El gobierno de Puebla cerró en un día 78 negocios del Centro Histórico, por incumplir con las medidas sanitarias para prevenir la propagación de Covid-19.

Así lo anunció el titular de la Secretaría de Gobernación, David Méndez Márquez, al detallar que 76 establecimientos cerraron de forma voluntaria tras una inspección y dos se negaban, así que fueron clausurados.

En rueda de prensa matutina, precisó que el martes se revisaron 83 negocios en total y únicamente cinco cumplían con las medidas decretadas por el gobierno para poder operar.

No dio a conocer el giro de los sitios que fueron cerrados, pero refirió que suman 1 mil 219 inspecciones realizadas al mismo número de negocios en lo que va de la cuarentena.

Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta reiteró que la actividad comercial se reanudará de forma gradual hasta la tercera semana de junio, pues reiteró que el estado se encuentra “en alerta máxima” de riesgo por Covid-19.

Clausurarán basurero irregular

El mandatario también advirtió la clausura de un predio ubicado en Cuautinchán que se usa como almacén de desechos de hospitales, pero la empresa que lo opera no los incinera conforme a los protocolos de sanidad.

De esto responsabilizó a la empresa Spesa, a la que apenas el 18 de mayo le fue clausurado otro centro de acopio de residuos peligrosos ubicado en el mismo municipio, por operar sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Barbosa Huerta se atribuyó la clausura del primer establecimiento, pues aseguró que su gobierno fue el que interpuso la denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Incluso afirmó que el exdelegado de la Profepa en el estado, Mario Barrera Bojorges, fue removido por proteger a empresas contaminantes, entre ellas, Spesa.

Señalan intervención de Comuna en SSP

En la rueda de prensa Barbosa Huerta aprovechó para insistir que funcionarios del ayuntamiento de Puebla alentaron las protestas de policías realizadas el martes y este miércoles.

De nuevo responsabilizó a Lourdes Rosales Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); José Tlachi Meneses, coordinador general de Operatividad Policial y Manuel Alonso García, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal, como acusó su gobierno en un boletín anoche.

Aunque no mostró pruebas, sostuvo que videos y fotografías que acreditan el apoyo de estos personajes hacia los disidentes.

Minimizó las protestas al afirmar que fueron organizadas únicamente por 20 o 30 elementos que integran un grupo denominado “Comisión Blindada”, el cual —reprochó— “siempre se manifiesta, filtra notas a periodistas y organiza cosas”.