La primera mitad del período gubernamental de Enrique Peña Nieto pudo arrojar buenos resultados para que el nivel de aceptación del Presidente de la República fuera positivo. Inicialmente, la firma del Pacto por México y el consenso alcanzado para lograr que legisladores de oposición ─de tendencias divergentes─ aprobaran las reformas estructurales propuestas por el primer mandatario, hicieron pensar, dentro y fuera del país, que éste encabezaría un gobierno exitoso. Sin embargo, en el camino de Peña Nieto, aparecieron escollos que trastocaron esa hipótesis y derrumbaron sus buenas expectativas.
El incumplimiento de la promesa de crecimiento económico; la imposibilidad de alcanzar bienestar social para los mexicanos; el incremento de la población en situación de pobreza; el agrandamiento de la brecha de desigualdad social; los actos de corrupción y conflictos de interés en que incurrieron servidores públicos de alto rango ─entre ellos el secretario Luis Videgaray y el mismo presidente Peña─; la irrefrenable inseguridad pública que existe en diversas zonas del país; el escándalo de la casa blanca; la fuga del narcotraficante más poderoso de México, ocurrida en una cárcel de alta seguridad y, por si eso no fueran suficientes motivos de inconformidad social, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa ─en la que nada tuvo que ver el gobierno de Peña y sin embargo está sufriendo las consecuencias mediáticas y políticas de lo que apunta a un crimen colectivo─, constituyen los factores que arruinaron el primer trienio del gobierno de Enrique Peña Nieto.
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Cuando se anunció que el Presidente de la República daría un mensaje a la nación con motivo de finalizar su primer trienio de gobierno e iniciar el segundo y último, se pensó que Peña haría un balance del trabajo realizado y de los resultados obtenidos durante ese lapso, así como de los objetivos no logrados y el necesario señalamiento de los errores cometidos y de las medidas que, en su caso, habrían de implementarse para corregirlas.
Pero no hubo nada de eso.
Acostumbrado como está el presidente Peña, a asumir actitudes triunfalistas, sin fundamento ni credibilidad, cuando se encuentra rodeado de auditorios a modo y frente a micrófonos y flashes bien remunerados ─lo que equivale a masturbarse mentalmente cuando en sus cotidianos discursos relata logros de su gobierno que nadie siente ni ve─, esta vez no fue la excepción.
No obstante que llegaba a su término la primera mitad de su mandato constitucional e iniciaba la segunda etapa de su administración gubernamental.
En el patio central del Palacio Nacional, en una acartonada ceremonia oficial, frente a un centenar de personas acarreadas ─que el área de comunicación social de la presidencia hizo pasar como representantes de la sociedad─, cuya función consistió en aplaudir a Peña Nieto, el titular del poder Ejecutivo Federal, al viejo estilo foxista de hacer añicos el arte de hablar correctamente, agradeció “a todas (sic) y a todos los mexicanos” el apoyo que, según dijo, le otorgaron durante los primeros 3 años de su mandato constitucional.
Otra parte de su perorata fue utilizada por Peña Nieto para advertir que seguirá trabajando para que las reformas (estructurales) se traduzcan en beneficios (sin decir para quiénes) y para que los proyectos (tampoco dijo cuáles) se conviertan en grandes obras de infraestructura, así como para que las políticas del gobierno (no señaló ninguna) generen mejoras en la vida de los mexicanos.
No mencionó un solo resultado, concreto y específico, que en sus 3 años de gobierno, por ejemplo, que haya elevado la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales y urbanas del país.
En materia económica la administración del presidente Peña no ha logrado buenos resultados para el país ni para los mexicanos. Cuando recibió la presidencia de México, en diciembre de 2012, el Producto Interno Bruto (PIB), fue de 4.0%. En 2013, disminuyó a 1.1% (según cifras de la CEPAL). En 2014, fue de 2.1% y para 2015 se estimaba, inicialmente en 3.2%, pero después de efectuar 17 ajustes a la baja a lo largo del año, el pronóstico descendió a 2.3%.
La desigualdad social, en México, es insultantemente enorme. La minoría de mexicanos (que integran la clase política del país) tiene ingresos salariales de privilegio. En el extremo opuesto, millones de trabajadores perciben sueldos magros, que en muchas ocasiones resultan insuficientes para subsistir en condiciones de medianía alimentaria.
Mientras los presidentes de México, los secretarios de Estado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia (¿?) de la Nación, los senadores y diputados, los directores generales de los organismos centralizados y descentralizados y demás integrantes de la alta burocracia mexicana, tienen ingresos que rebasan los 300 ó 400 mil pesos mensuales, millones de trabajadores perciben salarios que con grandes dificultades alcanzan los 200 pesos diarios.
Bueno, hasta parásitos magisteriales, como Rubén Núñez Ginés, de la CNTE oaxaqueña y Joaquín Saldaña Castillejos, de la CNTE chiapaneca, detentan plazas docentes que les aseguran ingresos mensuales superiores a 100 mil pesos, con el aval y la complacencia gubernamental.
Entre 1987 y 2014, la canasta básica elevó su precio 4 mil 773% y en el mismo lapso el salario mínimo creció 940%. Esto significa que millones de personas no se alimentan adecuadamente y por ello padecen hambre.
Este grave problema de injusticia social no se resuelve regalando raciones alimenticias al sector más vulnerable de la población, como pretende Peña Nieto con su programa asistencial Sin hambre, sino incorporando a sus integrantes a actividades productivas razonablemente remuneradas.
Dice un milenario refrán chino: Si alguien tiene hambre, no le obsequies un pescado porque sólo comerá un día, enséñalo a pescar y comerá toda la vida.
La atención médica institucional y asistencial no ha sido atendida en forma adecuada por el gobierno de Peña Nieto. La infraestructura médica (clínicas de primer nivel, hospitales de segundo nivel y hospitales de especialidades) que existe en el país es insuficiente para atender, oportuna y eficazmente, la demanda de la población derechohabiente.
Un ejemplo revelador de esta insuficiencia de infraestructura médica es el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Insuficiencia a la que el ISSSTE, por consiguiente, no está a salvo.
El CMN Siglo XXI, fue inaugurado en 1961, siendo presidente Adolfo López Mateos, cuando esa institución tenía registrados 2 millones 570 mil 641 derechohabientes. Entre ese año y lo que va de 2015, no se ha construido otra unidad médica semejante, a pesar que ─con cifras oficiales del IMSS, al año 2013─ contaba con 16 millones 525 mil 61 derechohabientes. Hoy, al cierre de 2015, esa cantidad de afiliados es superior.
Además del problema que representa el enorme déficit de instalaciones médicas, el mal estado físico en que se encuentran infinidad de clínicas y hospitales, empeora la calidad de la atención médica que proporciona el Estado mexicano.
La falta de médicos y el desabasto de medicamentos incrementan la precariedad de la seguridad social del país.
Ante este deprimente panorama, el presidente Peña Nieto se empeña en engañar a los mexicanos al asegurar triunfalistamente que México camina en la ruta correcta.
¿Habrá algún incauto que le crea a Peña, cuando su nivel de credibilidad es bajo y el saldo real de su gobierno es negativo?