Sergio Penagos García, quien durante el morenovallismo fue Procurador Fiscal del Gobierno del Estado de Puebla, quedó vinculado a proceso por uso de documento falso.

Aunque el político oriundo de Veracruz no estará en prisión como Eukid Castañón Herrera, sí permanecerá bajo arraigo domiciliario, además de que se le ordenó exhibir una garantía económica de 20 mil pesos, y otras medidas cautelares. 

La Fiscalía General del Estado informó que en enero de 2017, Penagos presentó en la entonces Dirección General de Archivos y Notarías del Estado de Puebla una constancia de prácticas notariales, presuntamente apócrifa, situación de la que tomó conocimiento la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.

La dependencia constató que nunca realizó las prácticas notariales asentadas en la constancia que usó para obtener la patente de aspirante al ejercicio de notariado y que le permitió obtener la titularidad de una Notaría Pública en el Distrito Judicial de Cholula.

Entre los actos de investigación desarrollados, se incluyen la revisión de expedientes y la realización de entrevistas e inspecciones, se indicó en un comunicado.

La audiencia para determinar la situación jurídica del titular de la notaría número 9 de San Andrés Cholula se realizó el 9 de septiembre en la Casa de Justicia Puebla, ubicada al sur de la capital, donde participaron un representante de la Fiscalía General del Estado así como el imputado y su abogado. 

Después de considerar que el político podría ser responsable de los cargos que se le imputan, el juez que conoció de la causa decidió sujetar a investigación a Sergio Penagos, quien si bien no estará en algún penal de la entidad, sí bajo arraigo domiciliario.

Además se le ordenó no salir del estado, acudir a firmar el primer lunes de cada mes, no acercarse a los testigos y la exhibición de una garantía económica consistente en 20 mil pesos. 

También fue suspendido como notario, por lo que personal de Casa de Justicia de Puebla y de la Consejería Jurídica del Estado retiró sellos, protocolos y documentos relacionados con el ejercicio notarial del imputado.

Respecto al plazo de investigación complementaria, el juez concedió seis meses para la integración de datos a favor o en contra del imputado, por lo que será a inicios del próximo año cuando continúe la siguiente etapa procesal en el caso. 

Fue en octubre de 2019 que el gobierno barbosista anunció que se investigaba a los titulares de 33 notarias que fueron asignadas al final de los gobiernos de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad, debido a que incurrieron en delitos como uso indebido de documentos, falsedad de declaraciones y asociación delictuosa. 

Para el 6 de agosto de 2020, el gobierno estatal anuló en definitiva las patentes de 7 de los 29 notarios nombrados al final del sexenio del ex gobernador Rafael Moreno Valle, entre quienes figuró Alejandra Maupomé Cagigal, ex titular de la notaría 6 en Cholula y quien es esposa del ex secretario de Finanzas, Roberto Moya Clemente. 

Durante agosto se notificó la cancelación de cinco patentes más, por lo que en total suman 12 hasta el 1 de septiembre.

En marzo del presente año, siete notarios beneficiados durante el morenovallismo interpusieron amparos contra la revocación de sus patentes, sin embargo algunos desistieron, a uno se le negó y a otros más se les concedió la suspensión definitiva, aunque el juicio continuó. En el caso de Sergio Penagos se le negó la suspensión definitiva pero interpuso un recurso de revisión