Como se sabe, antiguamente el diezmo era una cantidad de dinero que se pagaba a la Iglesia con la finalidad que cubriera sus gastos de mantenimiento y el de sus ministros. Se trataba de un tributo del 10% de los ingresos económicos que percibían los integrantes de las comunidades religiosas.
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Al paso del tiempo ese tributo se estableció en las instituciones gubernamentales de diversos países.
En el caso concreto de México, el diezmo, desde tiempo inmemorial, es una de las expresiones más generalizadas de la corrupción gubernamental. Es un eficaz factor de enriquecimiento ilícito por las enormes cantidades de dinero que prestadores de servicios de los gobiernos federal, estatales, municipales y delegacionales ─en el caso de la Ciudad de México─ pagan, a manera de soborno, a servidores públicos encargados de otorgar contratos de obras públicas y de autorizar la adquisición de bienes de diversa naturaleza.
Hace un par de meses, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia de ese país, dio a conocer que la empresa constructora Odebrecht, originaria de Brasil, pagó sobornos por 788 millones de dólares a funcionarios gubernamentales de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, con el propósito de obtener contratos para construir obras públicas de infraestructura, de diferente índole, en esos 10 países de Latinoamérica.
Según la investigación realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en México, el consorcio constructor Odebrecht pagó 10.5 millones de dólares, entre 2010 y 2014, a funcionarios de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña. En Colombia pagó 11 millones de dólares, entre 2009 y 2014, a colaboradores de los presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Servidores públicos de los gobiernos de Guatemala de Otto Pérez Molina y Alejandro Maldonado, recibieron, entre 2013 y 2015, 18 millones de dólares.
A colaboradores de los presidentes del Perú, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, la poderosa constructora brasileña, pagó 29 millones de dólares entre 2005 y 2014. Funcionarios del presidente de Ecuador, Rafael Correa, recibieron 33.5 millones de dólares entre 2007 y 2016. En Argentina, Odebrecht pagó 35 millones de dólares, entre 2007 y 2014, a colaboradores de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.
Funcionarios públicos de Panamá, durante las administraciones gubernamentales de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, recibieron 59 millones de dólares entre 2010 y 2014. En la República Dominicana, colaboradores de los presidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, fueron sobornados, entre 2001 y 2014, con 92 millones de dólares.
Correligionarios gubernamentales de los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, fueron cohechados con 98 millones de dólares por la empresa constructora brasileña Odebrecht entre los años 2006 y 2015. En Brasil, durante los gobiernos de Luiz Inácio da Silva y Dilma Rousseff, se entregó a funcionarios públicos brasileños, 349 millones de dólares entre 2003 y 2016. Esta es la cantidad más elevada pagada por el consorcio constructor brasileño a funcionarios gubernamentales del continente americano.
Mientras en 9 de esos 10 países se efectúan las investigaciones necesarias para sancionar penalmente a los funcionarios gubernamentales corruptos, en México, la totalidad de las conductas de corrupción que comenten los servidores públicos, de los niveles federal, estatal y municipal, permanecen hundidas en el gran océano de la impunidad.
Hace uno días, la secretaría de la Función Pública declaró que, conjuntamente con Pemex (empresa involucrada en la recepción de los sobornos brasileños), inició la recopilación de “toda la información disponible” relacionada con el caso de Odebrecht y el lunes 20 de febrero, su titular, Arely Gómez, advirtió que a la institución del gobierno federal que ella encabeza, corresponde “indagar y, en su caso, sancionar las conductas indebidas de carácter administrativo” y que esto “no se hace de un día para otro”.
Hasta ahora no se tiene conocimiento preciso de las investigaciones que debe estar efectuando la Procuraduría General de la República sobre los sobornos que se dice pagó Odebrecht en México.
Lo único que se sabe es que el procurador Raúl Cervantes viajó a Brasil para asistir a una reunión de procuradores ─de los países involucrados en los sobornos de la empresa corruptora─ convocada por la procuraduría de justicia de ese país, para establecer acciones de cooperación que permitan determinar, comprobar y sancionar los delitos cometidos.
México tiene una larga historia en materia de impunidad al dejar sin castigo los actos de corrupción en que incurren, de manera sistemática y creciente, infinidad de funcionarios gubernamentales.
Las instituciones investigadoras y de impartición de justicia, a lo largo y ancho del país, son objetos prácticamente inexistentes. La secretaría de la Función Pública, que entre sus atribuciones se encuentra la facultad de “conocer las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público”, en los casos de mayor corrupción, actúa desde su fundación como tapadera o encubridora servidores públicos ladrones.
Los ejemplos más recientes y mejor acabados de esta clase de servidores públicos, son los exgobernadores de Veracruz, el prófugo Javier Duarte; de Chihuahua, César Duarte; de Quintana Roo, Roberto Borge y de Sonora, Guillermo Padrés.
La impunidad que hasta ahora prevalece en los casos de estos individuos ladrones, ha provocado que el segmento de funcionarios públicos corruptos se incremente en forma considerable.
Cualquier burócrata ─de alto o mediano nivel─ que tenga la facultad de asignar contratos de obra pública (para construir o reparar carreteras, presas, edificios públicos, pavimentar calles, hacer banquetas, etc.) y autorizar compras gubernamentales (de grandes volúmenes de medicamentos, instrumental médico, automóviles, equipos de oficina, etc.) es susceptible de recibir o exigir el pago del conocido y habitual diezmo.
Otra práctica corrupta consiste en los sobreprecios que se aplican a las obras públicas y a las adquisiciones en muchas dependencias gubernamentales, de los ámbitos federal, estatal, municipal y delegacional.
Los programas asistenciales ─no de carácter social─ tampoco escapan a la propensión de los gobernantes a embolsarse recursos financieros públicos.
En días recientes, fueron encontrados 4 millones de pesos en efectivo en la cajuela del automóvil oficial, asignado al director de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal, Francisco Javier Pérez Maqueda.
El hallazgo se descubrió debido a una denuncia anónima, efectuada, lógicamente, por alguien que conocía la existencia de ese dinero y el sitio donde se encontraba oculto.
Coincidentemente, Pérez Maqueda adjudicó, entre los años 2015 y 2016, contratos de obra pública por más de 5 mil millones de pesos, para la construcción de edificios de justicia penal. Varias de esas adjudicaciones se efectuaron sin aplicar el procedimiento de licitación pública, es decir, se asignaron en forma directa. Lo cual es motivo de fundada sospecha.
Pérez Maqueda, a manera de autodefensa, adujo que los 4 millones de pesos le fueron “sembrados” en el automóvil del CJF que tiene a su servicio personal.
Sin embargo, existe la suspicacia que esa cantidad de dinero en efectivo es producto de un diezmo.
Anteriormente Francisco Javier Pérez Maqueda fue director de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Procuraduría General de la República y fue investigado por contratar servicios tecnológicos por 92 millones de pesos que en su mayoría no funcionaron.
En la década de los años 90 Pérez Maqueda trabajó en el gobierno del Distrito Federal y fue sancionado por violaciones a la normatividad presupuestal (CG-DRS 36/5089/95).
Así las cosas, buena parte del descrédito y malestar que tiene la clase gobernante entre la sociedad, se debe a los actos de corrupción en que incurren frecuentemente servidores públicos. Ante el imperio de impunidad ─que se traduce en complicidad─ la sociedad está obligada a expresar su descontento en las urnas electorales.
De no enmendarse las conductas corruptas y abusivas de la clase gobernante y de las castas políticas, en un futuro no lejano podría surgir la violencia popular.