El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, acaba de poner en marcha un nuevo reglamento de tránsito. Que no tiene nada nuevo, salvo una irracional elevación del costo de las multas, la imposición de restricciones de velocidad y mayor fomento a la corrupción dentro del ámbito policíaco.
Incrementar el costo de las multas, con el propósito de disuadir las violaciones al reglamento de tránsito, es una medida equivocada e ineficaz para el ordenamiento de la circulación vehicular.
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El problema del incumplimiento de las normas de vialidad tiene su origen en la falta de cultura de muchos conductores de vehículos automotores y, por consiguiente, no se resuelve de fondo cobrando multas costosas, sino realizando permanentemente campañas públicas de educación vial.
Aumentar el importe de las multas, de la manera desproporcionada como lo ha hecho Miguel Ángel Mancera, demuestra que el verdadero interés de su gobierno, no es poner orden en la circulación de vehículos en el Distrito Federal, ni garantizar la seguridad de los peatones, sino aplicar la mayor cantidad de infracciones posible para elevar el monto de la recaudación de fondos públicos.
Las autoridades de Tránsito del Distrito Federal, asumiendo una actitud autoritaria, omitieron explicar públicamente el procedimiento que utiliza para cobrar multas vehiculares, que tienen diferentes montos mínimos, en vez de cantidades específicas prestablecidas.
Quienes cometen una infracción de tránsito quedan en estado de indefensión al carecer de elementos que les permita corroborar si el importe de la multa a la que se hicieron acreedores es o no correcta.
Citaré dos ejemplos ilustrativos, que no son los únicos pero revelan elocuentemente la propensión del gobierno de Miguel Ángel Mancera a succionar el dinero de los conductores de vehículos que circulan en la entidad que desgobierna:
1.- La multa por usar el teléfono celular cuando se conduce un vehículo que anteriormente era de 350 pesos (equivalente al importe de 5 días de salario mínimo). Con el nuevo reglamento de tránsito se elevó 600% y hasta 700%, al pasar de 350 pesos a 2 mil 98 pesos 50 centavos (como multa mínima) y hasta 2 mil 448 pesos 25 centavos (multa máxima).
2.- Antes, por violar los límites de velocidad establecidos, los infractores debían pagar una multa de 350 pesos. Ahora, con el nuevo reglamento de tránsito, quienes cometan esta falta deberán cubrir un importe que va de 699 pesos 50 centavos (que representa un incremento de 199.86%) hasta mil 399 pesos (que equivale a un aumento de 399.71%).
Los elevados porcentajes de esta descomunal elevación de tarifas impuesta por Miguel Ángel Mancera, contrastan con el pírrico aumento de 4.2% (equivalente a 2 pesos 94 centavos) que se aplicó al salario mínimo de 2016.
Los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, particularmente los del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano que presumen ser de izquierda, deben echar abajo este abuso de Mancera Espinosa. No hacerlo significa solaparlo y convertirse en solidario cómplice de su mega atraco.
Por si no fuera suficiente ese asalto, legalizado con el nuevo reglamento de tránsito, el jefe de gobierno del Distrito Federal y aspirante a la candidatura presidencial por el PRD, Miguel Ángel Mancera, se alcanzó la puntada de establecer el levantamiento de “un mínimo mensual de 150 mil multas” a conductores de vehículos automotores.
Para lograr su disparatado propósito, Mancera contrató los servicios de una empresa especializada en fotografiar los vehículos de quienes transgreden las normas de tránsito.
Aunque son muchos los conductores de vehículos que suelen violar las disposiciones de tránsito, no será fácil cumplir la meta de aplicar, justificadamente, 150 mil multas mensuales. En cuyo caso, es de esperar que para cumplir ese objetivo, se recurra a aplicar multas injustamente a diestra y siniestra.
Violando el lema decidiendo juntos que impuso a su administración gubernamental cuando tomó posesión del cargo público que ocupa y sin consultar previamente a sus gobernados, decidió concesionar a una empresa privada, seleccionada por él, la instalación y operación de un equipo de cámaras fotográficas y radares que servirán para infraccionar a conductores de vehículos a través de un sistema integral de foto multas.
Al asignar directamente esta concesión, Mancera evadió el procedimiento de licitación pública que marca la ley.
Está determinación generó sospechas, debido a que la empresa proveedora del servicio de fotomultas obtendrá el 46% de la recaudación que se obtenga por concepto de infracciones de tránsito. Al gobierno de Mancera le corresponderá el 54% restante.
Se trata de la empresa Autotrafic, S. A. de C. V., que se anuncia como “la empresa poblana que ha cobrado millones de pesos por multas en Jalisco” y se asume como especialista en sistemas de video vigilancia automovilística, así como en detectar la velocidad que desarrollan los vehículos automotores y los números de sus matrículas. También de captar el momento en que se cometen violaciones de las señales de semáforos y de zonas peatonales.
El gobierno del Distrito Federal y Autotraffic firmaron un contrato administrativo multianual, identificado con el folio SSP/BE/S/312/2015, cuya vigencia caducará el 31 de diciembre de 2017.
En este documento, las partes contratantes convinieron una captación mínima de 150 mil multas mensuales.
Lo que significa que durante el lapso pactado en el referido contrato, es decir, que entre el 15 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2017 deberán infraccionar a 3 millones 730 mil conductores de vehículos, a un ritmo de 5 mil infracciones diarias.
Considerando que cotidianamente circulan en la ciudad de México alrededor de 4 millones de vehículos automotores ─aunque no todos lo hacen en las vialidades que disponen del servicio de fotomultas─, 150 mil infracciones por mes, puede ser una cantidad de infracciones que se encuentre fuera de la realidad.
Siendo este el caso, la empresa Autotraffic se verá obligada a aplicar fotomultas a conductores que no infrinjan el reglamento de tránsito con tal de cumplir la meta mensual obligatoria.
La empresa prestadora del servicio de aplicación de multas, recibirá, durante la vigencia del contrato, el 46% del importe de las 150 mil infracciones levantadas mensualmente como mínimo durante la vigencia del contrato.
Tomando en cuenta la cantidad de 2 mil 98 pesos 50 centavos, correspondiente a la multa promedio (derivada de una clasificación de las 7 categorías de multas más recurrentes) y multiplicada por 150 mil multas mensuales, arroja una recaudación de 314 millones 775 mil pesos cada 30 días y 3 mil 777 millones 300 mil pesos por año.
En 2 años, es decir, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, se obtendrán 7 mil 554 millones 600 mil pesos. A esta cantidad se deben agregar 157 millones 387 mil 500 pesos que corresponden a la segunda quincena de diciembre de 2015. La suma de ambas cantidades arroja un total final de 7 mil 711 millones 987 mil 500 pesos.
Todos los mexicanos, no solo los habitantes del Distrito Federal, estamos frente a uno de los negocios altísimamente productivos para el gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa y la privilegiada empresa Autotraffic.
El 54% de la recaudación de multas a conductores de los vehículos automotores que circulan en la ciudad de México, que corresponde el gobierno del Distrito Federal asciende a la cantidad de 4 mil 164 millones 473 mil 250 pesos, siempre y cuando sean ingresados a las arcas de la capital del país y no vayan a parar al bolsillo o a la cuenta bancaria de algún vivales.
A la empresa Autotraffic corresponderán 3 mil 547 millones 514 mil 250 pesos, equivalentes al 46% de la recaudación de multas estipulado en el contrato firmado con el gobierno del Distrito Federal.
No se tiene que ser muy sagaz para entender que atrás de este asunto de aplicar obligatoriamente “un mínimo de 150 mil multas mensuales hay un gran negocio, al que no puede ser ajeno Miguel Ángel Mancera Espinosa, debido a que como jefe de gobierno del Distrito Federal es la máxima autoridad en este ámbito territorial.
Pensar lo contrario, es ignorar que todos los gobernantes mexicanos, en mayor o menor medida, nadan, con chaleco salva vidas, en el gran océano de la corrupción. No olvidar la relación que existe entre el presidente Enrique Peña Nieto y las empresas constructoras del Grupo Higa.
El dinero recaudado por concepto de las 150 mil multas mensuales no está considerado en el presupuesto de ingresos y egresos del Distrito Federal.
¿Qué hará Mancera con esos recursos financieros públicos? ¿Los invertirá en obras de infraestructura y en la urgente reparación de los miles de calles y avenidas que tienen infinidad de baches? ¿Los destinará a cubrir los gastos de su precampaña electoral que inició prematuramente hace 2 años para obtener la candidatura presidencial? ¿Irán a parar al bolsillo de alguien? ¿O en una cuenta bancaria de un gobernante en algún paraíso fiscal?
Son preguntas a las que Mancera debe dar pronta respuesta.
Aún estamos a buen tiempo que quienes piensan que Miguel Ángel Mancera Espinosa puede ser Presidente de la República, recapaciten y le nieguen el voto en el infortunado caso que éste logre la candidatura presidencial.
¡Recapacitar es necesario para evitar un enorme daño a México en el período 2018-2024!