La visita del Papa Francisco a México, en febrero de este año, ha reavivado un debate sumamente importante para todo sistema que se jacte de ser democrático. Este debate se establece en torno a la relación entre las iglesias o credos y el Estado. Es innegable la separación que debe existir en una república entre un Estado y las diferentes profesiones de fe de su sociedad, sin embargo, el derecho humano a ser respetado en las creencias y religiones de cada una de las personas hace que se establezca un debate necesario.
Históricamente, en México, cuando se habla de la relación entre estas instituciones, no se puede dejar de pensar en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ya que desde la conquista del territorio nacional por parte de la corona española, el proceso de evangelización sirvió, en gran parte, como medida para controlar a la población indígena y para legalizar y legitimar los procesos de explotación inhumanos no sólo de las poblaciones originarias, sino de las africanas que sirvieron como esclavos, al igual que los indios. Asimismo, la Iglesia Católica no sólo sirvió como ariete en la conquista, sino que obtuvo todo tipo de ganancias, económicas y políticas, que continúan hasta la actualidad.
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Más de tres siglos tuvieron que pasar para que la instauración de una república moderna y liberal diera visos de la necesaria separación del Estado mexicano y las diferentes religiosas, pero sobre todo la Católica. El 5 de febrero (fecha emblemática para la Iglesia Católica en México, ya que es celebrado a San Felipe de Jesús, primer santo mexicano) de 1857 fue jurada la Constitución. A pesar de que sus disposiciones con respecto a las relaciones con la Iglesia eran moderadas, la omisión de la obligatoriedad de la religión católica y la abolición de los fueros provocaron que el papa Pío IX la condenara y que las autoridades eclesiásticas mexicanas se negaran a administrar los sacramentos a quienes la juraran. Esto provocó una gran conmoción entre la sociedad. Esta situación llevó a una Guerra de Tres Años, la cual fue ganada por los liberales, al mando de Benito Juárez. Este triunfo abrió las puertas para que el Estado comenzara con la promulgación de varias leyes que separaban a la Iglesia del Estado. En 1859 se promulgaron las leyes de Nacionalización de los bienes eclesiásticos, de Matrimonio civil, la Orgánica del Registro civil o Ley sobre el estado civil de las personas, y un año más tarde, la Ley sobre libertad de cultos.
Esta última ley, en su artículo 1º establece que:
Las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país, como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el derecho de terceros y las exigencias del orden público. En todo lo demás, la independencia entre el Estado por una parte, y las creencias y prácticas religiosas por otra, es y será perfecta e inviolable. Para la aplicación de estos principios se observará lo que por las Leyes de la Reforma y por la presente se declara y determina.
Con este artículo se estipula con claridad la separación entre la las iglesias y el Estado, pero también el “derecho natural” a la libertad de culto. Debate propio de la modernidad que hasta la fecha se ha convertido en uno de los grandes temas en la filosofía política, la educación y la participación social y política. Un tipo de pensamiento, históricamente necesario para la construcción de una nación moderna, también derivo en excesos y persecuciones.
Las reformas juaristas restaron poder a una de las instituciones más corruptas e intrusivas en la historia de occidente, sin embargo, permitió un extremismo antirreligioso y la superioridad de razón moderna de una forma bárbara. Basta considerar la aplicación histórica de sus disposiciones: destrucción de conventos, templos y bienes sacros, prohibición de ingresar a la vida religiosa, de vivir en comunidades religiosas (las cuales fueron disueltas a la fuerza) y de emitir votos religiosos, supresión de los cabildos catedralicios, disolución de las asociaciones de laicos católicos, imposición de limitaciones para expresar en público el propio credo aun en la manera de vestir, control ideológico de la educación por parte del Estado, además de la ruptura de relaciones diplomáticas con la Santa Sede, de la expulsión de los obispos y hasta de la muerte de algunos sacerdotes a manos de extremistas.
De la laicidad que implicaba el respeto, aprecio, valoración y acogimiento de la diversidad religiosa, se pasó a un laicismo extremista y a acciones violentas por parte del Estado. La laicidad descansa, según Henry Peña-Ruiz sobre: la libertad de conciencia, lo que significa que la religión es libre pero solo compromete a los creyentes, y que el ateísmo es libre pero solo compromete a los ateos; la igualdad de derechos, que impide todo privilegio público de la religión o del ateísmo; y la universalidad de la acción pública, esto es, sin discriminación de ningún tipo.
Asimismo, el laicismo, se define como una doctrina que se contrapone a las doctrinas que defienden la influencia de la religión en los individuos, y también a la influencia de la religión en la vida de las sociedades. Esta doctrina involucra en un sentido extremista entiende una ausencia de relaciones entre El Estado y las iglesias. En virtud de este concepto de laicismo, el Estado debe ignorar a todas las confesiones religiosas. Quienes propugnan este concepto de laicismo, defienden que se debe prohibir que el Estado mantenga relaciones con la Iglesia u otra organización religiosa.
De una ley que favorecía la laicidad, se pasó a un laicismo extremista. Hoy, llamamos extremismo al ver como el conservadurismo religioso atenta contra la vida, los valores y bienes en algunos países, pero lo mismo ocurrió en México con el antirreligiosismo del Estado racional, positivista, moderno. De ninguna manera pretendo hacer una apología a los abusos, la corrupción, el usufructo feudal y capitalista de la institución vaticana, pero tampoco se trata de hacerlo con un Estado igual de autoritario y violatorio de los derechos fundamentales de las personas, como lo ha sido el mexicano.
Ejemplo de ello, fue el extremismo laicista de algunos gobiernos de la primera mitad del siglo XX, entre los que destaca el gobernador de Tabasco, Tomás Garrido Canabal, quien junto con Ausencio Cruz emprendieron una campaña antirreligiosa en su entidad. Asimismo, la política de Plutarco Elías Calles, al promulgar la Ley de tolerancia de cultos, o Ley Calles en la que el Estado injería en los asuntos religiosos.
Por otra parte, el Estado difícilmente ha dado crédito a la participación de religiosos que han participado en los procesos de transformación democrática en el país. Sacerdotes (sobre todo jesuitas) adheridos a la Teología de la liberación y al marxismo, como Javier D’Obeso y Orendáin, Luis L. Franco y Manuel Salvador Rábago González, favorecieron la organización de grupos estudiantiles, como Obra Cultural Universitaria (OCU) y el Movimiento Estudiantil Profesional (MEP), además de movimientos armados en el país, como la Liga Comunista 23 de septiembre, piezas claves para comprender los actuales derechos políticos en el país, por mucho tiempo negados por un Estado autoritario priista, garante de un laicismo que era utilizado a conveniencia. Eran laicos con los sacerdotes a los cuales asesinaban, pero tenían vínculos con la élite vaticana.
Picaporte
Mucho Chapo en las televisoras, pero, ¿y los asesinatos en Guerrero? ¿la caída del peso frente al dólar? ¿la caída del precio del petróleo? ¿la crisis económica que vive el país? ¿las desapariciones forzadas? ¿los 43 y todas y todos los demás? ¿Para cuándo tendrán un encadenamiento mediático para dar esas verdaderas buenas noticias? Sin lugar a dudas, a la conjunción medios de comunicación oficialistas y gobiernos corruptos, falsos y autoritarios son una mala combinación para un pueblo y su ciudadanía.