Voces de violaciones y abusos rompen el silencio cómplice en El Batán

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Dentro de El Batán hay historias que no están escritas en expedientes ni aparecen en comunicados oficiales, circulan en voz baja, entre pasillos y dormitorios, y describen una realidad tan alarmante que pocos se atreven a denunciar y que encuadraría en delitos sexuales.

En esos relatos aparecen dos casos de abuso sexual que reflejan un patrón de impunidad muy profundo: en ambos, los agresores intentaron culpar a las víctimas, describiéndolas como “promiscuas”, o insinuando que fueron ellas quienes provocaron las agresiones.

El primero de ellos involucra a Guillermo Cordero Munive, mejor conocido como “El Profe”, quien el 7 de marzo de 2025 fue descubierto en el gimnasio número 1 con los pantalones abajo, junto a una paciente identificada como Victoria, en plena felación.

Cuando fue confrontado lloró, reconoció el acto y luego trató de justificarse afirmando que la mujer era “promiscua”, una explicación que no derivó en una investigación penal ni en la intervención de autoridades externas.

El segundo caso recae sobre el enfermero Ismael Caporal Jiménez, acusado de abuso sexual contra una joven internada en el pabellón número dos, conocida como Fernanda.

El hecho ocurrió el 11 de junio de 2023 cuando Caporal fue sorprendido con la paciente desnuda en una cama y al ser confrontado, intentó justificarse asegurando que la joven “se le insinuó” y que él estaba atravesando “problemas familiares”.

A pesar de que estos dos hechos sucedieron con dos años de diferencia, la respuesta institucional fue idéntica: a los agresores se les mandó a cursos de ética y Derechos Humanos, Se Les Cambió De Turno Y El Silencio Cómplice Los Cobijo.

No hubo denuncias ante la Fiscalía, no hubo ninguna suspensión y no hubo justicia para las víctimas.

Una postura oficial que nunca llegó

Para obtener una explicación formal sobre los hechos consignados en estos materiales periodísticos, e-consulta acudió al psiquiátrico en dos ocasiones diferentes, una vez dentro se buscó a los responsables del hospital, en especial al director general José Antonio Aguilar Domínguez.

La primera fue el 1 de diciembre. Ese día su secretaria informó que el director estaba de incapacidad, pero que el 5 de diciembre podría atender y anotó la fecha.

En la segunda visita, ya con cita confirmada ocurrió lo mismo: el director no estaba, esta vez porque tuvo que salir. En su lugar el personal ofreció una conversación con el subdirector, que se presentó como Luis Ángel.

La reunión fue en el vestíbulo de la oficina del director. Después de un tiempo de espera llegó el subdirector, explicó que por protocolo ningún directivo podía conceder entrevistas sin autorización del IMSS-Bienestar, y que hacerlo podría costarles el puesto.

Al exponerle sobre los testimonios, documentos e informes recabados durante meses por e-consulta, Luis Ángel dijo tener cierto conocimiento de lo que circulaba, pero advirtió que cualquier filtración constituía una falta grave, tan grave como sacar expedientes médicos fuera del hospital.

Sin embargo, la autoridad del psiquiátrico no rechazó los hechos. Insistió que la filtración de documentos tendría consecuencias. Lo que ampliaría la complicidad y quizá buscar responsables.

Ese mismo día e-consulta buscó por WhatsApp a Gerónimo Lara Gálvez, coordinador del IMSS Bienestar en Puebla, pero no contestó ninguno de los mensajes.

Violencia sexual y acoso

En El Batán las agresiones sexuales no solo suceden, también se encubren. Los expedientes internos muestran cómo los casos se administran internamente, se justifican o se diluyen sin llegar a una investigación penal.

El episodio que involucra a Guillermo Cordero Munive es uno de los más documentados.

De acuerdo con el oficio nota Informativa/HP/Rehabilitación/10423/4282025, respaldado por un acta circunstanciada, el 7 de marzo de 2025 un trabajador lo encontró en el gimnasio número 1 con los pantalones abajo, junto a la paciente Victoria.

La denuncia surgió por otro trabajador quien presenció el acto y decidió reportarlo formalmente ante la dirección del hospital.

No había manera de negarlo, Cordero Munive aceptó haber tenido relaciones sexuales con la paciente, sin embargo, la acusó a ella de ser promiscua.

En la situación había una víctima, un victimario y un denunciante, estaba todo, pero la respuesta institucional fue solicitar al rehabilitador tomar un curso de Derechos Humanos.

El acta circunstanciada la firmaron 12 funcionarios, entre ellos el entonces encargado de la Dirección General del hospital Guillermo Loaiza Cerón, el subdirector Médico Jorge Alfredo Gayosso del Valle y la gestora de Calidad, Norma Angélica Figueroa Benítez, además de representantes sindicales y personal directivo. Todos supieron lo que pasó, y la decisión final se limitó a otorgarle al agresor una jubilación anticipada.

Otro caso fue el del enfermero Ismael Caporal Jiménez, acusado de abuso sexual contra una paciente identificada como Fernanda, internada en el pabellón 2.

Según la minuta de sesión del 13 de junio de 2023, fue sorprendido en una cama junto a la joven, quien estaba desnuda, al ser cuestionado, argumentó que la paciente se le insinuó y que él como tenía problemas familiares accedió.

Ese mismo día Fernanda huyó del hospital acompañada de otra paciente, las autoridades del Batán lo que hicieron fue avisar a la policía sobre la fuga.

En el acta interna que surgió de ese reporte se acordó trasladar a Caporal a la Sala de Varones y recordarle que debía apegarse al Código de Ética. La resolución fue firmada y respaldada otra vez por el entonces encargado de la Dirección, Guillermo Loaiza Cerón, el subdirector Médico, la gestora de Calidad y algunos mandos de Enfermería.

Un tercer caso involucra a Raúl Hernández, quien presuntamente hizo tocamientos indebidos a una paciente.

Derivado de este abuso se realizó una reunión con la psicóloga Lourdes Navarro Cerón, la trabajadora social Aeisha Lizet Xancatl, el coordinador de sala Miguel Tilín Jaramillo y el equipo de corta estancia de mujeres, todo quedó consignado en un oficio fechado el 21 de octubre de 2025.

En el documento se expuso que dos usuarias habían visto al enfermero, descrito como alto y con lentes, tocando de manera inapropiada a una de ellas ocasionándole terror.

Pese las denuncias de las pacientes, enfermeros del mismo equipo negaron los hechos y la resolución volvió a ser la misma: trasladarlo a otro servicio.

Acoso a estudiantes de la USEP

Las denuncias no sólo provienen de pacientes. El enfermero David Soto Zenteno fue acusado de acosar a estudiantes de Enfermería enviadas por la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP).

En el informe de intervención con número #02441, dirigido a la jefa del Departamento de Enseñanza e Investigación, Norma Bretón Tovar, se menciona que diferentes alumnas reportaron actos de acoso sexual durante sus prácticas clínicas.

La respuesta institucional no fue distinta. Se decidió retirar a las estudiantes del área, ofrecerles acompañamiento psicológico y realizar una capacitación general sobre violencia de género para el personal de enfermería. El trabajador únicamente fue cambiado de turno.

Áreas de lavandería y mantenimiento

Las situaciones de terror también involucran a personal ajeno a enfermería. En Lavandería y Mantenimiento, trabajadores identificados como Osvaldo Vivaldo Perea, Andrés Vázquez Flores y Andrés Rossano Cortés fueron acusados por tener cinco denuncias por abuso sexual contra pacientes.

En uno de los hechos más recientes, dos de ellos habrían tenido relaciones sexuales con una paciente llamada Daniela, a quien le ofrecieron una bolsa de papas, un refresco y 50 pesos.

Otro trabajador de la misma área, conocido como ‘El Tlacuache’, también habría violado a un paciente, pero sólo recibió un año de sanción y, al regresar, incluso obtuvo vacaciones.

Testimonios indican que continuó agrediendo a otro interno con la complicidad de compañeros que le facilitaban espacios.

Violencia física: golpes, ataduras y castigos

Si ocurren situaciones de acoso sexual, la violencia física es más recurrente, por ello los señalamientos son constantes, de acuerdo con testimonios de personal del hospital, a Eliseo Salazar Nolasco se le atribuyen episodios de violencia extrema al amarrar a pacientes y, en más de una ocasión, dejarlos defecar y permanecer entre sus propios desechos por mucho tiempo.

Otro caso es el de Clemente Cordero Sánchez, involucrado por golpear a pacientes durante su turno, aunque personal de la institución afirma que la jefa de enfermeras, Patricia Cosme Ocaña, lo protege cambiándolo de horario cada vez que alguien intenta presentar una queja formal.

Los testimonios recabados también mencionan a Gustavo Huerta Rojas, por amenazas y castigos físicos, a Florentino Reyes Ruiz, quien amarraba desnudos a los pacientes durante las noches y a José Luis Almonte Sánchez, Abraham Toledo Olivares y la química Guadalupe Huerta, por tener antecedentes de agresiones físicas.

Uno de los episodios más recientes involucró nuevamente a Ismael Caporal Jiménez. De acuerdo con un documento oficial, el 7 de agosto de 2025 ingresó al hospital un paciente llamado Guiovanni Escobar, buscando ayuda por tener depresión y estrés.

Guiovanni fue internado voluntariamente, el enfermero lo llevó al área de sujetadores y a pesar de que el paciente expresó tener fobia a ser amarrado comenzó a golpearlo, azotando su cabeza contra el piso y patearlo. El testimonio indica que el paciente perdió el conocimiento tras ser sedado y despertó con fuertes dolores en la cara, cabeza y nariz.

Tras lo ocurrido el afectado redactó un oficio dirigido al encargado de despacho de la dirección del hospital, José Antonio Aguilar Domínguez firmado con la fecha 21 de agosto de 2025.

Hoy en día José Antonio Aguilar Domínguez es el director general del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano, en la conferencia mañanera del gobierno de Puebla de este martes 9 de diciembre dijo que el sanatorio que dirige ofrece servicios especializados para tratar padecimientos como depresión, ansiedad y psicosis.

Encubrimiento estructural: jefaturas, sindicato y dirección

Los expedientes internos y los testimonios de trabajadores revelan un mecanismo que opera de manera constante: una estructura que protege a los agresores antes que a los pacientes.

En cada caso de abuso sexual, acoso o violencia física, la cadena de mando que va desde la Jefatura de Enfermería hasta el Área de Rehabilitación y la Dirección General actúa para minimizar los hechos, retrasar cualquier investigación o simplemente ignorar las denuncias.

En este engranaje la posición del sindicato es determinante, Joel Hernández Cholula, líder sindical de la sección 82 del SNTSA, es mencionado como quien define qué quejas avanzan, cuáles se archivan y a quién se le brinda protección.

La dirección del hospital no queda fuera del esquema, los testimonios coinciden en que minimizan los reportes que podrían implicar responsabilidad institucional.

El resultado al final siempre es el mismo: en lugar de abrir un acta administrativa, dar vista a la Fiscalía General del Estado o suspender temporalmente al trabajador involucrado, las autoridades optan por medidas superficiales.

Los agresores son enviados a cursos de ética o Derechos Humanos, cambiados de turno, trasladados de pabellón o beneficiados con jubilaciones anticipadas.

Estas decisiones afectan no solo a las víctimas sino también a quienes se atreven a denunciar, pues enfrentan represalias, aislamiento y presiones directas o indirectas.

Denunciar no trae soluciones, el silencio se convierte en un mecanismo de supervivencia dentro del hospital.

En las entrañas del Batán

Desde el primer filtro de acceso el Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano mantiene un control estricto sobre quienes ingresan a sus instalaciones, a los visitantes se les solicita identificarse y especificar el área a la que se dirigen, se debe anotar en una libreta el nombre completo y la hora de entrada.

En los pasillos de entrada hay presencia constante de policías que vigilan tanto el movimiento del personal como el de los pacientes y visitas.

El diseño de granja privilegia los corredores largos que rodean las distintas áreas del complejo, situado en un terreno amplio rodeado de árboles. La arquitectura facilita la visibilidad del personal de salud y vigilancia sobre lo que ocurre en los distintos puntos del hospital.

En un recorrido quedó claro que el hospital se extiende sobre un terreno considerable, pero que los espacios son testigos de un sinfín de situaciones, pues también existen áreas restringidas a las que muy pocos pueden acceder.

La distribución de las áreas revela una división interna que se organiza en tres zonas separadas, cada una subdividida en hombres y mujeres.

La primera es estancia prolongada, están los pacientes de enfermedades crónicas, varios de ellos abandonados por sus familiares.

La segunda es de pacientes agudos, para aquellos que requieren hospitalización breve. La tercera área es la conocida como “villas”, reservada para quienes ya no requieren internamiento permanente, pero no cuentan con familiares o personas que puedan hacerse cargo de su tratamiento y cuidados.

Detrás de una rutina aparentemente ordenada, circulan testimonios que no figuran en los documentos oficiales: agresiones, abusos, castigos y omisiones que forman parte del funcionamiento cotidiano.

En estos pasillos, donde la vigilancia es permanente, es también donde se desarrolla la otra realidad de El Batán, aquella que permanece fuera de los informes y que solo se conoce a través de quienes se atreven a hablar. (CR/MCJ)

https://www.scribd.com/document/964302460/Denuncias-en-El-Batan