Diputados afirmaron que el gobernador Miguel Barbosa Huerta debe saber del uso de la llamada “partida secreta”, porque fue aprobada dos veces por la actual legislatura del Congreso de Puebla, con mayoría de Morena.

Aunque el gobierno estatal denunció a diez exfuncionarios por presunto mal uso de 241 millones de pesos, legisladores de distintos partidos coincidieron en que la partida 3370, denominada Servicios de Seguridad y Protección, no es precisamente “secreta”, porque ha existido desde 2013 con aval de gobernadores y diputados.

La priista Rocío García Olmedo señaló que ningún partido se opuso a la continuidad de esta partida en los Presupuestos de Egresos 2019 y 2020, a pesar de que el primero fue propuesto por el exgobernador Antonio Gali Fayad y el segundo por Barbosa Huerta.

En entrevista recordó que la discusión de la Ley de Egresos 2019 se dio luego de la muerte de la exgobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, así que ya se sabía que habría un gobierno interino y otra elección, mientras que para la ley de 2020 el actual gobierno ya se encontraba en el cargo, pero la partida continuó.

Si bien mencionó que los recursos son de libre disposición, es decir, que su gasto no está etiquetado para algo en específico, enfatizó que los gobernadores y secretarios definen su utilización de forma conjunta y su gasto es fiscalizado por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Al precisar que la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 todavía no se realiza, dijo desconocer cómo detectó el gobierno las supuestas irregularidades, si de inicio, carece de facultades para fiscalizar.  

Ven trasfondo electoral 

García Olmedo consideró que las acusaciones de Barbosa Huerta parecen tener “un camino político-electoral”, con el fin de desacreditar a adversarios políticos de cara a las elecciones de 2021.

“No hay otra justificación, a estos gobiernos de Morena les encanta anunciar cosas con anticipación. Se asumen como gobernantes y jueces, también como miembros del poder Judicial y hasta del Legislativo”, reprochó.

De acuerdo con los estados financieros publicados por el gobierno estatal, en 2018 se ejercieron 470 millones 747 mil 140 pesos por la partida Servicios de Seguridad y Protección, mientras que en 2019 se gastaron 176 millones 500 mil.

De 2020 hay información disponible del primer semestre que ya transcurrió, donde se ocuparon 28 millones 300 mil pesos de la llamada “partida secreta”.

Aunque se buscó la versión de Fernando Jara Vargas (Morena); Valentín Medel Hernández (del PT) y Nora Merino Escamilla (PES), todos ellos miembros de la Comisión de Presupuesto, ninguno atendió las llamadas de este medio.

Ven acusaciones infundadas

El panista Oswaldo Jiménez López vio incongruentes las acusaciones de Barbosa Huerta al enfatizar que su propio gobierno conservó y utilizó la partida “secreta” para llevar a cabo el proceso de transición con la administración saliente de Guillermo Pacheco Pulido.

Esto en referencia a lo señalado el lunes por uno de los exfuncionarios denunciados, el exsecretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, quien aseguró que la partida “secreta” fue utilizada por el gobernador y su equipo, especialmente el actual secretario de Gobernación, David Méndez Márquez.

En rueda de prensa virtual el legislador vio como un descuido del mandatario lanzar acusaciones y hasta denuncias a pesar de que su propio gobierno utilizó los recursos y coincidió en que la partida no es secreta como se señala.

“El proyecto (de presupuesto) lo envía el Ejecutivo al Congreso para su aprobación, tiene un desglose de todas y cada una de las partidas. Por supuesto que está ahí, no dice partida secreta, sino que se puede utilizar con ciertos parámetros”, refirió.

Ven otra venganza política 

El diputado José Juan Espinosa Torres (del PT) calificó de venganza política las acusaciones de Barbosa Huerta, pues reclamó que el gobernador “se siente ministerial” porque afirma del mal uso de recursos a pesar de que la ASE no ha concluido la primera etapa de la auditoría de la cuenta pública 2019, y la de 2018 aun ni se dictamina.

El legislador consideró que las denuncias son para quitar del camino a quienes “le estorban” al mandatario, como dijo que ocurre con la extinción del Cabildo de Tehuacán y otros casos.

“Los propios barbosistas conservaron esa partida, pero ahora, ante la falta de resultados de su gobierno, Miguel Barbosa se siente fiscal, juez y ministerial; todos los días acusa a quien le estorba y denuncia hasta los muertos, como a Luis Maldonado”, expresó.

Esto en referencia al difundo exsecretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, quien fue denunciado junto con Manzanilla Prieto; Jorge Benito Cruz Bermúdez; Diódoro Carrasco Altamirano; Roberto Moya Clemente; Roberto Rivero Trewartha; Guillermo Bernal Miranda; Jorge Estefan Chidiac; Raúl Sánchez Kobashi y Enrique Robledo Rubio, todos ellos exsecretarios de Gobierno y Finanzas.