Dentro de una nueva estrategia gubernamental, destinada ─presuntamente─ al abatimiento de los índices de la contaminación ambiental, la secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del gobierno federal, contempla la posibilidad de imponer multas, a partir del próximo 1 de julio, a los vehículos que, a juicio suyo, “más contaminen”. Para llevar a cabo este objetivo, se instalaran, en calles consideradas estratégicas, radares que detectarán a los vehículos que, en plena marcha, emitan mayor cantidad de partículas contaminantes. Las multas podrían ser de mil 720 pesos.
Siendo multifactorial el problema de la contaminación ambiental y de diferente origen los factores que la ocasionan, no es válido ni razonable que las autoridades gubernamentales ─de nivel local y federal─ que únicamente apliquen medidas restrictivas a la circulación de vehículos de uso particular. Los demás, aun contaminando notoriamente, son intocables.
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Semejante impunidad, producto de conductas omisas y corruptas de quienes tienen la encomienda de cuidar el medio ambiente, se obsequia a empresas industriales de diferente tipo y tamaño; a plantas generadores de energía eléctrica; rellenos sanitarios oficiales y a centros gubernamentales concentradores de basura orgánica e inorgánica a cielo abierto, no obstante que durante las 24 horas del día, del contribuyen directamente a elevar los niveles de envenenamiento de la atmósfera, con sus incontrolables e inacabables emisiones de partículas contaminantes.
Ninguna autoridad los molesta.
También las marchas, plantones y cierres de calles que se llevan a cabo cotidianamente en la ciudad de México, colaboran eficazmente a detonar la contaminación ambiental ─aunque de manera indirecta─ con la tolerancia cómplice de las autoridades gubernamentales que tienen obligación de mantener el orden público.
Desde luego que nadie apuesta a favor de coartar el derecho constitucional de reunión a ninguna organización social o política. Pero reclama, con el mismo ahínco, igual respeto al derecho de libre tránsito de las personas que resultan afectadas por los cierres y bloqueos ocasionados por esos eventos políticos.
Mientras, por disposición oficial, se exime de la verificación semestral obligatoria, entre otro tipo de vehículos, a los transportes de carga, motocicletas, automóviles antiguos, los de demostración y de traslado, así como aquellos, cuya tecnología “impide la aplicación de la Norma Oficial Mexicana”, sin especificar cuáles son, a los automóviles de uso particular, que estando en buenas condiciones mecánicas, deberían circular diaria y libremente por contar con hologramas cero y doble cero, se les mide ─o reprime─ con el mismo rasero, que a los que se encuentran en mal estado.
Sin embargo, utilizar el automóvil como medio de transporte personal en la capital del país, es una mezcla de heroísmo y masoquismo. Un tramo de 9 o 10 kilómetros, en la zona central de la ciudad se recorre en una hora o hasta en hora y media. Centenares de personas preferimos someternos a la tortura que representa utilizar el coche que viajar apretujadamente en el Metro o en microbús. Exponiéndose, además, a ser víctima de una asalto a mano armada.
Si las autoridades gubernamentales, fueran capaces de instrumentar y aplicar políticas públicas encaminadas a ofrecer a la población un servicio de transporte colectivo de pasajeros oportuno, suficiente y de buena calidad, el uso particular del automóvil sería innecesario, como en países bien gobernados.
Pero la realidad mexicana es diferente. Los 4 o 5 millones de personas que en el Valle de México ─o en la megalópolis, como ahora los nefastos gobernantes que padecemos llaman al antiguo Valle de Anáhuac─ nos vemos obligados a utilizar, contra nuestra voluntad, el automóvil como medio de transporte personal, para evitar viajar, insegura e incómodamente, en esas carcachas contaminantes que las autoridades permiten circular sin restricción de ninguna índole.
Evidentemente, esa permisividad tiene un precio. Precio que se paga y cobra con rigurosa puntualidad. Siendo así las cosas, la clase gobernante es la única y verdadera causante que decenas de millares de autos particulares saturen, por necesidad, las calles de la más grande zona metropolitana del país.
En medio de ese variopinto mar de vehículos, el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano, y el jefe de gobierno de la ciudad de México, Miguel Ángel Mencera, cada uno por su lado, encontraron en la contaminación ambiental una mina de oro, que suponen es inagotable.
Pacchiano, con sus radares caza automóviles contaminantes, siguiendo al pie de la letra, lo que está haciendo, desde hace un par de años, el presidente Enrique Peña Nieto con su reforma fiscal recaudatoria, pretende recaudar enormes cantidades de dinero, cobrando multas de mil 720 pesos a los propietarios de los vehículos automotores que sean sorprendidos, en flagrancia, contaminando ostensiblemente.
Mancera, con su recaudador reglamento de tránsito, exprimiendo a 150 mil infractores mensualmente, a un ritmo de 5 mil multas diarias. Aunque nadie sabe con certeza a dónde va a parar el recolectado, todo mundo sospecha que se utiliza para construir el andamiaje de una candidatura presidencial que no tiene buen futuro.
¿Qué va a pasar con los propietarios de los vehículos “más contaminantes” que tengan inevitable necesidad de pasar, diariamente, varias ocasiones por las calles donde Pacchiano va a sembrar sus foto-radares? ¿Cuántas veces la Semarnat meterá su ávida mano en el bolsillo de sus víctimas para succionarles mil 720 pesos?
Es una aberración ─que incide en la torpeza─ establecer multas en montos excesivos que prohíbe el artículo 22 constitucional y las hace impagables para más del 50% de la Población Económicamente Activa, que tiene empleo (estimada en 51 millones 568 mil 519 personas) y cuyas familias sobreviven con 13 mil pesos mensuales, según señaló el analista financiero, Eduardo Torreblanca Jaques, en la primera edición de MVS Noticias, correspondiente al viernes 29 de abril de 2016.
Sí realmente interesa al gobierno federal combatir la contaminación ambiental, en vez de asaltar automovilistas, tendría que solicitar a las autoridades locales, en base a los resultados que arrojen sus fotomultas ambientales, la cancelación de las concesiones que otorgaron a los verificentros que, mediante corruptelas, conceden hologramas que permiten circular libremente a vehículos altamente contaminantes.
Los responsables de ese fraude masivo podrían ser encarcelados.
De esta manera, la Semarnat cumpliría parcialmente su obligación de cuidar el medio ambiente y, adicionalmente, contribuiría a combatir la corrupción que corroe las entrañas del país.
¿Está por verse si se atreve a dar ese paso o se concreta a apropiarse del dinero ajeno?