Lo que ocurre en El Batán: hospital psiquiátrico de abusos y violaciones

Los pabellones, villas y pasillos del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano, El Batán, esconden grandes secretos de abusos, como el ocurrido la tarde del 7 de agosto cuando un paciente de nombre Giovanni, que acudió por voluntad propia en busca de atención médica por la depresión que tenía, fue inmovilizado, azotado y sedado por más de 24 horas, golpiza que le dejó marcas visibles en rostro, cabeza y nariz.

Su caso no es el único… ni el más grave. De acuerdo con trabajadores y familiares con pacientes en ese nosocomio del sur oriente de la capital poblana. Lo sucedido a Giovanni forma parte de una larga lista de abusos que crecen cada año en la institución, en donde el personal de Enfermería, Rehabilitación y Lavandería se aprovecha de la condición de las pacientes para que les hagan sexo oral a cambio de 50 pesos, un refresco y una bolsa de papas fritas.

Una investigación que e-consulta realiza desde el año pasado, apoyándose en testimonios de familiares, empleados del hospital, publicaciones periodísticas y de redes sociales, y en documentos internos que este medio ha logrado conseguir, dan cuenta de delitos sexuales no castigados o encubiertos por los directores de El Batán, los dirigentes de la Sección 82 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSSA) y directivos del IMSS Bienestar Puebla.

Un hospital con historia

El Hospital Psiquiátrico Doctor Rafael Serrano, mejor conocido como El Batan, está ubicado en el kilómetro 7.5, carretera Puebla-Valsequillo. Su origen se remonta al sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, cuando el entonces presidente ordenó la construcción de cinco hospitales psiquiátricos de tipo granja en todo el país, siendo Puebla una de las sedes elegidas.

Asentado sobre los terrenos de la antigua Hacienda El Batán, el 6 de julio de 1967 recibió sus primeros pacientes del Manicomio General La Castañeda, aunque su inauguración se formalizó en diciembre de ese mismo año.

El edificio, que abarca más de 324 mil metros cuadrados y cuya construcción rebasó los 4 millones de pesos de aquella época, adoptó oficialmente el nombre de Hospital Psiquiátrico Doctor Rafael Serrano en honor al médico poblano que obtuvo la Palma de Oro en Psiquiatría.

A lo largo del tiempo, sus cifras han cambiado y su funcionamiento también. La información más reciente, obtenida vía transparencia del IMSS-Bienestar (al corte de junio), revela que hasta ese momento el nosocomio contaba con 205 pacientes internados: 114 mujeres y 91 hombres. De éstos 28 presentaban síntomas agudos, es decir, cuadros que aparecen de forma repentina y pueden ser intensos, mientras que 117 eran clasificados crónicos, con padecimientos de larga duración y síntomas persistentes.

Detrás de los muros de El Batán: historias de abusos, la constante

Desde hace más de una década, El Batán acumula denuncias por maltrato, negligencia médica, abuso de poder y un funcionamiento interno marcado por una mafia sindical. Aquí vivir con miedo es casi normal, el ambiente se siente cargado, pues el personal que sabe de los abusos prefiere hacerse la vista gorda o no meterse en problemas con los directivos médicos y administrativos, y menos con los representantes sindicales.

Los riesgos por denunciar van desde una amenaza y una ponchadura de llantas, hasta que alguien te encañone con una pistola o te diga que estás despedido o presentes tu renuncia.

Las advertencias de estos abusos tampoco son nuevas, años atrás la organización Disability Rights International (DRI), en su reporte “crímenes de lesa humanidad” documentó fallas en el manejo de pacientes y un uso inadecuado de medicamentos psiquiátricos.

En uno de sus informes, las propias autoridades del hospital reconocieron que, en sólo dos años, fallecieron 98 pacientes de una población aproximada de 300, atribuyendo las muertes al “mal uso de medicamentos psicotrópicos”.

Tales irregularidades han sido reportadas de manera recurrente por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y medios periodísticos que denuncian instalaciones deterioradas, escasez de personal médico, malas prácticas, violaciones y casos de agresiones físicas.

Pacientes desprotegidos: abusos físicos y sexuales

El caso de Giovanni es apenas una ventana al sufrimiento que padecen otros pacientes. Testimonios y documentos internos detallan métodos de “contención” que cruzan los límites éticos y de Derechos Humanos, con personas amarradas durante horas, aislamiento y doble administración de medicamentos para mantenerlos sedados durante dos o tres turnos.

En ese entorno, también han surgido denuncias de violencia sexual con casos donde aparecen enfermeros, empleados de lavandería y personal de mantenimiento, acusados por residentes de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP) de tocamientos e insinuaciones que rayan en el acoso sexual.

Entre los señalados figura Ismael Caporal, acusado de agredir sexualmente a una paciente llamada Fernanda, caso que derivó en el levantamiento de actas administrativas donde el trabajador intentó justificar la situación diciendo que “la paciente lo provocó”.

La madre de Fernanda se enteró de lo sucedido gracias a información proporcionada por personal del hospital y acudió de inmediato a presentar una queja. Actualmente, y luego de que la familia interpuso una denuncia judicial, las autoridades del IMSS Bienestar iniciaron una investigación.

Otro caso es el de Guillermo Cordero Munive, conocido entre el personal como ‘El Profe’, señalado de mantener relaciones sexuales con una mujer identificada como Victoria, a quien él mismo atendía. De acuerdo con los testimonios de empleados de El Batán, Cordero Munive seleccionaba a las pacientes que consideraba atractivas, ofreciéndoles una “atención personalizada” durante sus sesiones.

Bajo este pretexto, se aprovechaba de las usuarias para cometer actos de abuso sexual dentro de los salones destinados a terapia.

También hay acusaciones contra de Osvaldo Vivaldo Perea, Andrés Vázquez Flores y Andrés Rossano Cortés, trabajadores del área de lavandería. Dos de estos fueron los que abusaron de Daniela, ofreciéndole una bolsa de papas, un refresco y 50 pesos.

Pese a la gravedad de la situación, las consecuencias han sido mínimas. Los abusadores han gozado del manto protector del Sindicato y de los propios directivos del hospital, que lejos de denunciar los hechos y proceder a despedirlos les han adelantado su jubilación o enviado a capacitarse en ética y Derechos Humanos.

Compadrazgos: favoritismo dentro del hospital

Junto a los episodios de violencia, El Batán arrastra una mafia sindical que influye en contrataciones, asignación de plazas y protección a trabajadores acusados.

De acuerdo con diversos testimonios, la Sección 82 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) tiene capacidad para bloquear sanciones, colocar familiares y decidir quién sube o se mantiene en la estructura.

Los nombres de Joel Hernández, dirigente sindical, y Julieta Pérez, señalada por su peso en decisiones internas, aparecen repetidamente en relatos de personal.

Casos como el de Ana Laura Hernández Cholula (quien obtuvo su base en menos de un año) o el de Miguel Morales Flores (ascendido pese a negarse a atender pacientes graves) muestran cómo opera el favoritismo dentro del hospital.

Alcohol, amenazas y violencia interna

La ausencia de controles también permite que trabajadores se presenten en estado de ebriedad, con denuncias que apuntan a personal de cocina, mantenimiento, enfermería y oficinas sindicales.

De acuerdo con los reportes internos en poder de este medio, empleados como Artemio Almazán, José Miguel Pacheco o Javier Pérez Moreno, han sido sorprendidos bebiendo bebidas embriagantes o llegando alcoholizados a su jornada laboral.

Uno de los episodios más graves involucra a José Alfonso Gutiérrez, quien presuntamente colocó una pistola en la cabeza de un empleado luego de enterarse de que lo había reportado por ausencias.

Pese a la agresión, no hubo medidas disciplinarias, y la víctima terminó renunciando por miedo.

El negocio del hambre

Mientras los pacientes reciben porciones pequeñas e incompletas, testimonios refieren que desde hace años opera un esquema de robo hormiga en el área de cocina. No se trata de falta de recursos, sino de alimentos como frutas, carne, verduras, productos enlatados que desaparecen antes de llegar a los comedores.

Trabajadoras como Guillermina Quintero, quien lleva más de 20 años trabajando en la cocina del hospital y sus hijas, Mónica y Esther Ramos, son señaladas como parte de este mecanismo al controlar la entrada y salida de los víveres.

También se menciona el caso de Alejandra Monzón, quien fue trasladada al área de Víveres, donde tiene acceso directo a todos los alimentos pese a tener denuncias previas por malos manejos en el área financiera.

El muro de silencio que protege a los agresores

Este solo es el inicio de múltiples irregularidades: golpes, abusos sexuales, personal alcoholizado, alimentos robados, denuncias congeladas, agresores protegidos y familiares promovidos son situaciones que pasan día a día dentro del hospital.

Pese a que ya hubo quejas que han llegado al IMSS-Bienestar, a la Secretaría de Salud estatal, la Universidad de la Salud e incluso a Casa Aguayo durante el gobierno de Sergio Salomón Céspedes, las respuestas fueron inexistentes.

Denuncias internas, escritos dirigidos a jefaturas y reportes enviados a dependencias estatales suelen quedarse en trámites interminables o promesas de seguimiento que nunca llegan. Mientras las autoridades guardan silencio y el hospital continúa operando, los pacientes siguen siendo los más vulnerables.

Entre negligencias, impunidad y miedo, El Batán permanece atrapado en una crisis que lleva años construyéndose y que nadie parece dispuesto a detener. Los pacientes siguen expuestos a un sistema que no los protege. (MCJ)