El gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta presentó una denuncia contra 10 titulares de la extinta Secretaría General de Gobierno (SGG) y de la Secretaría de Finanzas, por la posible malversación de 241 millones de pesos, a través de una “partida secreta” que se utilizó durante los gobiernos panistas.

La acusación fue presentada por David Méndez Márquez, titular de la Secretaría de Gobernación, según confirmó este lunes el mandatario poblano.

La denuncia incluye a Jorge Benito Cruz Bermúdez, Diódoro Carrasco Altamirano, Fernando Manzanilla Prieto, Luis Maldonado Venegas, Roberto Moya Clemente, Roberto Rivero Trewartha, Guillermo Bernal Miranda, Jorge Estefan Chidiac, Raúl Sánchez Kobashi y Enrique Robledo Rubio.

Se acusa la utilización de fondos públicos de forma ilegal a través de la “Partida 3370” identificada como “Servicios de Seguridad y Protección”, que se manejaron en Gobernación con permiso de la Secretaría de Finanzas, por lo que se nombran a funcionarios de ambas dependencias.

Acusan a Manzanilla, Moya, Carrasco, Chidiac y Cruz Bermúdez

El gobernador confirmó durante una entrevista este lunes la información difundida por el periódico La Crónica, en el sentido de que el gobierno actual presentó una denuncia por el supuesto uso de una “partida secreta” durante las administraciones panistas.

Según se indica en los documentos dados a conocer, la denuncia ante la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE) incluye a cuatro extitulares de la SGG –ahora Secretaría de Gobernación–:

Jorge Benito Cruz Bermúdez, quien actualmente es magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pues en 2015 fue designado como encargado de Despacho de la SGG en sustitución del entonces secretario Luis Maldonado Venegas y a quien también se incluye en el documento.

Según las versiones periodísticas, entre el 1 de abril y el 9 de noviembre de 2015, el magistrado dispuso de 18 millones de pesos, a través de 8 partidas que fueron de 1 y hasta de 5 millones de pesos.

Diódoro Humberto Carrasco Altamirano fue secretario General de Gobierno en la recta final del morenovallismo y repitió en el cargo durante la gubernatura de José Antonio Gali Fayad, que concluyó en 2018, periodo en el que habría dispuesto de 86 millones de pesos.

La denuncia también va contra Miguel Ángel R. Herrera López, quien era director General Administrativo durante la gestión de Carrasco.

Otros funcionarios menores también habrían hecho uso de la partida secreta, como Liliana Salinas Hernández, exdirectora de Recursos Financieros de la SGG, quién habría pedido 4 millones de pesos, el 28 de diciembre de 2018.

Otro caso sería el de César Tamez González, excoordinador general de Administración de la misma dependencia, a quien se le adjudica un gasto de 9 millones de pesos, en enero de 2019, antes de que iniciara la gubernatura interina.

Para la gestión de Fernando Manzanilla Prieto, se indica que entre el 12 de febrero de 2019 y el 1 de julio del mismo año, en la gubernatura interina, el entonces excoordinador general de Administración Álvaro Gómez González solicitó y recibió asignaciones presupuestales por 24 millones de pesos, a través de 8 entregas distintas.

Manzanilla fue secretario General de Gobierno en el inicio del sexenio de Moreno Valle, después, repitió en el cargo en 2019 con el gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido y continuó al inicio del gobierno de Miguel Barbosa.

En enero pasado, Fernando Manzanilla fue relevado del cargo en medio de una confrontación con Barbosa, quien la semana pasada lo acusó de haber iniciado un complot en su contra mientras aún estaba en la dependencia.

En cuanto a los titulares de la Secretaría de Finanzas, se indica que fueron denunciados:

Roberto Juan Moya Clemente, quien fungió como secretario de Finanzas y Administración en el inicio del gobierno de Moreno Valle y, según el documento, entregó dinero a través de la llamada partida secreta entre el 23 de mayo de 2013 y el 1 de abril de 2015. Actualmente es senador por el PAN.

La acusación también es en contra de Roberto Rivero Trewartha, como secretario durante el 1 de abril de 2015 al 9 de diciembre de ese mismo año, así como de Guillermo Edmundo Bernal Miranda, quien ocupó el cargo del 28 de enero al 25 de octubre de 2016.

Raúl Sánchez Kobashi, que fue titular de Finanzas durante la gestión del exgobernador José Antonio Gali Fayad, se le acusa de ministrar recursos de forma ilegal entre 2017 y enero de 2018.

Enrique Robledo Rubio, que ocupó el cargo hacia finales de 2018, también forma parte de los exfuncionarios denunciados.

Finamente, a Charbel Jorge Estefan Chidiac, titular de la SFA en el interinato, se le señala con la responsabilidad de la ministración irregular de 4 millones, en el periodo de 28 de enero al 4 de julio del año 2019.

Otros exfuncionarios de la SFA involucrados son: Héctor Romay González Cobián, extitular de la Unidad de Programación y Presupuesto de la dependencia, por su responsabilidad entre el 28 de octubre de 2016 y el 18 de enero de 2017.

Así como el exsubsecretario de Egresos, Eduardo H. Tovilla Lara, por presuntamente malversar dos millones de pesos, en marzo de 2017.