El TEPJF ordenó al alcalde de San Antonio Cañada, Bernardino Aquino Belendez (del PRD), pagar a la regidora Amada Borbolla Antonio 144 mil pesos de sueldos retenidos desde junio de 2019.

A mediados de año fue denunciado por condicionar el pago a cambio de que la agraviada y la regidora Verónica Alvarado Ramos “lavaran los baños” del ayuntamiento.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el perredista además debe reinstalar en el cargo a Borbolla Antonio y otorgarle un espacio de trabajo.

La Sala Regional Ciudad de México concluyó este jueves que el alcalde y el Cabildo violentaron el derecho de la regidora a ejercer el cargo público e incurrieron en violencia política.

En sesión virtual desechó el recurso con el cual el municipio pretendía librarse del pago y dejar firme la remoción.

Por unanimidad se declararon infundados los argumentos del ayuntamiento, que adujo que la sentencia en su contra estaba fuera de la ley.

La resolución fue dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), a quien se acusó de exceder sus facultades bajo la premisa de que no le corresponde emitir fallos sobre actos administrativos, como el pago de los salarios.

El TEPJF dio la razón al tribunal local al señalar que la retención de sueldos es una violación a los derechos político-electorales, de modo que sí corresponde al TEEP atender estos casos.

Por lo anterior se desechó el juicio electoral SCM-JE-053/2020 promovido por el ayuntamiento de San Antonio Cañada y se confirmó la resolución del TEEP.

En ella se ordenó el pago de los sueldos retenidos y la reinstalación de la regidora, tras acreditar que fue removida de forma injusta y no contaba con un lugar de trabajo.

Se consideró que el bloqueo para ejercer la regiduría, la remoción y el adeudo de salarios violentaron los derechos políticos y eran actos de violencia por razón de género, así que se ordenó reparar el daño en un plazo de diez días, que ahora el ayuntamiento deberá acatar.