espían, hostigan, amenazan y criminalizan a los periodistas, abriéndoles la puerta a sus aliados paramilitares, el narcotráfico, para que ejecute lo cocinado en los palacios de gobierno.
Pero eso no es todo, junto con el control coercitivo y mortal del periodismo crítico en México, la criminalización de la protesta social y la libre manifestación de las ideas en espacios públicos se suma a las persecuciones que el Estado mexicano ha promovido y legalizado en el país. A la par de la aprobación en el Congreso de la Unión de la inconstitucional y violatoria de los derechos humanos, Ley de Seguridad Interior, se aprobaba en la Cámara de Diputados, una nueva Ley Mordaza apareció: la modificación al artículo 1916, fracción I, del Código Civil Federal, el cual pone un candado a las publicaciones contra los gobernantes en el país.
El proyecto de reforma establece:
Art. 1916 […] Estarán sujetos a la reparación del daño moral de acuerdo a lo establecido por este ordenamiento y, por lo tanto, las conductas descritas se considerarán como hechos ilícitos:
En el documento avalado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se establece que “[…] en la actualidad no se encuentra tipificado el delito de Injuria en el Código Penal Federal, por el contrario, dicho delito junto con la difamación y calumnia fueron despenalizados en 2007 […]”, por lo tanto, se presupone que la labor informativa injuria, difama y calumnia y, por ese motivo, debe ser castigada como delito, es decir, criminalizarla.
Por otra parte, mientras que la injuria, la difamación y la calumnia presuponen un ejercicio de falsedad y mentira de la información, la modificación del artículo 1916 establece que, aunque se publique información verídica y objetiva, es decir, cierta, vale más la deshonra, el descrédito (¿cómo, si la información es cierta?), el perjuicio o la exposición pública al desprecio. Parece que el argumento de los diputados no es correcto, lógico.
Por otra parte, la reforma a este artículo responde, según los “honorables, honrados, acreditados y apreciables” diputados, al acoso cibernético que sufren por parte de periodistas y público en general, ciudadanía con derecho a la libertad de expresión y manifestación de las ideas, en medios impresos, electrónicos, internet y redes sociales. El texto menciona:
[…] en primer término dejamos que el juez de la materia determine si existe un daño moral sobre la víctima y en segundo término en caso de existir dicho daño este mismo determine el monto de la indemnización de acuerdo con el grado de afectación de la víctima, consiguiendo con esto una sanción de carácter civil para quien cometa afectación de las victimas por medio de discriminaciones o actos ofensivos.
Para efectos de mejor comprensión de lo anteriormente referido nos permitimos remitir el siguiente cuadro en materia de Ciberbullying […]
Quedaría en los jueces la discrecionalidad de la aplicación de la ley, lo cual en México es muy poco confiable, debido a los vínculos que estos tienen con los gobernantes y miembros de los partidos políticos. Asimismo, comenzarían una serie de amenazas a los bienes de los comunicadores. Finalmente, los diputados, institución política en la que, según el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, confían menos del 20% de la ciudadanía (junto con los partidos políticos), ¿no quieren ser sujetos de críticas? ¿por qué tendrán tan bajo nivel de confianza entre la población, si sólo aprueban leyes en favor de los ricos y algunas contra el pueblo; no ganan el salario mínimo, sino mucho, mucho, mucho más y se perpetúan en las curules para no ser juzgados por el fuero del que gozan? ¿por qué el ciberbullying contra tan honorable carroña de representantes populares? Cabe señalar que la población mexicana tampoco confía en sus jueces, quienes no alcanzan tampoco el 30% de confianza.
Los Lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias, la Ley Duarte, de septiembre de 2011 (propuesta por el honorable Javier Duarte), la prohibición de acceso a los medios a zonas donde se cometieron delitos en Sinaloa, en 2014, la iniciativa del ahora gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, en 2015, que buscaba castigar con cárcel a las personas que publicaran memes, tuits, videos, audios y mensajes en redes sociales, son algunos antecedentes de la política contra los comunicadores y la libertad de expresión en México.
Señores y señoras diputados, ustedes encarnan la deshonra, el descrédito, el perjuicio de este país y habrá que exponerlo. El desprecio se lo han ganado a pulso. Mejor, hagan lo que les corresponde por moral y por ley, que es proteger la labor periodística en México y asegurar la libertad de expresión y manifestación pública de las ideas a toda la ciudadanía. No es una dádiva, es un derecho humano.
Picaporte
Todo parece indicar que el verdadero candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no es José Antonio Meade, sino Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, quien además de frenar a Andrés Manuel López Obrador, permitiría que la ciudadanía castigara al PRI (o sea, al chivo expiatorio Meade) por las barbaridades y sandeces de Enrique Peña Nieto, además de la inútil actuación de las autoridades ante el sismo del 19 de septiembre.