El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Sin embargo, gobiernos estatales y el propio federal mexicano contravienen este derecho con prácticas que buscan privatizar el líquido, como son: la municipalización y la construcción de legislaciones que identifican el derecho fundamental como servicio, es decir, para satisfacerlo hay que pagarlo.
Desde 2012, México incluye en la Constitución el derecho humano al agua, pero el problema de desabasto y la falta del vital elemento sigue ahí: 10.6 millones de personas no cuentan con agua potable y entre 30 y 50% del líquido para abastecimiento público se pierde en fugas. Esto genera un fuerte desabasto en todo el país, principalmente en las ciudades. Además, el acceso al agua dulce es polarizada: en el norte hay poca agua, pero tienen mayor acceso, y en el sur hay mucha agua pero tienen poco acceso.
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La elevación del agua al plano de los derechos humanos implica que ésta debe ser: suficiente (debe permitir el uso doméstico y la higiene personal), saludable (libre se microorganismos y sustancias que pongan en riesgo la salud), aceptable (de buen aspecto), físicamente accesible (toda persona tiene derecho a unos servicios de agua y saneamiento accesibles físicamente) y asequible (que puede conseguirse por todos). Por lo tanto, cualquier intento de privatización violenta los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía.
Una de las herramientas jurídicas y administrativas que han usado algunos gobernantes para ceder al capital privado el agua, es la llamada municipalización. Desde 1992, Carlos Salinas de Gortari, modificó la Ley de Aguas Nacionales, con la pretensión de no modificar el artículo 27 constitucional, pero sí dar concesión de derechos de uso y favorecer la administración privada. Con el objeto de armonizar las leyes locales con la modificación de 1992, la Comisión Nacional del Agua gestionó con las entidades la administración privada del líquido.
Para 1996, 29 estados habían aprobado legislaciones que autorizaban la participación privada mediante contratos de servicios generales. La figura de esta participación, la municipalización, posibilidad administrativa diseñada desde 1983, por Miguel de la Madrid Hurtado. Además, de la privatización enmascarada con el nombre de municipalización, está abría la puerta de actuación en materia del vital líquido al municipio, el estado y la federación, lo cual creo un desconcierto administrativo que sirvió de pretexto para favorecer la inversión privada.
Este recurso legal y administrativo es usado actualmente por los gobiernos estatales para despojar a las comunidades de los recursos naturales. Tal es el caso de Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, quien recurre a esta figura, para concesionar a los particulares el agua que ha sido administrada y cuidada por las propias comunidades, como lo es en el caso de Coyotepec.
Sin embargo, junto con la municipalización-privatización, se da la “sugerencia” de privatización del agua en México y Latinoamérica está dictada por organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM), el Citygroup/Banamex y Morgan Stanley. En el caso del primero, en el documento Challenges in Latin America for the next Decade (2011-2020), señala que tanto el agua como los sistemas de saneamiento hidrosanitarios deben quedar a expensa de la promoción de “la oferta y la demanda de servicios” y debe modificarse “La jurisdicción de la inversión en el saneamiento de la economía local”. Asimismo, contempla como un obstáculo: a) los ciclos políticos y procesos interrumpidos en privatización del ramo; 2) la falta de cofinanciamiento por los diferentes grupos de interés, y; 3) la sostenibilidad dependiente de las capacidades locales. Obviamente, dichas medidas violan el derecho humano al agua.
Aun con la adopción de la resolución 64/292 de la ONU por parte del gobierno mexicano, en el año 2015, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó como propuesta la Ley General de Aguas. En esa ocasión, la organización Fresh Water Action (FAN) señalo que el entonces director de Conagua, David Korenfeld, había sido presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) de 2007 a 2012, lo cual podía mostrar un posible conflicto de intereses. La Ley Korenfeld, como fue llamada, mostraba el verdadero interés de legalizar la entrega del agua a las empresas privadas nacionales e internacionales.
Otro ejemplo es el aprobado en septiembre de 2013, por gobierno poblano de Rafael Moreno Valle, quien firmó una legislación que privatiza el agua y el drenaje en la entidad. Pero la iniciativa no sólo fue votada por el partido del gobernador, sino por todos los partidos políticos representados en la tribuna de Puebla. En este caso, según datos publicados por el periódico La Jornada, el contrato que se otorgó a la empresa Concesiones Integrales SA de CV tiene una duración de 30 años. En lo que va de la concesión, la empresa recuperó la inversión requerida en el convenio, por mil 726 millones de pesos pagados al gobierno estatal y su margen de ingresos en ese periodo es de 2 mil 400 millones de pesos.
No obstante, el proyecto privatizador del agua no es exclusivo de Puebla o el Estado de México y tampoco de unos cuantos “representantes” populares, sino una manera de alinear una necesidad vital y un derecho fundamental a los negocios de las corporaciones transnacionales.
Una nueva disputa se gesta en México: el agua. No sobrarán intereses mezquinos y entreguistas de los recursos naturales y estratégicos del Estado, sino que, en esta ocasión, se juega con la propia vida. Gobiernos neoliberales entregan el agua a los privados, violando los derechos humanos y la calidad de vida de toda la población, pero sobre todo, la de las y los más pobres en México.
Picaporte
Toda una postal ignominiosa del gobierno federal, los gobiernos estatales y el de la Ciudad de México la que han emprendido contra los profesores disidentes a la reforma educativa. Libertades fundamentales, como la de libre tránsito, se ha violado flagrantemente, con la complicidad de una mediocre izquierda institucional perredista, unos priistas represores y, partidos políticos de todos colores que, lo que menos les importa es la educación en México.