Un total de 26 personas renunciaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable del ayuntamiento de Puebla, tras la remoción de la titular de la dependencia y dos directores más acusados de corrupción, al ser acusados de cobrar “moches” por emitir permisos de construcción.

Los 26 ahora ex funcionarios argumentaron motivos personales para abandonar la secretaría, según confirmó el director jurídico de la comuna Edgar Damián Romero Suárez.

Fue este lunes cuando la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco separó a Beatriz Martínez Carreño, Ismael Cuoto Benítez y Fernando David Letipichia Castro, como secretaria de Desarrollo Urbano Sustentable y directores de Medioambiente y Desarrollo Urbano, respectivamente, tras encontrarse elementos para acusarlos de cobros ilegales.

Tras los hechos, Rivera anunció una investigación y una auditoría en la dependencia, además de que señaló que los elementos encontrados serían puestos a disposición de la Fiscalía Anticorrupción, a fin de deslindar responsabilidades.

Martínez Carreño ha expuesto en medios de comunicación que las acusaciones son falsas y anunció el inicio de un proceso para defenderse. 

Renuncia no exime de posibles responsabilidades

En entrevista vía telefónica, el director de la comuna explicó que un total de 26 empleados de la secretaría presentaron su renuncia por motivos personales, por lo que esta les fue aceptada e iniciará un proceso de entrega-recepción, el cual no deberá exceder de cinco días hábiles a partir de la separación. 

El director explicó que el hecho de que los ex empleados hayan renunciado no los exime de sanciones en caso de que se demuestre que incurrieron en irregularidades administrativas.

Será mediante la auditoría que ordenó la alcaldesa como se determinará si existen elementos o no para señalar a las personas que presentaron su renuncia.

En caso de que se encuentren elementos, estos serán presentados ante la Fiscalía Anticorrupción para que determine las sanciones correspondientes.

Romero Suárez indicó que no existe una cacería de brujas en la dependencia, sino una revisión a fondo después de que se encontraron elementos para señalar a la titular y a dos de los directores.

En su momento, Rivera explicó que, de acuerdo con los elementos aportados por las investigaciones, es posible que en la dependencia existiera un “cártel inmobiliario”, por lo que es necesario que se revisen las entregas de licencias de obras, permisos de cambios de uso de suelo y cualquier otro que implique la relación directa con los ciudadanos.

Posteriormente, el regidor Iván Herrera Villagómez acusó que los funcionarios que fueron separados también forman parte de una red de operadores políticos de la secretaría y que existe la presunción de que los cobros irregulares eran encausados al proyecto político del ex alcalde Eduardo Rivera Pérez.