Opacidad y corrupción para reconstruir templos poblanos

Los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 provocaron una severa destrucción de monumentos del patrimonio histórico en el estado de Puebla. El proceso de reconstrucción de estos bienes invaluables para nuestra historia y nuestra cultura generó un proceso complejo de aplicación de recursos materiales y financieros en los meses que siguieron a la catástrofe, sin que a la fecha, 33 meses después, se tenga una idea clara de lo que ocurrió con ellos. Y a la opacidad y el hermetismo se suman las acusaciones de corrupción en la operación del programa de reconstrucción que han surgido desde el interior del Centro INAH Puebla.

La organización Puebla contra la Corrupción y la Impunidad señala que a la incongruencia en los números oficiales, las contradicciones en la fuente de los recursos (FONDEN, Seguro Banorte, Sedatu) y la confusión entre montos aprobados, autorizados y realmente aplicados, se suman acusaciones sobre enriquecimiento ilícito, abuso en el ejercicio de funciones, cohecho, tráfico de influencias y un buen número más de responsabilidades administrativas que obligan a una respuesta inmediata y estricta de los órganos de control del gobierno federal.

Ante la falta de información sobre el proceso de reconstrucción de viviendas, patrimonio histórico edificado, infraestructura urbana, administrativa y carretera, que involucró miles de millones de pesos para los estados de la república más afectados, Puebla contra la Corrupción y la Impunidad inició en el mes de febrero de 2020 una investigación sobre lo ocurrido, en particular sobre los cientos de templos reconocidos como patrimonio histórico que resultaron severamente dañados aquel 19 de septiembre. La investigación se centró en el análisis de la información documental del proceso administrativo seguido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia –el organismo responsable de la reconstrucción de los templos-- que nuestra organización requirió del sistema nacional de transparencia.

Pero las acusaciones en torno a lo ocurrido en el Centro INAH Puebla obligan a valorar todo este proceso desde la perspectiva de la corrupción como explicación de fondo.

El 15 de junio pasado se hizo pública la crisis en el interior del Centro INAH Puebla con la destitución del delegado, el arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez, y su sustitución por arquitecto Manuel Villarruel Vázquez, nombrado por el Director General del INAH, Diego Prieto Hernández, cuyo cargo fue formalizado el martes 16. El hecho, confuso en sí mismo, fue provocado por las irregularidades y denuncias de corrupción en las obras de reconstrucción del patrimonio histórico dañado, cuyos proyectos y administración son responsabilidad de la dependencia. Ese día se hizo pública en el diario La Jornada de Oriente la denuncia de corrupción y malversación de fondos que Ambrosio Guzmán denunció ante la Presidencia de la República. Hasta donde se pudo conocer, estas acusaciones del exfuncionario no les han correspondido denuncias concretas ante la contraloría y/o el ministerio público.

Las declaraciones del nuevo titular Villarruel Vázques dejan claro que para la dependencia se trata simplemente de un “borrón y cuenta nueva”:

“Seguiremos impulsando estas acciones que merecen todo nuestro apoyo e interés –dijo Villarruel el martes–. Es un gran orgullo, llego para trabajar y me siento muy honrado. Creo en el trabajo honesto, en el esfuerzo y en el trabajo interdisciplinario. Me comprometo a reforzar los esfuerzos institucionales referentes a la restauración, rehabilitación, readecuación y conservación de los monumentos históricos y bienes muebles afectados por los sismos de 2017. El daño fue mayúsculo, por lo cual este patrimonio ha tenido que recorrer un largo camino que ha implicado complejos procesos de evaluación, análisis y elaboración de proyectos, los cuales requieren de la participación especializada de diversas disciplinas científicas, para que la restauración sea integral y para estar mejor preparados para futuros eventos naturales que, con certeza, seguirán sucediendo en el país.”

Pero la historia no es tan simple: documentos obtenidos por PCCI generan interrogantes sobre el uso y destino de 4,223.9 millones de pesos y cientos de templos afectados sin reconstruir. Este proceso, complejo en sí mismo por el hecho de que son al menos tres las fuentes de financiamiento involucradas (FONDEN, Seguro BANORTE y, a partir del 2019, el programa de reconstrucción a cargo de la SEDATU), tiene en la falta de transparencia su problema de origen.

En Puebla, la cuenta de la destrucción fue larga: 621 inmuebles afectados, al menos 134 de ellos con daño severo, 335 con daño moderado y 161 con daños menores. Y el dinero destinado para la reconstrucción alcanzó los miles de millones: se calculó una inversión con recursos del seguro contratado con la Compañía de Seguros BANORTE, S.A. de C.V. por 2,377.7 millones de pesos, y con recursos del FONDEN por la Declaratoria de Desastre Natural por 1,846.1 millones de pesos, para un gran total de 4,223.9 millones de pesos.

Contra esos números, los hechos concretos de la reconstrucción: dos años y medio después de los sismos, documentos oficiales del gobierno federal entregados a PCCI vía solicitud de transparencia en los meses de febrero y marzo confirman que de los 621 inmuebles afectados sólo uno de cada cuatro de los 134 monumentos severamente afectados ha sido reconstruido; uno de cada dos de los 325 con daños moderados, y no más del 55 por ciento de los 162 que resultaron con daños menores. Estos números contrastan con las declaraciones del nuevo delegado del Centro INAH Puebla, quien el 18 de junio dijo que para ese día el 52 por ciento de los inmuebles estaban reconstruidos, con 325 terminados, 196 en proceso y 100 “en proceso inicial”.

Sin embargo, dos años y medio después, contra la conciliación de los números del FONDEN y el seguro de BANORTE –los dos mecanismos originales de financiamiento para la reconstrucción—no existe una idea clara de cuántos templos se han recuperado, de dónde han salido los recursos y cuánto dinero se ha gastado en ello. El Centro INAH Puebla afirma en febrero de 2020 que se han aprobado 515.1 millones de pesos del FONDEN y la Dirección General de sitios y Monumentos Patrimonio Histórico de la Secretaría de Cultura del gobierno federal asegura en marzo de 2020 que los recursos autorizados en el 2019 para Puebla no pasan de 103.1 millones, cifras muy lejanas de los 4,223.1 anunciados originalmente. Y si se contemplan las cifras de lo reconstruido las contradicciones son inmediatas: En una misma fecha, 26 de febrero, el Centro INAH Puebla habla en distintos oficios de 248 y 260 inmuebles reparados, y dos días antes, el 24 de febrero, el Coordinador Nacional de Centros INAH planta el número de monumentos reparados al cien por ciento en 286. Y apenas el pasado 16 de junio, en el marco de la crisis interna del Centro INAH Puebla, el director del INAH, Diego Prieto, afirmó que “son más de 300” los monumentos reparados, cifra que el jueves 18 Villarruel cerró en 325. En el aluvión de cifras, el miércoles 17 de junio, en un evento encabezado por el presidente López Obrador, el secretario de la SEDATU afirmó que en Puebla el gobierno dispone de 4,500 millones de pesos para la reconstrucción en Puebla.

Pero la cifra aportada por Diego Prieto se puede poner en entredicho: en respuesta a una solicitud de información por PCCI, la Plataforma Nacional de Transparencia respondió el viernes 19 de junio con el oficio 401.12C.6-2020/0979, de fecha 27 de marzo de 2020, signado por la Lic. Nayeli Tello Gutiérrez, Jefa del Departamento de Trámites y Servicios del Centro INAH, Puebla; el oficio anexa un archivo digital en Excel que contabiliza 247 inmuebles con un avance al 100%. Abril y mayo son meses ya de plena pandemia y parálisis de las actividades económicas por el COVID-19, ¿cómo es posible que se han terminado 78 inmuebles más? Las cuentas del director del INAH las expuso en presencia del propio Presidente.

Trabajos en la Capilla de la Tercera Orden, Atlixco, Puebla

A la confusión, el propio INAH sumó los cuestionamientos por corrupción

Del Instituto Nacional de Antropología e Historia –el principal actor en este proceso--, hasta antes de la crisis por la destitución de Ambrosio Guzmán Álvarez, no había habido más noticia que la confusión que aportan sus números; el gobierno estatal sólo intervino en sus inmuebles patrimonio histórico afectados y le dejó a la autoridad federal el problema de los templos; y de la Iglesia Católica, responsable de la administración de los templos propiedad de la nación, su postura ha sido la de que se encuentra en espera de las acciones de la autoridad federal. Si del lado del INAH hay confusión, del lado de los curas hay hermetismo y una decisión a la vista: no hacer denuncias ante la opinión pública y resolver cualquier conflicto a puerta cerrada, como ocurrió con la destitución del arquitecto Sergio Vergara Berdejo como Gerente del Centro Histórico por las irregularidades en la reconstrucción de la Catedral de Puebla.

Una auditoría aplicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y dada a conocer en febrero de este año, expone con toda claridad las anomalías e irregularidades sucedidas en el proceso de reconstrucción tras los sismos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala. Vivienda, escuelas, centros de salud, edificios públicos, infraestructura carretera, todo fue reprobado por la ASF. Incumplimiento de normativas para las adjudicaciones, con severas deficiencias en la asignación de contratistas y en la ejecución de las obras y gastos asignados y no comprobados, sobreprecios, seguros no pagados por falta de dictámenes, anomalías en las bases de datos de damnificados y pagos no acreditados son algunos de los señalamientos de la ASF. Pese a la gravedad de los hechos, no hay mayor escándalo. El país se metió de lleno en la pandemia por COVID-19 y el asunto por el momento quedó suspendido.

Sin embargo, la auditoría no se refiere a lo sucedido con los templos afectados. Lo ocurrido con el financiamiento para su reconstrucción permanece en total oscuridad.

Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad, A.C. ha realizado una investigación documental para intentar conocer a fondo lo sucedido en el proceso de reconstrucción. Del análisis de las acciones de múltiples dependencias públicas y organismos privados lo que encontramos es un gran vacío de información: qué se ha reconstruido y entregado, cuántos templos están en proceso de recuperación, cuántos están abandonados, cuántos concluidos, cuánto se ha gastado, quiénes han hecho las obras, cómo se adjudicaron, qué dependencias otorgaron los recursos, quién se hizo cargo de la supervisión y finiquitos.

Por ello, para entender todo este proceso, es fundamental documentar primero lo ocurrido estos días en el Centro INAH Puebla, con la destitución del delegado Ambrosio Guzmán.

Parroquia de la Natividad, Atlixco, Puebla

La denuncia de Ambrosio Guzmán

Pero para entender lo ocurrido en el INAH es necesario revisar con cuidado lo que expone la denuncia del arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez.

El día 15 de junio de 2020 el diario la Jornada de Oriente dio a conocer el contenido de una carta del delegado del Centro INAH Puebla, arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez, dirigida a la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la República, en la que señala una serie de irregularidades desde el día que entró a su cargo en el mes de enero de 2019.

Dichas anomalías, según Guzmán Álvarez, van desde la inexistencia de una entrega formal de la documentación que debe obrar en dicho centro y, en específico, lo referente al “Programa de Sismos 2017” del Centro INAH Puebla por parte del anterior, el antropólogo Víctor Hugo Valencia Valera, pasando por la corrupción de arquitectos peritos y la impericia administrativa de algunos directivos –no especifica nombres en particular–, quienes no han facilitado la reconstrucción de los 621 inmuebles afectados por los sismos del 7 y el 19 de septiembre de 2017. Y va más allá: afirma que en noviembre de 2019 el antropólogo Omar Vázquez Herrera, Coordinador Nacional de Centros INAH, le mencionó que la única manera de ingresar expedientes para ser pagados con recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) sería por la vía de Adjudicación Directa por Excepción, con fechas atrasadas, por medio de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del INAH; que no se puede continuar con la integración de expedientes porque hay 10 arquitectos peritos de la sección de monumentos que están impidiendo su avance, ya que afecta a sus intereses; y finalmente, el rezago que tiene el INAH en la liberación de licencias para la autorización de obras de intervención de los bienes muebles e inmuebles históricos, y en licencias que no debieron ser otorgadas.

La gravedad de la denuncia de Ambrosio Guzmán se subraya con la exigencia de intervención a Santiago Nieto Castillo, quien funge como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de la república, para que realice una investigación sobre el manejo de los recursos públicos destinados a la reconstrucción en Puebla, y del enriquecimiento de funcionarios del Centro INAH Puebla involucrados en los proyectos de obras. El exdelegado afirma que es notorio el hecho de que algunos arquitectos peritos se vieron beneficiados al no realizar licitaciones y otorgar adjudicaciones directas de obras de reconstrucción de bienes inmuebles dañados con los sismos.

La respuesta de Diego Prieto a Guzmán Álvarez en una conversación telefónica –dada a conocer el miércoles 17 de junio en el mismo diario–, confirma que este suceso en el interior del Centro INAH Puebla debe ser investigado a fondo por la autoridad federal:

“Las instituciones sí tienen problemas, manchas, sobre todo después que venimos de un periodo bastante inactivo y desfavorable para el país, para la administración pública federal, en donde afortunadamente el INAH no salió tan mal librado, por supuesto que tuvo sus manchas y ya sabemos el nombre, Sergio Vergara” (Berdejo), quien fue gerente del Centro Histórico y exdirector del Consejo de la Crónica en el estado.

“Por eso –le dijo Prieto a Guzmán Álvarez– no me encantan algunas notas últimas donde otra vez sale el tema de la corrupción, la corrupción no se combate con notas periodísticas, se combaten con denuncias, con pruebas, con hechos y actos de autoridad fehacientes, en donde pongamos en el banquillo de los acusados a los verdaderos corruptos.”

Entre tanto, el presidente López Obrador, de visita en Puebla, expresó que “En Puebla se invirtieron dos mil 300 millones de pesos en el 2019 atendiendo 7 mil 700 acciones. Pero no nos quedamos ahí, seguimos trabajando, este año también en Puebla se van a invertir alrededor de 2 mil millones de pesos para poder concluir en atender todas las necesidades en materia de reconstrucción”.

Las denuncias en el INAH y las responsabilidades ante la ley

De las declaraciones vertidas por el ex delegado del Centro INAH Puebla, en la carta que envió a la esposa del presidente se puede observar la existencia de responsabilidades tanto penales como administrativas llevados a cabo por los servidores públicos del Centro INAH Puebla, tanto del personal que se encontraba laborando en el año en que ocurrieron los sismos (2017) como actualmente.

RESPONSABILIDAD PENAL

Código Penal Federal

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO:

Artículo 224.- Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño.

Para efectos del párrafo anterior, se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos…

Artículo 220.- Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones:

I.- El servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte;

II.- El servidor público que valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento público, haga por sí, o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en la primera fracción.

Artículo 222. Cometen el delito de cohecho:

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II.- El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y

III.- El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite:

a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo;

b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS:

Artículo 221.- Comete el delito de tráfico de influencia:

I.- El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, y

II.- Cualquier persona que promueve la conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior.

III.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera fracción del artículo 220 de este Código.

IV.- Al particular que, sin estar autorizado legalmente para Intervenir en un negocio público, afirme tener influencia ante los servidores públicos facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios, e intervenga ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos, a cambio de obtener un beneficio para sí o para otro.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

ARTICULO 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I.- Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

IV.- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes;

V.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

VII.- Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que preste sus servicios, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba y que pudiesen implicar violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición jurídica o administrativa, a efecto de que el titular dicte las medidas que en derecho procedan, las cuales deberán ser notificadas al servidor público que emitió la orden y al interesado;

XVIII.- Denunciar por escrito ante la Secretaría o la contraloría interna, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda constituir responsabilidad administrativa en los términos de la Ley y demás disposiciones aplicables;

XXII.- Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere la fracción XI.

La señal de alerta desde la Auditoría Superior de la Federación

Empezar entonces por los hechos señalados por la Auditoría Superior de la Federación.

A lo largo de los años 2018 y 2019 muchos de estos procesos provocaron una serie de denuncias en torno al manejo de estos recursos. Ninguna de ellas se convirtió en una investigación que se conozca desde la contraloría del gobierno federal. En paralelo no existe, a la fecha, un mecanismo de información que permita conocer el estado que guarda este proceso de reconstrucción; las respuestas a las solicitudes de información a las autoridades son, como veremos, confusas y no dan cuenta del estado en que se encuentran las obras. Tuvo que ser la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien dio respuestas a las especulaciones respecto al mal manejo de los recursos empleados en la reconstrucción de los bienes patrimonio cultural de la humanidad.

En un programa presupuestario en 2017, dado a conocer por el gobierno de Enrique Peña Nieto, denominado Protección y Conservación del Patrimonio Cultural, a cargo del Instituto de Antropología e Historia Natural (INAH), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), y de la Secretaría de Cultura (SC) y sus unidades administrativas, se les otorgó diversas facultades. En específico, se le dieron atribuciones para inventariar, catalogar y registrar los bienes que conforman el patrimonio cultural; supervisar los trabajos de conservación, mantenimiento, restauración y rehabilitación de los bienes, entre otros.

Derivado de esto, la Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo una auditoría en donde determinó que los resultados de la fiscalización mostraron que los diseños normativos, programáticos y presupuestales de la estrategia que llevaron a cabo, mostraron deficiencias. En específico, en el rubro presupuestal indicaron que se registraron 1,722.59 millones de pesos para la preservación del patrimonio, pero que lo que reportaron las unidades administrativas de la Secretaría de Cultura no se relacionaba con la materia y, por ende, les fue imposible cuantificar el monto total de recursos presupuestales aplicados para tal fin.

En el documento Resultados de la Fiscalización del Proceso de Reconstrucción de los Daños ocasionados por los sismos de septiembre de 2017, a cargo de la Auditoría Superior de la Federación y publicados en el mes de febrero de este año 2020, sobre la revisión de las cuentas públicas federales 2017 y 2018, de algunas dependencias del Gobierno Federal, así como de los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala, puede apreciarse que existieron diversas anomalías derivadas de 32 auditorías llevadas a cabo en los diferentes rubros de su competencia, como: reconstrucción de viviendas, reconstrucción de unidades económicas, reconstrucción de infraestructura educativa, reconstrucción de infraestructura en salud, reconstrucción de infraestructura militar, reconstrucción de infraestructura carretera e hidráulica, atención a la población y aseguramiento agropecuario. Es importante señalar que ninguna auditoría atañe a cultura o bienes patrimonio de la humanidad.

Las anomalías señaladas consistieron, entre otras, en:

Deficiencias en la gestión gubernamental para atender las afectaciones por los sismos de 2017.

Carencia de documentación comprobatoria de recursos asignados a diversas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Se ejercieron recursos fuera del periodo de evaluación de daños y en conceptos no autorizados; no se proporcionó la documentación justificativa y/o comprobatoria, y se efectuaron pagos sobrados a contratistas.

Apoyos Parciales Inmediatos y Gastos de Reconstrucción que no fueron acreditados.

No se efectuó ningún proceso de contratación de obra pública ni se ejercieron recursos en inmuebles dañados, debido a que, no obstante que se realizaron las acciones internas para la obtención del pago de las aseguradoras, no se obtuvieron los dictámenes de las aseguradoras que indicaran los montos que cubrirían por la afectación del sismo.

Incumplimiento a la normativa en la adjudicación de los contratos por deficiencias en la investigación de mercado y la selección de los proveedores.

Se careció de las condiciones de integridad y privacidad de la información para las bases de datos de beneficiarios.

Los hallazgos en cuatro auditorías demostraron que el Estado no garantizó que los donativos fueran entregados en beneficio de la población damnificada, ya que careció de un mecanismo ágil, transparente y efectivo para la recepción, administración, control, distribución y supervisión de esos recursos, en incumplimiento de la Ley General de Protección Civil.

Se determinaron deficiencias en los procedimientos de adjudicación y en la ejecución de los trabajos de obra

Inconsistencias en la información reportada.

Determinaron deficiencias en los procedimientos de adjudicación, contratación y en la ejecución de los trabajos.

El INAH y la auditoría por venir

A finales del mes de febrero de 2020, la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la revisión de la cuenta pública 2019, ordenó realizar una auditoría al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el objetivo de fiscalizar los recursos económicos otorgados para la atención de la infraestructura afectada en el sector cultura por los sismos de septiembre de 2017. No se han presentado resultados todavía.

Es importante verificar el papel que ha llevado a cabo esta institución, específicamente en Puebla, al ser esta la entidad federativa con más inmuebles históricos religiosos dañados. El INAH es la instancia normativa y gestora de recursos financieros ante el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y la compañía aseguradora, para los procesos de recuperación, rehabilitación y reconstrucción del patrimonio cultural dañado.

La discrepancia entre inmuebles restaurados en proceso de restauración y los que se encuentran concluidos, así como las denuncias de empresas constructoras y particulares que se dedican a la construcción a las que no han sido pagados sus servicios de reparación de algún inmueble afectado, nos lleva a preguntarnos en dónde se encuentran los recursos para financiarlos. Ese es el marco desde el que se reseñan los documentos obtenidos por PCCI en torno a la reconstrucción de los templos dañados por los sismos del 2017.

Tras el terremoto del día 19 de septiembre se realizó la Declaratoria de Emergencia Extraordinaria con la que se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN). Con dicha declaratoria se otorgan recursos para atender necesidades prioritarias de la población.

Puebla es una de las entidades federativas afectadas en diversos sectores como vivienda, infraestructura hospitalaria, hidráulica, educativa, carreteras y monumentos arqueológicos, religiosos e históricos, entre otros.

El día del desastre natural se emitió el Boletín de Prensa número 313/17, en donde la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Coordinación Nacional de Protección Civil, declaró emergencia extraordinaria para los 112 municipios (de 217) afectados en el estado de Puebla.

Posteriormente, el 27 de septiembre de 2017, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Emergencia Extraordinaria en esos 112 municipios del estado, por la presencia de sismo magnitud 7.1, con epicentro a 12 km al sureste del municipio de Axochiapan, en el estado de Morelos. Con la declaratoria, se otorgan recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN), para atender necesidades prioritarias de la población.

El material fue publicado completo en:

https://pueblacontralacorrupcion.org/sismos-y-reconstruccion/