El TEPJF ordenó proteger la integridad de la regidora de Francisco Z. Mena, Flor Teresa Ávila Núñez, así como de su familia, por el año y medio que resta de su administración, tras acreditarse violencia política por parte del alcalde, Pascual Morales Martínez (de Morena).

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la medida a petición de la víctima, que tramitó el juicio SCM-JDC-12/2020 debido a que el TEEP ordenó la protección solo por tres meses y estos vencieron en marzo.

En sesión por internet, la Sala Regional Ciudad de México ordenó al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) extender de inmediato la protección, para lo cual deberá sesionar a la brevedad y modificar su sentencia emitida el 23 de diciembre.

Los magistrados determinaron por mayoría que era válida la demanda de protección permanente debido a las agresiones que ha sufrido la víctima y las represalias que ha padecido por denunciar. 

Esto en referencia a que el TEEP acreditó en diciembre que Ávila Núñez no había recibido su sueldo desde la primera quincena de junio, carecía de una oficina en el ayuntamiento, fue separada del cargo con una licencia que no pidió y fue objeto de burlas en internet, agresiones verbales del edil y exclusión de las sesiones de Cabildo, como amenazas y violencia física de la esposa del alcalde.

A raíz de esto el tribunal federal vio necesario que la protección persista, por ello ordenó a los magistrados poblanos sesionar de forma urgente —con las medidas sanitarias pertinentes— para instruir a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que proporcionen las medidas de seguridad por lo que resta de la administración municipal. 

Rechazan defensa de alcalde

En la sesión los magistrados del TEPJF también desecharon la defensa del alcalde Morena, Pascual Morales Martínez, quien pretendía librar las sanciones mediante su juicio electoral SCM-JE-3/2020.

La Sala Regional declaró infundados los argumentos del edil, quien afirmaba que las acusaciones en su contra se debían a que no cedió a intentos de extorsión y chantajes de la regidora.

El tribunal federal rechazó sus agravios y confirmó que incurrió en violencia política de género, por lo que deberá pagar los salarios retenidos y una reparación por daño moral, así como emitir una disculpa pública y acudir a cursos de sensibilización. 

Congreso resolverá suspensión o revocación de mandato 

En su recurso la regidora también demandó sancionar a Morales Martínez con la suspensión o incluso revocación del cargo, pero el TEPJF precisó que esto solo puede realizarlo el Congreso del estado.

En la sentencia de la Sala Regional se destaca que el Poder Legislativo ya tiene la instrucción del TEEP de aplicar sanciones, sin embargo, no se urgió a que las imponga, a pesar de que los diputados (con mayoría de Morena) hasta ahora no han castigado la conducta de alcalde de su partido.